Resulta inaudito que, habiendo convocado un nuevo concurso el pasado 17 de diciembre para la cobertura sanitaria de Muface, después de que la licitación de noviembre quedara desierta, el Gobierno siga sin conseguir que las aseguradoras acepten su propuesta.

SegurCaixa Adeslas ha confirmado finalmente este viernes que no se presentará al próximo concierto de la mutualidad, dado que las condiciones de la nueva licitación supondrían para la empresa unas pérdidas estimadas de 250 millones de euros.

Adeslas es la aseguradora que presta atención sanitaria a un mayor número de mutualistas (el 34%), por lo que su salida de Muface infligiría un menoscabo notable al Sistema Nacional de Salud. De los 1,5 millones de funcionarios que están en el alambre ante el bloqueo del concierto, 500.000 tendrán que decidir entre pasar a Asisa o a la Sanidad pública. Una cifra que podría ser mayor si, finalmente, DKV no se presenta (como todo apunta). 

El plantón de Adeslas a Muface es el broche a la incapacidad de la Administración para proponer a las aseguradoras un planteamiento lo suficientemente atractivo como para que les resulte rentable permanecer en la mutualidad. Y certifica el error de empecinarse en que la licitación sea a tres años, en lugar de a dos, como proponían.

El fracaso para sacar adelante el convenio de Muface es atribuible principalmente al Ministerio de Óscar López, que ha demostrado una dejadez impropia. Algo que podría salirle caro electoralmente al futuro candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, pues estarían en juego del orden de 200.000 votos de los mutualistas desairados.

No se han atendido las demandas de las aseguradoras durante los últimos años, que han venido advirtiendo de que el envejecimiento de la población asegurada y el aumento del gasto sanitario comprometían financieramente el sistema de la mutualidad.

Sólo una vez que las aseguradoras se han plantado y negado a renovar el concurso, el Gobierno ha atendido parcialmente sus demandas en la segunda licitación. Pero tampoco lo suficiente.

Con la nueva dotación, las primas subirían un 33,5%. Muy por debajo de lo que las aseguradoras han reclamado desde el inicio de la negociación con el Gobierno, cuando cifraron en un 40% el incremento que sería necesario para salir de la situación de pérdidas en la que se encuentran.

Es cierto que en el seno del Gobierno cohabitan distintas posturas sobre la continuidad de Muface. La cuota de Sumar aboga por dejar caer las mutualidades de funcionarios con seguros privados, y es razonable que se resistan a mejorar la cuantía de las cuotas.

Pero aun cuando el Gobierno realmente se plantease poner fin a la dualidad de elección sanitaria de los trabajadores públicos, no se libraría del reproche de la imprevisión. Porque entonces tendrían que haber contemplado un plan para la incorporación gradual al sistema público de quienes pierdan la cobertura privada, en lugar de someter a la estructura sanitaria a un estrés tan súbito.

Por no hablar de que los datos contradicen la afirmación del secretario de Estado de Sanidad en el V Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL, cuando aseguró que el sistema público podría absorber a los mutualistas de Muface "con la financiación adecuada".  

En un momento en que las listas de espera son las más altas de la historia, trasladar a los beneficiarios de Muface a la sanidad pública supondría un incremento del 266% de las listas de consultas externas y del 115% para una intervención quirúrgica. La infraestructura pública necesitaría además casi 4.000 camas adicionales.

El Gobierno aún está tiempo de salvar un modelo de atención mutualista que ahorra al sistema público alrededor de 1.186 millones de euros, un impacto económico que este sería incapaz de absorber. Si Óscar López deja caer Muface, los ya acuciantes problemas de la Sanidad pública se agravarán sustancialmente, y la sostenibilidad del conjunto del Sistema Nacional de Salud se verá amenazada.