Reforma electoral: de la demoscopia a la representación política

Se atribuye a Goebbels, ministro de propaganda nazi, la siguiente frase: “Cuando oigo hablar de cultura, saco mi pistola”. Una amenaza y una actitud totalitaria. Los líderes políticos españoles, en el ámbito electoral, cada vez que oyen hablar de reforma electoral, “sacan la calculadora”. Priman el cálculo, el resultado, a la representación. Así es como se elaboró la primera ley electoral en 1977 (LOREG) que continua vigente a día de hoy. Desde la década de los ochenta hay una amplia bibliografía sobre la deficiente democracia española derivada de la reducida representación.

En 2012, el informe sobre política institucional, realizado por Transparencia Internacional, señaló como principal insuficiencia del sistema político español que “el marco institucional de la democracia española prima la búsqueda de la gobernabilidad sobre la garantía de la representatividad, aunque en la práctica eso no garantiza que los gobiernos sean eficaces”.

Bastaría el Eurobarómetro de 2015 para conmover a la clase política: somos el último país de Europa en confianza en nuestro Parlamento. España es el número 28 de 28 países europeos encuestados, con un 80% de ciudadanos que no confían en el Congreso ni en la clase política. El 10% no sabe, no contesta y solo un 10% confía en nuestro Parlamento.

Los dirigentes políticos españoles gastan sumas enormes de los contribuyentes en sondeos públicos y privados sobre número, evolución y cálculo de votos. Pero no estudian ni leen los sondeos europeos que no les gustan. Ni siquiera los miran porque no traen sondeos de intención de voto o escaños; son estudios cualitativos y comparativos en los que no hace falta calculadora.

Dos años después, la evolución de la opinión de los españoles sobre los políticos ha ido a peor. El Eurobarómetro de diciembre 2017 señala que el 89% de los españoles tienden a no confiar en los partidos políticos frente a un 8% que sí tiende a confiar y un 3% que no contesta.

Los políticos españoles, en su inmensa mayoría, en lugar de preguntarse qué está pasando en la presente crisis política lo que les preocupa es la calculadora, les inquieta la mayor o menor “proporcionalidad” o el descompensado valor del voto rural sobre el urbano. No se plantean (o prefieren no plantearse) algo tan elemental como la razón de la desafección política.

Mi tesis es que, como expresó el movimiento de indignados en 2011, muchos españoles creen que los diputados “no nos representan”. Nadie sabe quién es el diputado número dos o tres del partido que han votado por Madrid o Valencia o de cualquier provincia con más de cuatro o cinco diputados. Por ello, las elecciones se convierten en una suerte de plebiscito sobre unas siglas o un candidato a presidente de gobierno. De ahí a la partitocracia sólo hay un paso, un camino y una meta que en España se viene recorriendo y perfeccionando desde 1977.

En las inminentes reuniones de la Subcomisión para la reforma electoral del Congreso de los Diputados me permito sugerir que si los expertos y diputados se limitan a considerar la mayor “proporcionalidad” y equiparación del valor del voto de todos los ciudadanos será una oportunidad perdida. Hay que decir, sin ambages, que la actual LOREG y la circunscripción provincial es el instrumento que todos los presidentes del gobierno español han utilizado para la construcción del Estado de partidos. Nuestra partitocracia es la que explica nuestro vergonzoso último puesto, el número 28 de 28, en desafección de los electores al parlamento y a los políticos.

El falaz argumento de que la alta participación en las elecciones expresa una conformidad con el sistema actual, oculta que los ciudadanos vamos a las urnas impelidos por la fuerza de evitar el mal mayor, no por considerar que se esté produciendo ninguna representación efectiva.

¿Qué es una representación efectiva? Muy sencillo, un distrito de 80.000 o 100.000 ciudadanos a los que se debe el diputado, no al jefe de partido que lo ha puesto en una lista. Con la LOREG y el Reglamento del Congreso el jefe del partido consigue hacer del diputado un empleado a sus órdenes, con lo que no se produce un control del legislativo sobre el ejecutivo sino justo lo contrario.

La LOREG cumplió sus objetivos de gobernabilidad a costa de la representación de los electores y en favor del poder de las cúpulas de los partidos gobernantes, en la Nación y en las autonomías. Es muy revelador que en el lugar donde la partitocracia es más intensa (Cataluña), los partidos nacionalistas-separatistas no han querido cambiar la ley electoral: de este modo, con menos votos tienen más escaños y han podido influir en el gobierno de la Nación hasta el punto de hacernos cambiar el idioma español, en la enseñanza, en el uso diario y en los mapas: La Coruña por A Coruña, Lérida por Lleida, San Sebastián por Donostia. Por si fuera poco, la cúpula del partido se hace tan poderosa y pétrea que hasta Puigdemont convoca a sus diputados en Bélgica.

El esperpéntico y ridículo de los separatistas catalanes en Bruselas se une al conocimiento europeo de nuestra valoración política en los sucesivos Eurobarómetros. Por ello, nuestro prestigio político internacional, con la excepción de S. M. el Rey, es manifiestamente mejorable.

La elaboración de las listas electorales y la LOREG con la circunscripción provincial han derivado en una enorme concentración del poder de las cúpulas o minaretes de los partidos. Si la solución alternativa es atribuirnos a los españoles el derecho a la representación, la pregunta pertinente es: ¿cómo cambiamos el modelo? Primero, hay que guardar la calculadora. Después, aprender de la experiencia y de nuestros vecinos.

Tanto el sistema francés a doble vuelta, como el inglés, de distrito uninominal mayoritario, como el sistema mixto alemán (un voto por diputado de distrito y otro voto a un diputado, en distrito nacional) son mucho mejores que el nuestro y de los que se puede aprender y copiar sin miedo a que nos pidan derechos de autor.

Redactar una nueva ley electoral es un trabajo complejo pero no imposible. Requiere el acuerdo de los principales partidos que deben tener como horizonte el objetivo de la representatividad y de la recuperación de la confianza política de los ciudadanos. Además, se trata de evitar que el 80% de los españoles seamos rehenes del 20% ciento de nacionalistas de todas las regiones y que sometan (a cambio de la gobernabilidad del partido en minoría) el uso del idioma español en la enseñanza, en los mapas o en la denominación “estatal” de nuestras instituciones y organismos nacionales (ejemplo: la Agencia “estatal” de meteorología; debe de ser por el tiempo que hace en los ministerios...).

Ni las listas abiertas ni una mayor proporcionalidad electoral mejorarán el régimen del 78. Si a un enfermo aplicamos una terapia inadecuada, empeorará. La opción es si continuamos con la calculadora demoscópica o por fin hay alguien que piensa en términos de poner fin a la LOREG, posibilitar la representación y dar el primer paso para ir desmontado el Estado de partidos tan cuidadosamente preservado y explotado por los presidentes del gobierno de la Nación y por los nacionalistas.

*** Guillermo Gortázar es historiador y abogado. Su último libro es 'El salón de los encuentros. Una contribución al debate político del siglo XXI'. (Unión Editorial. Madrid, 2016).