El ahorro de los españoles en vivienda vuelve a ser protagonista después de un riguroso ajuste de valoraciones en los últimos años fruto del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Precisamente, con base en los últimos datos publicados por el Banco de España en la edición de cierre de 2016 de su Balance Financiero de las Familias, estimamos que el 50,5% de la riqueza total de la familia media española -edad del cabeza de familia entre los 45 y los 54 años- está materializada en su primera vivienda y el 24,62% lo está en la segunda vivienda u otros activos inmobiliarios.

En este sentido, la vivienda es en España no sólo un activo donde mayoritariamente depositan las familias el ahorro de toda una vida sino que además es un bien de primera necesidad. Por ello, es más que preocupante el crecimiento del número de ataques contra la propiedad privada en las viviendas de diferentes formas, siendo una de las más importantes la denominada okupación.

Los okupas no son evidentemente un fenómeno nuevo. Lo que sí está sucediendo es un incremento inusitado en las grandes capitales españolas al amparo de los gobiernos municipales que no sólo la permiten, sino que además simpatizan con grupos de personas -por lo general, perfectamente organizadas- que asaltan viviendas aprovechando situaciones de dejadez, descuidos de la propiedad o el encarecimiento de los precios del alquiler en los centros de las ciudades.

El coste de la okupación en Madrid y Barcelona asciende en términos agregados a más de 21 millones de euros al año

Con este caldo de cultivo, los agentes políticos y sociales plantean soluciones erróneas que lejos de arreglar el problema lo agravan aún más. El remedio puede ser peor que la enfermedad y, precisamente para que esto no ocurra, es necesario identificar correctamente qué está sucediendo y cómo establecer soluciones de mercado que concilien tanto la propiedad privada como el derecho a la vivienda que consagra la Constitución española.

A este respecto, un primer esfuerzo es realizar una estimación del coste generado por los okupas sobre el mercado inmobiliario. Centrando el cálculo en Madrid y Barcelona -que además son las ciudades más afectadas a nivel nacional- observamos cómo en términos agregados el coste asciende a más de 21 millones de euros anuales en forma de rentas que dejan de generar los propietarios por tener su casa invadida -tomando como referencia una vivienda de 70 metros cuadrados-. Incluso a pesar de que hay barrios donde más se concentran este tipo de prácticas, el coste se extiende al resto de los distritos, constituyendo así un problema básico de inseguridad jurídica.

Si no se respeta la propiedad, ¿cómo va a invertir y generar riqueza una persona que quiera comprar un inmueble? En este sentido, los afectados sufren unas pérdidas que desincentivan cualquier empleo de recursos en rehabilitación y mejoras de las viviendas al pesar sobre ellos el riesgo de sufrir una okupación. Esto perjudicaría a los distritos donde se necesita un mayor esfuerzo por modernizar sus instalaciones y mejorar sus condiciones de vida.

El fenómeno de la okupación se coloca como uno de los factores clave que explican el encarecimiento del precio del alquiler

Por otro lado, estas cifras también se traducen en un sobrecoste del alquiler de media de 7,58 euros metro cuadrado en Madrid y 15,04 euros metro cuadrado en Barcelona. Es sencillo inferir que en aquellos barrios donde hay una mayor probabilidad de que unos okupas allanen una propiedad, mayor será el precio del alquiler. De esta manera el arrendador cubrirá parte del riesgo en caso de que el inquilino decida no pagar sus mensualidades y se quede en la casa como okupa. O también en el caso de que llegue un desconocido para el propietario y se convierta en okupa.

De esta forma, el fenómeno de la okupación se coloca como uno de los factores clave que explican el encarecimiento de los precios del alquiler en la mayor parte de los barrios de las capitales. No es tanto un problema de oferta sino de inseguridad jurídica, más aún en un mercado del alquiler como el español donde la economía sumergida es la norma más que la excepción.

En suma, soluciones como la de establecer un control de precios sobre el alquiler (muy parecida a la que planteaba Ed Miliband en Reino Unido en plena burbuja inmobiliaria), la imposición de sanciones por tener pisos vacíos o la cesión obligatoria de viviendas con supuestos fines sociales, suponen dar una medicina equivocada a un enfermo mal diagnosticado, siendo medidas que incentivan fuertemente la economía sumergida y perjudican a los ahorradores más vulnerables, incluyendo a los bancos y al SAREB, donde nos estamos jugando miles de millones de dinero público.

*** Javier Santacruz Cano es jefe de investigación del Think Tank Civismo.