El gobierno de Nicaragua no hace más que repetir que la normalidad ha vuelto al país. Sin embargo, los “nicas” no cesan de quejarse de esta nueva normalidad. Después de que Ortega consiguiera quitar todos los “tranques” (barricadas) del país, y con su ley del terrorismo recién estrenada, lo que inicialmente era una represión brutal se transformó en una cacería indiscriminada. La policía y paramilitares comenzaron a detener arbitrariamente, secuestrar y desaparecer a decenas de civiles.

Las personas son, en muchos casos, secuestradas de sus propias casas o lugares de trabajo, sin orden judicial. Muchas de ellas torturadas, otras desaparecidas y algunas asesinadas. Las formas brutales de hacerlo no tienen en cuenta ni a menores de edad ni a ancianas. Pero el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) volvió a reunirse el dos de agosto para rechazar estas prácticas y aprobar una nueva resolución para crear un grupo de trabajo que supervise la situación en Nicaragua. Se trata de una resolución histórica por ser la primera de la OEA aprobada a pesar de la ruidosa oposición del Estado abusador, quien calificó la resolución de “maniobra política injerencista” y a la OEA de “ministerio de colonias”, además de hacerse víctimas de una “campaña mediática encaminada a mentir, distorsionar la verdad”.

El gobierno nicaragüense, como era de esperar, ha negado la entrada al país de dicha comisión, pero el grupo se está reuniendo en el exterior para acometer sus trabajos. Los nicaragüenses insisten en pedir, mediante redes sociales y manifestaciones públicas, que finalice la desaparición forzada de personas y otros crímenes aberrantes que Daniel Ortega está utilizando para perpetuarse en el poder; la gente no deja las calles ni las redes sociales, pero la represión también continúa.

Al menos cincuenta detenidos han sido acusados de “terrorismo”. La ley es ambigua y en estos momentos cualquier cosa puede ser calificada de terrorismo en Nicaragua. El caso más conocido es el del líder campesino Medardo Mairena que fue detenido en el aeropuerto de Managua. Fue acusado por la fiscalía de delitos de “terrorismo”, “crimen organizado” y “asesinato”, sin embargo, su juicio se hizo a puerta cerrada y negando la entrada incluso a su propio abogado. La violación de derechos humanos continúa del mismo modo con todos los detenidos arbitrariamente.

Sin embargo, la población ha perdido el miedo. Aún con todo, continúan las marchas de protesta, a pesar de que los paramilitares siguen disparando a los manifestantes; la última vez fue el lunes pasado en una marcha de Managua hacia Masaya. La nueva estrategia del gobierno es organizar contra-marchas en los mismos días y horas que lo hacen los “autoconvocados” azul y blanco. A estas manifestaciones de los sandinistas acuden obligados los trabajadores del estado que necesitan mantener sus puestos de trabajo. Ya ha habido miles de despidos por participar en las protestas o por cumplir con el deber, como es el caso de médicos que se negaron a cumplir la orden de no atender a los heridos que llegaban a los hospitales públicos.

Podría decirse que, si aún quedaba duda de que el gobierno de Ortega y Murillo era una dictadura, ahora ya han terminado de quitarse las caretas y mostrar al mundo cómo es una dictadura izquierdista en todo su espledor. La vicepresidenta y mujer de Ortega, Rosario Murillo, continúa hablando casi a diario por los canales de televisión oficialistas. Y cada vez que lo hace emplea descalificaciones distintas para los “autoconvocados” que, luego, ellos utilizan para mofarse de ella en las “marchas”. Le ha llamado minúsculos, vandálicos, vampiros, terroristas, plagas, etc. Lo más reciente ha sido “puchitos” (de poquitos), “chingastes” (restos) y “poquedad”, por lo que muchos “azul y blanco” han comenzado a llamarse a sí mismos de este modo en las redes, además de llevar pancartas irónicas con las palabras de la vicepresidenta en las manifestaciones.

Lo absurdo de los argumentos de Rosario Murillo, sin embargo, ha llegado a calar en algunas personas que aún le creen: Nicaragua es víctima de unos pocos que quieren destruir el país, que están financiados por el “imperialismo yanqui” y que son liderados por los obispos golpistas. Pero las pruebas son contundentes, se han recogido testimonios de las víctimas y testigos, así como abundantes grabaciones de videos y fotografías que demuestran que es Ortega quien realmente distorsiona la verdad. Todas estas pruebas están siendo recopiladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aún permanece en el país, y por la Comisión Pro Derechos Humanos de Nicaragua (CPDHN), cuyo líder, Álvaro Leiva, ha tenido que abandonar el país por amenazas constantes de muerte. Sin embargo, ya existen ex-orteguistas que prefieren abandonar su apoyo al gobierno. En casi todos estos casos, las represalias contra ellos ocurren del mismo modo (o peor) que con los “autoconvocados”.

Otro grupo que está recibiendo graves amenazas son los periodistas de medios independientes. Esta semana el Canal 10 de televisión recibió a un periodista sandinista que llegaba a tomar la dirección editorial por su propia cuenta, los trabajadores del canal no lo aceptaron, pero es muy probable que esto sea solo el inicio de otra represalia que acabe mal. La periodista alemana Sandra Weiss sufrió recientemente también la fuerza de los paramilitares en su propia persona mientras realizaba su trabajo. Un grupo de estos le robó todo su equipo y su tarjeta de crédito con saldo de 2.000 dólares que estos usaron íntegramente en gasolineras. A Weis esto le ha dejado claro que estas fuerzas de choque “no son policías voluntarios”, como ha intentado convencer Daniel Ortega al mundo.

Los defensores del pueblo, los obispos nicaragüenses, acusados de golpistas y terroristas por el mismo Ortega, ya no pueden hacer prácticamente nada. A monseñor Silvio Báez se le nota mucho menos activo en Twitter y los demás pasan desapercibidos en la red social. La única voz sigue siendo la suya, pero en las homilías de los domingos. Se sospecha que este perfil bajo en las redes tenga relación con unas declaraciones del cardenal Brenes para La Prensa nicaragüense, en ellas él afirmaba que muchos sacerdotes estaban siendo amenazados, el de Masaya incluso fue torturado por refugiar en su iglesia a la población durante los asedios mortales. No obstante, también ha declarado que la Conferencia Episcopal continúa esperando que Ortega reanude el diálogo nacional, lo cual ya no es visto con buenos ojos por una parte de la población que se pregunta cómo es posible dialogar con asesinos que no han mostrado ninguna buena voluntad.

Las represalias a la Iglesia han sido muchas. Las intimidaciones son una de las estrategias más usadas por los orteguistas, en algunos casos pasan a ser amenazas que se hacen realidad. Los paramilitares secuestraron el lunes pasado al asesor de la Conferencia Episcopal, Carlos Cárdenas Zepeda, en su propia casa mientras regresaba de recoger a su hija del colegio. Otra represalia de Ortega contra los obispos y sacerdotes ha sido en su reforma del presupuesto nacional, donde ha retirado las ayudas económicas a las iglesias que considera han colaborado con los supuestos golpistas. Este dinero iba destinado a ayudas sociales como, por ejemplo, colegios parroquiales. El “gobierno del pueblo” castiga a los más pobres que son atendidos por estas iglesias.

Aparentemente, la situación de Nicaragua está bloqueada para los “autoconvocados”, mientras Ortega va ganando con su represión letal. La mayoría de los líderes campesinos y universitarios están ya fuera del país o en la cárcel. Pero, después de cuatro meses de protestas, la gente aún sigue en las calles, los paramilitares continúan violando los derechos humanos, la inseguridad lleva a un toque de queda voluntario de la población, muchas personas salen de sus casas a sus trabajos o recados y no saben si volverán. El número de muertos sobrepasa ya los 440, hay más de 2.000 heridos y más de 500 desaparecidos. Si eso es normalidad para Ortega, no lo es para los ciudadanos nicaragüenses.

***Olaia Agateyte es escritora.