Todas las crisis de la economía española, desde hace más de un siglo, han comenzado por el sector exterior. En la última, el desequilibrio acumulado con el exterior llegó a alcanzar un volumen gigantesco. España era en 2007 el país con más déficit por cuenta corriente del mundo, en relación al tamaño de su economía. Además, era el segundo país en términos absolutos con mayor déficit por cuenta corriente, después de los Estados Unidos. Simplificando, como economía, estábamos viviendo a costa del resto del mundo, que nos financiaba. Cuando esta financiación del exterior se interrumpió, a causa de la crisis financiera internacional, nos enfrentamos a una gravísima crisis económica interna. Conviene recordar, para ser precisos, que, en 2007, España tenía superávit presupuestario y, comparativamente, muy poca deuda pública, la cual no llegaba a un 38% del PIB.
Una década después, hemos recuperado el Producto Interior Bruto que teníamos antes de la crisis. Sin embargo, lo que no hemos recuperado es el nivel de empleo que teníamos antes de la crisis. Además, aunque la recaudación fiscal se acerca a la que teníamos antes de la crisis, seguimos teniendo déficit público. Parece que este año saldremos del protocolo de déficit excesivo, es decir, que nuestro déficit bajará del 3% del PIB, pero seguimos siendo el país con más déficit público de la Unión Europea. Lo peor es que acumulamos una deuda pública del 98% del PIB, muy superior a cuando entramos en la crisis de 2008.
Por otra parte, el ajuste de nuestro sector exterior no ha concluido: según datos del Banco de España, nuestra deuda neta con el exterior, incluyendo a todos los sectores de la economía, alcanza el 80% del PIB. Desde 2014 hemos empezado a crear empleo, y paralelamente, lo que no es una casualidad, hemos sido capaces de reducir la deuda externa. La razón es que llevamos varios años teniendo superávit por cuenta corriente. Esto significa que estos años hemos financiado al resto del mundo, disminuyendo el endeudamiento de nuestra economía.
Con este cuadro, desde el pasado mes de junio han pasado bastantes cosas en la economía y en la política española. Por una parte, tenemos un gobierno socialista que anuncia nuevos impuestos, mientras quiere realizar un ajuste presupuestario menor, básicamente porque no quiere o no puede controlar el gasto. Además, sus "aliados" de Podemos, le presionan para que aumente más los impuestos, y derogue la ley de estabilidad presupuestaria. El primer avance del resultado de estas ocurrencias es que la prima de riesgo ha pasado de 90 a 115 puntos básicos en estos tres meses. También es verdad que se puede hacer peor porque los datos italianos son muchísimos peores. Italia nos muestra las consecuencias que se desencadenan cuando los populismos toman el gobierno.
En general, todas las previsiones, incluyendo las del propio gobierno, apuntan a una reducción del crecimiento económico. Esto significa menor creación de empleo, y que tampoco crezca la recaudación de impuestos como se espera. Hay otro dato más preocupante: en el segundo trimestre, y por primera vez en más de dos años, la aportación al crecimiento del sector exterior fue negativa (-0,2% PIB). Si esto continúa así, nuestro crecimiento se estancará más pronto que tarde. Aquí influyen factores externos, como el incremento de los precios del petróleo, que aumenta el precio del crudo. También nos enfrentamos a un comercio mundial que ya está acusando los síntomas del neoproteccionismo impulsado por Trump. Pero no podemos olvidar que, aunque no nos guste, estos datos apuntan a una pérdida de competitividad de la economía española. Siendo, además, que buena parte de los factores, los externos, están fuera de nuestro control.
La prioridad de un nuevo gobierno tendría que ser enfrentarse al principal problema de los españoles: el desempleo
La prioridad de un gobierno salido de las urnas tendría que ser enfrentarse al principal problema de los españoles, según todas las encuestas: el desempleo. Para reducir un nivel inaceptable de desempleo, lo mínimo es no conseguir que el periodo de crecimiento se acabe antes de tiempo. De todo esto, el gobierno de Sánchez no ha dicho nada. Y las diversas ocurrencias que han ido proponiendo Sánchez y sus ministras económicas van exactamente en sentido contrario.
Por ejemplo, España ha soportado este verano la tarifa eléctrica más elevada desde hace diez años. Además, cada vez pagamos más caros los combustibles, tanto por la subida del precio del petróleo como también por los problemas de competencia en la distribución de hidrocarburos. Esto no sólo disminuye la renta disponible de los ciudadanos para proveerse de otros bienes y servicios, sino que incrementa los costes energéticos de las empresas españolas.
La solución que propone el gobierno socialista de Pedro Sánchez es, como sabrán, incrementar los impuestos al gasóleo para equipararlos con los de la gasolina. Esto supondría 10 céntimos más de impuesto especial por litro, lo que, contando con el IVA, incrementaría el precio en al menos 12 céntimos. Ya veremos si Pedro Sánchez reúne los votos necesarios para sacarlo, pero esto lo pagaremos, de una forma u otra, todos, no sólo los ricos. En primer lugar, los 17,9 millones de propietarios de coches diésel; luego, todos los demás, que soportaremos un mayor coste de transporte.
Otra idea socialista y de Podemos que incrementará los costes de las empresas es "destopar" las bases de la Seguridad Social. Esto supondrá que las empresas pagarán más por el personal más cualificado y mejor retribuido. Por otra parte, estos empleados, los que ganan más de 45.000 euros al año, cobrarán un salario neto menor. Esto no sólo dificultará las nuevas contrataciones y los aumentos de sueldo, sino que también incrementará la economía sumergida. En cualquier caso, nos encontramos ante otro factor, uno más, que aumentará sin duda los costes para las empresas españolas.
Podríamos seguir con la idea de Sánchez de establecer un impuesto a la Banca, que se repercutirá en los clientes y que disminuirá la financiación de la actividad económica, incrementando su coste. Por último, queda la medida estrella del tipo mínimo en el impuesto de sociedades del 15% para las grandes empresas. Esta idea, para conseguir un mínimo de recaudación tendría que gravar el 77% del resultado contable (datos oficiales de la Agencia Tributaria) que los grandes grupos obtienen en el exterior. De nuevo, tendremos inseguridad jurídica, incumpliríamos convenios para evitar la doble imposición que establecen que estos beneficios no pueden pagar dos veces, sufriríamos deslocalizaciones, con las que grandes grupos incluso han amenazado, y provocaríamos, simplemente, que los dividendos de las filiales de las grandes empresas en el extranjero no llegasen a España. Que todo esto incrementa los costes empresariales supongo que tampoco hay que explicarlo.
En otras cuestiones que no son tangibles a simple vista estos tres meses de gobierno de Pedro Sánchez han decepcionado incluso a los que no esperábamos grandes cosas. El estilo de ocupación de todas las instituciones, en tiempo récord y colocando a personal muy poco cualificado, también se paga en términos económicos, y muy caro. No sólo es que el sueldo de los colocados a dedo pueda ser muy elevado, es que las decisiones de los menos cualificados y más politizados son peores, y eso es todavía más caro.
El gobierno de Sánchez y sus ocurrencias de dedazos y de subidas de impuestos sólo están creando inseguridad, incertidumbre y menor crecimiento económico. Esto se ya se empieza a reflejar en algunos indicadores. Por supuesto, las ocurrencias y el ansia en el gasto lo acabaremos pagando todos. Por eso, desde Ciudadanos nos opondremos a las subidas de impuestos, y a darle a Sánchez e Iglesias la llave que las permitiría, ese techo de gasto que el viernes volverá a aprobar el gobierno socialista. Y seguiremos proponiendo reformas para mejorar nuestros mercados y eliminar gasto superfluo y duplicidades.
Pero lo peor ya no es la ausencia de cualquier proyecto económico en este gobierno del PSOE, lo peor es que estas medidas, que incrementan costes a ciudadanos y empresas y disminuyen nuestra competitividad, si salen adelante, sólo nos acercarán a finalizar anticipadamente este ciclo de crecimiento económico. España necesita reformas y sensatez, no incertidumbre, dedazos y más impuestos. Pero, sobre todo, los españoles se merecen decidir en las urnas su futuro, y si ésta es la "política económica" que quieren.
***Francisco de la Torre Díaz es diputado y responsable de Hacienda de Ciudadanos.