Un Parlamento ni representativo ni legítimo

El 26 de junio de 2016 se celebraron elecciones legislativas en España, dando por resultado un Parlamento dotado de legitimidad de origen, y que representaba el sentir de la mayoría de los españoles, pues la participación alcanzó el 66,48% del electorado. Sin embargo, casi dos años después las dos Cámaras que lo integran -Congreso y Senado- difícilmente pueden considerarse legítimas y tampoco parecen representar el sentir de los españoles. ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta está en los dos acontecimientos centrales que han marcado el último año de la vida política española.

El primero, el desafío secesionista de los independentistas catalanes que tuvo su momento álgido en los sucesos de octubre de 2017; culminados con la declaración unilateral de independencia del día 10. El Gobierno respondió entonces con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Este proceso ilegal fue encabezado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al frente de un Ejecutivo autonómico formado por miembros de su propio partido, el PDeCAT, y de ERC, y recibió el apoyo activo de los representantes de ambas formaciones políticas en el Congreso de los Diputados -nueve de ERC y ocho del PDeCAT- y en el Senado -doce de ERC y cuatro del PDeCAT-. Al tomar esta decisión, dichos diputados y senadores quedaron inhabilitados políticamente para ejercer su función.

Se podía argumentar, en contra de esta tesis, que sus votantes eran independentistas y, en consecuencia, obedecieron su mandato al apoyar el movimiento secesionista catalán. Sin embargo, esa tesis queda inhabilitada por el contenido del artículo 67.2 de la Constitución, que establece que “los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”, y sobre todo por el Artículo 66. 1., que afirma: “Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado”.

Por tanto, y en el caso concreto de los nueve diputados del PDeCAT y de los ocho de ERC, al haber amparado y apoyado un proceso ilegal cuyo objetivo era la destrucción de la Constitución, quedaron ilegitimados para ejercer sus funciones en el Congreso de los Diputados. Esta ilegitimidad de ejercicio les inhabilitaba para participar en la reciente moción de censura. Sin embargo, sus votos resultaron decisivos para que Pedro Sánchez se convirtiese en presidente del Gobierno.

El segundo acontecimiento ha sido la sentencia del caso Gürtel, que se conoció el 24 de mayo. En su página 1.575, se condenaba al PP “como partícipe a título lucrativo”… “hasta un importe de 111.864,32 euros, correspondiente a los gastos referidos a la campaña electoral de las elecciones de 25-5-2003, de modo directo y solidario, con Jesús Sepúlveda Recio”. Mientras que en la página 1.078, refiriéndose al testimonio de Mariano Rajoy y de otros dirigentes de ese partido durante el juicio, se afirmaba: “no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido”.

Sobre la base de ambos párrafos, Sánchez lanzó una moción de censura para acabar con el Gobierno “corrupto” del PP. Sin embargo, en ninguna de las 1.687 páginas que abarcaba la sentencia, se hacía referencia a que Rajoy o cualquier otro miembro del Ejecutivo hubieran recibido pagos en metálico procedentes de esa Caja B. Es más. Este fue uno de los argumentos utilizados por los miembros del Ejecutivo para justificar que la sentencia no les afectaba directamente.

Por el contrario, desde el partido de Sánchez, figuras como la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, extendieron la responsabilidad emanada de esa sentencia al PP como organización, afirmando que “se presentaba a las elecciones dopado”. Sobre la base de este argumento -aceptado por todas las organizaciones políticas que apoyaron al líder socialista-, la censura que sufrió Rajoy debía hacerse extensiva a los 134 diputados y 147 senadores del PP, ya que alcanzaron sus escaños gracias a que su partido “se presentaba a las elecciones dopado”.

La conclusión que se extrae de los párrafos anteriores resulta obvia: el actual Parlamento español carece de legitimidad. Por tanto, no puede seguir ejerciendo sus funciones. Esta situación afecta a las dos Cámaras. Así, en el Congreso de los Diputados, la suma de diputados ilegítimos alcanza los 151 -nueve de ERC, ocho de PDeCAT y 134 del PP- que suponen 3/7 del total de miembros de esta Cámara. La situación es aún más grave en el Senado, donde estos tres partidos tienen 163 representantes que suman más de 3/5 del total de senadores -266-.

El resultado es una situación completamente anómala en el Poder Legislativo. Su mantenimiento podría justificarse si España viviese una situación de grave crisis, pero esta no existe. Por el contrario, más allá del desafío de los independentistas catalanes -que no ha acabado y que exige un Gobierno fuerte para hacerle frente-, nuestra Nación goza de gran estabilidad y tranquilidad, y su economía crece a un ritmo elevado.

Esta anómala situación convierte la pretensión de Sánchez de intentar acabar la legislatura -contando para ello con el solo apoyo garantizado de los 84 diputados de su grupo parlamentario-, en un deseo sin duda legal, pero injustificable desde parámetros democráticos. Máxime cuando va a tener que enfrentarse a la oposición de 147 senadores y 134 diputados pertenecientes a un partido que se presentaba a las elecciones “dopado”. Y puede volver a necesitar el apoyo -como ya lo tuvo en la moción de censura- de 16 senadores y 17 diputados separatistas catalanes, deslegitimados para ejercer los cargos que ocupan desde que apoyaron un conjunto de actos ilegales cuyo objetivo era la destrucción del orden constitucional.

Por tanto, sería conveniente para los intereses de España y del propio PSOE que Sánchez aplicara las medidas más urgentes contenidas en su programa y en un plazo inferior a un año, convocase elecciones. Esos comicios darían como resultado un nuevo Parlamento, que si sería legítimo y representativo del sentir político del pueblo español.

*** Roberto Muñoz Bolaños es doctor en Historia Contemporánea y profesor de la Universidad Camilo José Cela.