Desde hace tiempo en el PP son muchos los que vienen reclamando un sistema más democrático para designar a los cargos partidistas e institucionales. Más, cuando es la única fuerza política de ámbito nacional que no ha establecido ningún procedimiento participativo para que los militantes puedan seleccionar a sus dirigentes y líderes, mientras que en Podemos y PSOE ya existen primarias abiertas y en C's e IU primarias cerradas. Por cierto, la única diferencia entre ambos reside en quién puede participar en el proceso, en el primero todos los ciudadanos y en el segundo únicamente los militantes y los simpatizantes. Aunque los dos permiten una mayor inclusión de los militantes en la toma de decisiones.

No obstante, es cierto, que los populares modificaron sus estatutos en el Congreso Nacional del 2008 para intentar cambiar esa imagen de centralismo que parece predominar en el partido. Se estableció un mecanismo más abierto para presentar candidaturas a la presidencia del partido. Desde entonces cualquier militante puede postularse, siempre que cuente con el aval de 100 militantes, aunque sólo son proclamados candidatos aquellos que obtienen el voto del 20% de los compromisarios. Ahora, incluso, se ha dado un paso más allá, y se ha intentado solventar el debate de primarias con un sistema de doble vuelta donde la última palabra la siguen teniendo los compromisarios en el Congreso Nacional. Con esta innovación, la dirección del PP ha buscado satisfacer a quienes quieren un sistema de primarias pero sin romper por ello con su filosofía de elección de cargos.

Son las propias sedes locales las que deciden quiénes asistirán al congreso y sólo a ellos les dan los recursos necesarios

Un proceso que, sin embargo, parece insuficiente. Dado que de todos es conocido que los congresos no son un ejemplo de democracia, puesto que los mecanismos para la elección de compromisarios, la presentación y defensa de las enmiendas, etc, garantizan un control casi absoluto del aparato sobre el máximo foro de debate del partido. Es lo que se ha denominado centralismo democrático, que no es otra cosa que el sometimiento de la minoría a la mayoría.

Es cierto, que en el PP la selección de los compromisarios se realiza mediante un procedimiento de presentación de candidaturas individuales en listas abiertas. Cosa a priori que debería asegurar la libre elección y la independencia de las personas que acuden a la cita congresual. Pero la práctica es otra muy diferente, puesto que, normalmente, en la mayoría de las sedes locales o municipales se tienen, prácticamente, decidido quienes son las personas que van asistir al congreso en su representación, y son a ellas a quienes se les proporciona todos los medios y los recursos para que resulten elegidas. Cosa que tampoco resulta difícil cuando sólo, por ejemplo, el 1% de los 97.000 afiliados de Madrid han ejercido su derecho al voto.

Ni muchos militantes ni los afiliados críticos pueden influir en los contenidos o en la organización del congreso popular

Otra cuestión a tener en cuenta es la distribución de los compromisarios. Ésta se realiza en función del porcentaje de afiliación y de votos obtenidos en las elecciones inmediatamente anteriores, en una proporción de 75% y 25%, respectivamente. Aunque en principio esta norma se cumpla a rajatabla el sistema podría verse manipulado, dado que los censos se encuentran sobredimensionados con un gran número de militantes que no cumple con las obligaciones que adquirieron al ingresar en el partido, como el pago de la cuota. Falta que los estatutos tipifican con la pérdida de la condición de afiliado, aunque nunca suele sancionarse. Solo bastaría con depurar los censos de militantes de aquellas organizaciones que pudieran manifestar desavenencias con la dirección del partido, y sin que tenga que mediar ninguna explicación previa.

Pero también puede mermar el carácter democrático de los congresos, el hecho de que la convocatoria de los mismos y la designación de las personas que van a elaborar las ponencias y conformar la Comisión Organizadora recaiga en la dirección del partido, o que las ponencias solo sean remitidas a los órganos de dirección territoriales. Esto supone, por ejemplo, que los afiliados críticos no tengan capacidad para influir ni sobre la organización ni sobre los contenidos del congreso, pero también que una buena parte de los militantes, ante el desconocimiento que poseen de las propuestas de las ponencias, no puedan presentar enmiendas, salvo que acudan a consultarlas a la sede del partido.

El temor de dar el poder a los afiliados impide a la dirección nacional implantar un sistema que les devolvería muchos apoyos

Además, si esto no fuera suficiente, también hay que señalar que no todas las enmiendas son asumidas por las respectivas Juntas Locales, con lo cual muchas de ellas quedan en el olvido. Incluso, cuando llegan a ser presentadas, tiene que ser aceptadas por el presidente de la Comisión, y si no para ser defendidas en el plenario del congreso tienen que lograr el apoyo del 30% de los compromisarios. Siendo ésta una barrera casi infranqueable para cualquier militante de base, más cuando el voto se efectúa a mano alzada.

La única voz que, hasta el momento, parece haberse alzado para intentar romper, al menos, con parte de la inercia imperante ha sido la presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. La cual ha decidido presentar, como respuesta a su compromiso de regeneración democrática, una enmienda a la Ponencia Política y de Estatutos denominada “elección directa del presidente”. La misma consiste en que el proceso de doble vuelta que está impulsando por la dirección nacional sea verdaderamente un proceso participativo, y para ello quiere que sean los afiliados y no los compromisarios los que en la segunda ronda decidan con su voto quién será el presidente del partido.

Se trata, en definitiva, de devolver el protagonismo a los afiliados, elemento clave para revitalizar el PP. El problema es que, ante el temor que les supone un sistema como éste, la dirección nacional del partido parece estar dispuesta a dejar pasar esta oportunidad para impulsar una mayor democracia interna, que sin duda, ayudaría a recuperar algunos de los apoyos perdidos. Además, el resultado obtenido en la única ocasión en la que el partido ha puesto en marcha un proceso participativo, la implantación en 1982 de listas abiertas para designar a los miembros de la ejecutiva nacional, no les anima hacer muchos experimentos.

*** Gema Sánchez Medero es profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid.