El precio económico de la política de Sánchez

En los últimos meses ha subido el precio de los alquileres, pero hay uno especialmente gravoso, que además estamos pagando todos: el alquiler de Sánchez en el palacio de la Moncloa. Por supuesto, no estoy hablando del uso y abuso del helicóptero presidencial o del Falcon. De hecho, aunque Sánchez se niegue a informarnos, o nos diga que por 283 euros se va en Falcon a un concierto de The Killers, en realidad sale mucho más caro organizar una cumbre con Torra para firmar un comunicado "conjunto" indignante y bochornoso. Aun así, en términos puramente económicos, también hemos empezado a pagar la disparatada política fiscal, económica y presupuestaria de Sánchez, que está acentuando nuestros desequilibrios económicos.

En agosto, ya advertía en estas mismas páginas que la política de Sánchez iba a lastrar el crecimiento económico en España. Hace unos días, el INE certificaba esa caída. El crecimiento, que estaba cerca del 3% antes de la moción de censura, ya había caído hasta el 2,4% interanual en el tercer trimestre. Esto ha supuesto una menor creación de empleo en 2018, y se notará especialmente en este 2019. Y esto en el país de Europa con más desempleo es un problema grave. De hecho, la principal preocupación de un gobierno debería ser prolongar el crecimiento y crear empleo. Sin embargo, la práctica totalidad de las medidas de Sánchez y sus ministros y ministras están yendo en dirección contraria.

Esto es grave, pero el dato más preocupante ha pasado desapercibido. En un país con un elevado endeudamiento -público y privado- con el exterior, la clave de haber mantenido un buen nivel de crecimiento económico desde 2014 es haber conseguido superávit en el saldo de la balanza por cuenta corriente durante todos estos años. Recordemos que todas las crisis económicas han comenzado por el sector exterior. De hecho, en 2007 España tenía el segundo déficit por cuenta corriente más elevado del mundo en términos absolutos, después de Estados Unidos, y el primero en relación al tamaño de su economía. Nos estábamos endeudando frente al exterior más que nunca porque la producción de bienes y servicios era inferior al consumo y a la inversión interna. Esto culminaba en continuos déficits frente al exterior como en situaciones anteriores, incluso, a la entrada de España en el euro. Eso ha ocasionado que, incluso ahora, España esté endeudada frente al exterior mucho más que los países de nuestro entorno.

En esta situación, el superávit por cuenta corriente de la economía española se ha reducido un 71% entre enero y octubre de 2018 (últimos datos disponibles del Banco de España) frente al mismo periodo del año anterior: hemos pasado de reducir nuestro endeudamiento neto con el exterior en 12.970 millones de euros en los diez primeros meses de 2017, a sólo hacerlo en 3.711 millones en el mismo periodo de 2018. Nuestra deuda bruta con el exterior sobrepasa los dos billones de euros, un 167% del PIB; y la neta (descontando los activos e inversiones de residentes españoles en el exterior) sigue estando en el 84,1% del PIB. Una parte es deuda pública, que está en manos de extranjeros en un 43%, según datos del Tesoro.

Con estos datos, y cuando el Banco Central Europeo ha dejado de realizar nuevas compras de títulos de deuda emitidos por los Estados y las Administraciones Públicas, las medidas que reducen la competitividad de las empresas, que nunca son positivas, se están tomando en el momento menos oportuno. Todo lo que han hecho Sánchez y su Gobierno ha aumentado la incertidumbre y ha disminuido la competitividad. Esto lastra el crecimiento y nos está acercando a la próxima crisis.

Lo primero que ha hecho Sánchez en cuestiones económicas es pretender aumentar los impuestos y decir que era imposible cumplir el objetivo de déficit. Lo cierto es que estamos recaudando por encima de lo previsto en el Presupuesto aprobado por PP y Ciudadanos. Esto quiere decir que, si no cumplimos, que parece que no vamos a hacerlo, será porque el Gobierno ha decidido no disciplinar el gasto.

También es cierto que hay factores que sólo se producirán en 2018, como el coste de la indemnización a las autopistas radiales, o los 1.000 millones de euros de activos fiscales convertidos en devolución fiscal, consecuencia de las pérdidas del Banco Popular. Con este panorama, el Gobierno de Sánchez, pese al elevado endeudamiento público, ha decidido intentar, sin apoyo parlamentario, ralentizar el ritmo de reducción del déficit público, para que le financiemos la campaña electoral más cara de la historia, de momento sin éxito.

Es cierto que Sánchez no ha podido cumplir la mayor parte de sus promesas económicas, pero el mero anuncio también tiene un precio. Por ejemplo, Sánchez prometió -o amenazó con, como ustedes prefieran- crear y subir múltiples impuestos: el IRPF para las rentas altas, el diésel para casi 18 millones de conductores (que no todos son de rentas altas precisamente), las cotizaciones de los autónomos, las cotizaciones sociales para los empleados que ganen más de 45.000 euros, el impuesto a la banca, la subida del impuesto de sociedades a las empresas que facturen más de 6 millones de euros, el nuevo impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin) y la novedad mundial del impuesto a las multinacionales tecnológicas…

Por ejemplo, el efecto directo del anuncio del impuesto a las multinacionales digitales es que Google ha decidido que una inversión que probablemente iría a Madrid, se vaya a realizar en Portugal, con una pérdida de 1.300 empleos directos. Otra medida que, sin haber recaudado el primer euro, ya ha tenido efectos negativos ha sido el impuestazo al diésel: según las empresas de automoción, ya ha habido efectos negativos en la producción por falta de demanda.

En realidad, la moraleja de toda esta política fiscal es ésa, ya que, de momento, la recaudación de todas estas medidas es cero, pero ya hay efectos económicos indeseables: pérdida de crecimiento, inversiones y empleo, porque las empresas y los particulares se anticipan a estas medidas y no realizan operaciones que en otras condiciones de certeza y menores costes previsibles en el futuro sí harían. 

Por supuesto, la política de Sánchez también incrementa los demás costes de las empresas, no sólo el fiscal, disminuyendo la competitividad de nuestra economía, y destruyendo empleo. Por ejemplo, los incrementos de las cotizaciones máximas en un 7% decididos en el último Consejo de Ministros del año, lo que incrementará el coste social de las empresas que contraten o haya contratado el personal más cualificado y mejor retribuido.

Los últimos datos de paro registrado indican que ya estamos pagando la política económica de Sánchez. En el periodo enero-junio de 2018 se crearon 314.336 empleos, pero desde julio hasta diciembre, ya con Sánchez en la Moncloa, se destruyeron 40.000 empleos, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Esto se debe no sólo a la incertidumbre y a la política de Sánchez, sino también al calendario. Sin embargo, no se puede negar que el dato de reducción del paro en diciembre de 2018 es el peor desde 2012 en lo peor de la crisis económica.

También está teniendo ya un coste el incremento en un 22% del salario mínimo interprofesional, que elevará el coste laboral de muchas empresas sin que sea posible, por razones obvias, que la productividad de estos trabajadores crezca en este porcentaje. Esto para el Banco de España puede suponer una destrucción de empleo de hasta 150.000 personas, lo que debería preocupar a un gobierno que se preocupe de los problemas de los españoles, pero además reducirá la competitividad de muchas empresas, especialmente las sometidas a la competencia exterior. 

Por cierto, en Francia, Macron ha realizado este aumento del salario mínimo contra el Presupuesto, y no a cargo de los costes de las empresas, de una forma parecida al complemento salarial garantizado de Ciudadanos, que también suprimió Sánchez en el último Consejo de Ministros del año. La diferencia es que el complemento salarial de Ciudadanos se financiaba con cargo a la garantía social europea, ya que somos el país con el mayor nivel de desempleo de la Unión Europea. Pero darle una oportunidad a los jóvenes tampoco estaba entre las prioridades del Gobierno de Sánchez…

Todo este panorama empeorará si salen aprobadas unas cuentas -los Presupuestos de Sánchez, Podemos y los separatistas- que no sólo es que tengan las prioridades completamente equivocadas, sino que simplemente no cuadran. Estas cuentas, si  saliesen aprobadas, incrementarían los impuestos, el déficit y sólo reducirían el crecimiento y la creación de empleo. Por eso, desde Ciudadanos nos opondremos con todos los instrumentos parlamentarios a nuestro alcance. El precio económico de la política de Sánchez es algo que no nos podemos permitir, pero mucho menos el precio político que exigirán los independentistas para aprobarlos. No es tiempo de Presupuestos, es tiempo de elecciones para cambiar de política económica y territorial antes de que el deterioro político y económico nos alcance de lleno a todos.

*** Francisco De la Torre Díaz es diputado y responsable de Hacienda de Ciudadanos.