El grito unánime de un poder del Estado

Ayer fue el día. Por fin los jueces y fiscales de España nos pusimos en huelga. Lo cierto es que parecíamos el cuento de El pastor mentiroso”: “Ministro, que nos vamos a poner en huelga”, “ministro, que nos convoquéis la mesa de retribuciones...", “ministro…”. A diferencia del cuento, nosotros nunca mentimos (por no mentir, no damos ni siquiera datos inflados de participación, tan naíf es nuestra experiencia sindical). Cuando los jueces y fiscales decimos que no tenemos medios suficientes para luchar contra la corrupción; que hay espacios de impunidad por culpa de la ocurrencia ministerial del artículo 324 Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita a seis meses la instrucción de los delitos; que no podemos celebrar un divorcio que afecta a menores antes de ocho meses; que tardamos una hora más en poner una sentencia porque los documentos 'digitalizados' (si por digitalización se entiende un escaneado a bulto) no están indexados; que no podemos atender el despido de alguien hasta el año que viene; o que las víctimas de agresiones sexuales no cuentan con el tratamiento especial que la Ley del Estatuto de la Víctima regula estamos diciendo la verdad.

A diferencia del pastor del cuento, amagábamos con huelga sin llegar a plantearla por puro ejercicio de responsabilidad. Somos, los jueces y fiscales, un colectivo tan responsable, tan institucional, que dudamos de tener el derecho que la ley le reconoce a todo aquel que tiene una relación de subordinación económica a la hora de desempeñar un empleo. Pero ayer más de un 65% de los jueces y más de un 51% de los fiscales no dudamos e hicimos huelga.

Ayer, por fin, vino el lobo. Un lobo que llevaba dormido décadas. Un lobo que arrasó los Juzgados de España dejándolos vacíos con sus goteras, sus ratas, sus expedientes apilados y los miles de funcionarios de la Administración de Justicia que, desafiando las leyes de prevención de riesgos laborales con la complicidad de las inspecciones de trabajo de muchas administraciones autonómicas, desarrollan a diario su labor.

Ayer, por fin, un colectivo cuya función consiste en garantizar los derechos de los ciudadanos, plantó cara al desprecio del Poder Ejecutivo, el ninguneo del Poder Legislativo y el silencio del Consejo General del Poder Judicial.

Pese al intento del Ministerio de Justicia de silenciar los datos oficiales con llamadas a los secretarios de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia dando instrucciones de no recabar detalles de suspensiones de juicios ni seguimiento de jueces, la contundencia y rotundidad de las cifras manejadas tanto por el comité de huelga como por los presidentes de los TSJ no puede ser ignorada. 3.537 jueces y magistrados y 1.297 fiscales se han cansado de reuniones en el Ministerio de Justicia las que la respuesta ha sido “proponed algo y lo debatimos en la siguiente reunión”, y en la reunión siguiente decir “se estudiará vuestra propuesta” o “no hemos entendido la propuesta” o “eso no lo aceptará Hacienda”… y así sucesivamente. Como el mito de Sísifo, llevamos sobre nuestras espaldas una piedra cada vez más grande que cae rodando cada mes en la cumbre del Ministerio.

Los jueces y fiscales sentimos que el Estado ha sido desleal con el Poder Judicial. Desde que en 2010 José Luis Rodríguez Zapatero a causa de la crisis nos recortase los sueldos más que a nadie de la función pública (hasta un 9,73%) hemos recibido a cambio un 50% más de demandas de reclamación de cantidad, ejecuciones hipotecarias, preferentes, subordinadas, nulidad de adquisición de acciones de la OPS de Bankia, desahucios, divorcios, ERE, despidos por causas económicas, concursos de acreedores e infinitas causas de corrupción. Todo eso sin crear un solo Juzgado ni plazas de jueces y fiscales en seis años. Sin convocar oposiciones o convocando un número irrisorio de plazas. Sin mejora de las condiciones profesionales. Una vez acabada la crisis, resulta que termina para todos, menos para nosotros. Hemos visto cómo el dinero que nos deben se invierte en una digitalización no ya inútil sino profundamente disfuncional, hasta el punto de que los Juzgados se han convertido en las impresoras de España, gastando más papel que nunca.

No solo no hemos visto recompensado nuestro sacrificio económico y personal sino que, además, sufrimos cada vez más frecuentes y virulentos ataques a nuestra independencia desde los otros poderes del Estado. Y el Consejo General del Poder Judicial lo consiente. Un CGPJ elegido por los políticos que se ha convertido en un ente sin presencia, salvo para azuzar a los jueces con informes de inspección o adscripciones forzosas. O para utilizar a una promoción entera de nuevos jueces como apagafuegos con salario de risa. Que ni nos defiende ni hace nada por mejorar ninguna de nuestras condiciones profesionales.

Es tan extenso el listado de agravios que me faltaría periódico para expresar todos y cada uno de los motivos por los que ayer colgamos la toga. Esa toga que nos pagamos y limpiamos en la tintorería con nuestro propio dinero porque, ni eso, el “uniforme de trabajo”, nos lo paga el Estado.

En un día como éste, después de meses de negociaciones, después de las últimas semanas de un trabajo no pagado, que restamos a nuestras familias quienes tenemos la ocurrencia de implicarnos en las asociaciones judiciales y fiscales, me siento orgullosa de todos los compañeros que han demostrado querer una Justicia del siglo XXI. Me siento orgullosa especialmente del apoyo del Consejo Fiscal o de los 31 magistrados del Tribunal Supremo que, pese a su posición privilegiada en la escala judicial, saben lo que padecemos el resto. Me siento orgullosa de nuestra independencia, de nuestro compromiso y de nuestra responsabilidad para con el Estado de Derecho. Esperemos que el Estado sepa estar a la altura de sus jueces y fiscales.

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Natalia Velilla Antolín, magistrada, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria