El 'caso Cifuentes': lo importante no es el máster

Hace dos semanas salió a la luz la noticia de que Cristina Cifuentes había mentido en su currículum. Desde entonces, los medios de comunicación, audiovisuales y escritos, se hacen eco todos los días de un nuevo episodio de la polémica del máster de la presidenta madrileña. Tampoco es de extrañar que así sea, ante la gravedad de unas acusaciones que incluyen la falsedad de documento público.

Hasta ahora, seguimos sin saber a ciencia cierta si se modificaron las notas del máster, si Cifuentes asistió a clase, si entregó y defendió su trabajo final, si se matriculó tres meses tarde... De lo que no cabe duda es de que el caso presenta muchos interrogantes. Por ejemplo, las actas de las notas no pueden encontrarse en posesión de los alumnos, principalmente porque en ningún caso se facilitan a los interesados, ni tan siquiera una copia, dado que los documentos públicos son custodiados por la facultad responsable del curso.

También resulta difícil de creer que la presidenta madrileña pudiera acudir a la defensa de la tesina cuando se supone que, casi al mismo tiempo, se encontraba en un acto de inauguración en la localidad de Aranjuez.

En cambio, el argumento de la matriculación fuera de tiempo sí es creíble, ya que algunos alumnos, por inconvenientes de diversa índole, comienzan los cursos con retraso: no es una excepcionalidad, es más habitual de lo que la gente piensa.

El problema es que Cristina Cifuentes, en su primera declaración pública tras la divulgación de las supuestas irregularidades en su expediente académico, no fue capaz de atar todos los cabos sueltos, más bien al contrario. Las explicaciones llegaron tarde y la falta de concreción de la anunciada querella contra los responsables de la información de las irregularidades no ha hecho más que calentar el ambiente, tensando el acuerdo al que llegaron el PP y Ciudadanos para garantizar la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid.

No se obvie que en dicho pacto de investidura se recogía el siguiente punto: “Separación de cualquier cargo público a aquella persona que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su calificación profesional o académica”. Con lo cual, si en su comparecencia ante la Asamblea regional Cristina Cifuentes no logra presentar este miércoles las pruebas suficientes para desmentir la información de que hubo fraude en su máster, puede que su gobierno tenga los días contados.

La presidenta madrileña se encuentra así ante un examen político de primer orden justo a un año de las elecciones de 2019. Por lo pronto, este episodio prácticamente la descarta de la carrera por la sucesión de Mariano Rajoy. Su caso recuerda al del ministro Karl Theodor zu Guttemberg, que tuvo que dimitir de su cargo en 2011 por las acusaciones de plagio del 20% de su tesis doctoral, cuando dos semanas antes las encuestas de opinión le situaban como el político más valorado de Alemania. También Cifuentes goza de una alta popularidad en Madrid, por encima de la marca del partido, lo que la situaba junto a Alberto Núñez Feijóo, Ana Pastor o Soraya Sáenz de Santamaría entre los posibles recambios de Rajoy.

Resulta extraño que el partido aún no haya escenificado un apoyo público más rotundo a quien es uno de sus máximos baluartes electorales, más aún cuando entre los dirigentes populares existe una profunda preocupación ante lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2019.

El PP necesita que Cifuentes aguante porque en estos momentos no hay plan B ni alternativa a su candidatura para las autonómicas. Además, si la oposición consiguiera cobrarse su cabeza podrían saltar de nuevo por los aires los equilibrios del PP de Madrid, más aún cuando el liderazgo de Cifuentes es una apuesta personal de Rajoy para acabar con el aguirrismo en la región.

De cualquier forma, parece claro que el caso del máster va a pasarle factura a Cifuentes aun en el caso de que supere esta crisis y mantenga el timón. La sombra de la duda siempre le perseguirá, minando su credibilidad. Y tanto la investigación que ha abierto la Conferencia de Rectores como el proceso de resolución de las denuncias presentadas ante la Fiscalía Provincial de Madrid por varias asociaciones de estudiantes prometen alargar el caso en el tiempo.

El asunto parece haber reabierto además las viejas heridas existentes entre la plana mayor del PP: mientras María Dolores de Cospedal se posicionó rápidamente del lado de Cristina Cifuentes, llama la atención el prolongado silencio de Soraya Sáenz de Santamaría, más aún cuando en el entorno de la presidenta madrileña se habla de la posible filtración de información desde dentro del propio partido. Quizás lo mejor que puede hacer Rajoy es cerrar la crisis interna haciéndose él a un lado y designando sucesor, por mucho que en el PP se hable ahora de pseudoprimarias internas.

*** Gema Sánchez Medero es profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid.