Servicios públicos colapsados, pagas extra atrasadas, listas de espera kilométricas… Las protestas y paros convocados esta semana por bomberos, médicos, funcionarios y estudiantes catalanes han puesto en duda la viabilidad de un Gobierno nacionalista obsesionado con mayores cotas de autogobierno mientras se muestra incapaz de gestionar las competencias de las que ya dispone. ¿Es sostenible una comunidad autónoma instalada en el desafío permanente al Estado?

1. Nueve millones de euros para los presos del procés

Mientras Eduard Pujol, el portavoz de JxCAT, popularizaba el pasado martes una nueva versión del “España nos roba” y el independentismo volvía a cuestionarse por qué los hacendosos catalanes deben sostener con sus impuestos a los perezosos andaluces, el diario EconomíaDigital revelaba que los presos del procés contarán con tres millones de euros para afrontar las posibles multas que pueda imponerles el Tribunal Supremo en la sentencia de su juicio por rebelión, sedición y malversación de fondos.

Esos tres millones de euros son la cantidad que resta a día de hoy de los nueve millones de euros recaudados, supuestamente por medio de donaciones privadas, por la llamada Caja de la Solidaridad del procés. Su objetivo es el pago de las fianzas y los gastos derivados del procesamiento judicial de los líderes del golpe de septiembre y octubre de 2017. De ella se han beneficiado hasta el momento Artur Mas, Francesc Homs, Raül Romeva y Jordi Turull, entre otros.

2. 100.000 euros para la reforma de la mansión de Puigdemont

336.000 son los euros recaudados por el Consell per la República, el organismo con el que Carles Puigdemont pretende usurpar las funciones del legítimo Gobierno autonómico catalán. De esos 336.000 euros, 100.000 han sido utilizados ya por el prófugo de la Justicia española para –siempre en teoría– mejorar la seguridad de su mansión en Waterloo. Las obras han sido encargadas a una empresa de Tarragona, Quim Roca Seguretat, e incluyen, según el digital El Confidencial, un nuevo circuito de televisión, cámaras de seguridad y sistemas de alarma.

3. 300 millones de euros anuales para TV3

2.300 empleados y un presupuesto de 310 millones de euros al año convierten a la televisión autonómica catalana en la más cara y menos rentable de todas las televisiones, públicas y privadas, españolas. La magnitud del derroche no se entiende sin comparar esas cifras con las de otras televisiones públicas españolas. 300 son los empleados de Telemadrid. El monstruo Mediaset cuenta con 1.360 trabajadores. Atresmedia, con 1.700. 165 millones anuales es el presupuesto de Radio y Televisión de Andalucía, una comunidad autónoma con un millón de habitantes más que Cataluña. 137 el de Euskal Irrati Telebista. 68 el de Telemadrid. En cifras totales, TV3 supone el 31% del gasto en televisiones públicas autonómicas españolas. 

4. 37 millones para promoción del catalán

37,2 millones de euros es la cantidad que el Gobierno autonómico catalán destina al fomento de la lengua regional minoritaria de Cataluña –según datos de la propia Generalidad– y a las ayudas para la inclusión del catalán "en el mundo digital". Es la misma cantidad que el Gobierno catalán destina a Comercio y sólo levemente inferior a la que destina a las infraestructuras agrarias y rurales (48,8) o a la industria (52). Esos 37,2 millones de euros sirven para financiar el subtitulado o el doblaje de películas y series al catalán, las 10.300 parejas lingüísticas del llamado Voluntariado por la lengua o los análisis de los usos lingüísticos de los ciudadanos catalanes en la justicia, el comercio y las grandes marcas. 

5. 25 millones de euros para trescientos asesores y altos cargos

Seis eran los asesores contratados por la Generalidad durante los primeros días de vigencia del 155. Tras el fin de la intervención del Gobierno autonómico catalán, ese número se incrementó exponencialmente hasta ciento cincuenta y tres en octubre de este año. A esos asesores hay que sumar ciento ochenta y un altos cargos más para un coste total de más de 25 de millones de euros anuales. 

6. 147.000 euros anuales para Quim Torra

El sueldo de Quim Torra bate al de cualquier otro cargo de cualquier otra administración municipal o autonómica española y lo convierte en el  presidente mejor pagado del país. Ni siquiera el sueldo del presidente del Gobierno –81.000 euros anuales– puede rivalizar con los casi 147.000 del presidente del Gobierno autonómico catalán. Torra cobra ocho mil euros anuales más que los 139.000 que llegó a cobrar Carles Puigdemont, aunque no llega a los casi 170.000 que cobró Montilla entre 2008 y 2010. 

7. Consejeros y altos cargos a precio de directivo de multinacional

Los salarios de los altos cargos de la administración autonómica catalana tienen fama de estratosféricos y un simple vistazo a sus remuneraciones lo confirma. Según Crónica Global, los consejeros catalanes cobran aproximadamente 111.000 euros anuales, más del doble que un ministro. Los secretarios autonómicos cobran un 21% más que un secretario de Estado. Los directores generales, un 51% más que sus homólogos de la administración central.

No son los únicos en cobrar sueldos dignos del consejo de administración de una multinacional. El director de TV3, Vicent Sanchís, cobra 109.000 euros anuales. La misma cifra que el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo. Pero el premio grande de la lotería es para los altos cargos que trabajan en sectores de la administración regional menos expuestos al escrutinio de la prensa, pero con sueldos muy similares a los de los consejeros de la Generalidad. Es el caso de Joan Bellavista, gerente del puerto de Mataró (106.000 euros anuales) o de Joan Jaume Ons, presidente de Infraestructuras de la Generalidad (110.000 euros), entre muchos otros. 

8. 1.226 millones de euros para seguridad y protección civil

Los 16.783 mossos d'esquadra y los 2.416 efectivos del cuerpo de Bomberos se llevan el pedazo más grande del pastel que la Generalidad destina a seguridad y protección civil (un 3,8% del presupuesto total de la autonomía catalana). Que ambos cuerpos hayan sido utilizados por los líderes del procés como punta de lanza de su desafío al Estado sólo añade insulto a la injuria. Porque no fueron poco los ciudadanos catalanes que el 1 de octubre del año pasado se preguntaron el porqué de esos 1.226 millones de euros tras ver a los Mossos d'Esquadra desobedecer las órdenes de los jueces y permitir la escenificación de un simulacro de referéndum destinado a convertirles en extranjeros en su propio país. En cuanto a esos bomberos que intentaron el pasado martes asaltar por la fuerza el Parlamento, indignados por los recortes provocados por el mismo procés que ellos habían apoyado en el pasado, ¿qué decir sin recurrir a la tan manida justicia poética? 

9. 62,3 millones para la promoción internacional del independentismo 

62,3 millones es el presupuesto que la Generalidad catalana destina a "asuntos y relaciones institucionales exteriores y transparencia". Dicho de otra manera, a la promoción del independentismo y de su relato en el extranjero. De ese presupuesto salen los aproximadamente doce millones de euros destinados a las embajadas catalanas, así como los sueldos de aproximadamente 85.000 euros anuales de sus delegados.

A ello había que sumar, hasta la aplicación del 155, los 2,3 millones de euros con los que se financiaba el temporalmente extinto Diplocat. Además, por supuesto, del coste de las conferencias y eventos que la Generalidad organiza en el exterior, el de los viajes de los altos cargos y sus acompañantes, y el de las acciones emprendidas para asegurar la publicación de editoriales y artículos de opinión favorables al procés en la prensa y las televisiones extranjeras. 

10. 28.310 millones de presupuesto total para un Gobierno desleal a la Constitución

Ningún presupuesto de la Generalidad catalana, por restrictivo que sea, podrá compensar jamás los costes externos derivados de la deslealtad y el chantaje permanente al Estado de los líderes nacionalistas catalanes. El cálculo del coste de esa ficción llamada nación catalana no debe limitarse, si se pretende ser preciso, a esos 28.310 millones de euros de presupuesto anual, sino incluir también los recortes en los servicios sociales, las ayudas nunca concedidas y las infraestructuras jamás construidas en el resto de comunidades autónomas españolas. A la cifra resultante deben sumarse además los costes sociales derivados de la inestabilidad política generada por el lamento racista e insolidario de ese escaso 4% de la población española instalada en la zona de confort del agravio perpetuo.