El Gobierno ha demostrado una innegable habilidad para mover la raya de lo tolerable en democracia varios metros más allá de su posición anterior en todas las ocasiones en las que los medios hemos publicado una nueva revelación comprometedora para Pedro Sánchez, su entorno más cercano o los miembros de su Gobierno. 

Ocurrió con la imputación de José Luis Ábalos, que fue amortizada por el PSOE como prueba de su presunta intolerancia con la corrupción tras la expulsión del partido del ex número dos de Pedro Sánchez en el Gobierno y en Ferraz. 

Ocurrió con la foto de Víctor de Aldama y Pedro Sánchez, que fue de nuevo ninguneada por el PSOE con el argumento de que el presidente se hace fotos con cientos de simpatizantes y admiradores a los que no conoce de nada.

Como si esos simpatizantes y admiradores tuvieran todos acceso a la zona reservada de los eventos del PSOE donde Koldo García hizo la foto del presidente con Aldama. 

Y ha ocurrido de nuevo con la declaración de Víctor de Aldama frente al juez, que el propio Sánchez ridiculizó este jueves con la expresión "menuda inventada". 

EL ESPAÑOL publica hoy una información de una innegable trascendencia. Carlos Moreno, el jefe de gabinete de María Jesús Montero, se reunió con Koldo García en varias ocasiones fuera de sus respectivos lugares de trabajo. Una de esas ocasiones parece corrobar lo manifestado por Aldama frente al juez en este punto en concreto. 

La noticia es importante porque el nombre de Carlos Moreno no había aparecido hasta ahora en ninguna de las tramas investigadas por la justicia y por los medios de prensa, y porque la compatibilidad de esas reuniones con el relato de Aldama frente al juez otorga un plus de credibilidad al resto de su declaración. 

Es decir, Aldama dio un dato nuevo frente al juez y ese dato ha resultado ser cierto.

Pero lo cierto es que ni siquiera sería necesario que el resto de la declaración de Aldama fuera cierta o siquiera verosímil para que el presidente se viera obligado a asumir sus responsabilidades políticas. Porque basta con las revelaciones sobre José Luis Ábalos, cuya verosimilitud en ningún momento ha negado el PSOE, para que el presidente asuma su innegable responsabilidad política y dimita de su cargo. 

¿Cómo si no se explica la disparidad entre la reacción del Gobierno con Ábalos tras conocer los indicios de corrupción de su mano derecha Koldo García y su reacción frente a esos mismos indicios en el caso del propio ex ministro de Fomento?

Dicho de otra manera, ¿por qué José Luis Ábalos debe asumir su responsabilidad política por la corrupción de su número dos, Koldo García, y Pedro Sánchez no debe en cambio asumir la suya por la corrupción de su propio número dos, José Luis Ábalos? 

De hecho, la responsabilidad de Pedro Sánchez es todavía mayor que la de Ábalos respecto a Koldo dado que este era sólo un cargo de segundo nivel en el entramado del Gobierno. Pero Ábalos era el número dos de Sánchez en el Gobierno y en el PSOE, además de la persona que le llevó desde la oposición a la Moncloa gracias a una moción de censura que se justificó con el argumento de la corrupción del PP. 

Todo lo revelado por Aldama sobre Ábalos ha quedado corroborado por la UCO, por la auditoría de Óscar Puente en el Ministerio de Transportes y por las informaciones periodísticas publicadas a lo largo de las últimas semanas. 

¿Pretende el presidente que nos olvidemos de que José Luis Ábalos ha sido su colaborador más cercano y estrecho a lo largo de su presidencia, e incluso durante los años previos a su llegada al poder, atrincherándose en el pretexto de que su Consejo de Ministros "actual" no está manchado?

¿Es que acaso no era él el "número uno" del Gobierno precedente, en cuyo seno brotó una trama corrupta tan burda como desacomplejada y de la que sólo estamos atisbando los primeros indicios?  

La posición de Pedro Sánchez no mejora con el paso de las horas y la aparición de nuevos indicios que reman en favor de la verosimilitud de la declaración de Aldama hacen que su permanencia en la presidencia del Gobierno sea cada vez menos justificable desde el punto de vista de la higiene democrática.