Al rescate de la ingeniería

Durante trece días España ha estado pendiente de una obra de ingeniería. Un niño atrapado dentro una montaña, escenario de pesadilla donde –aunque nada pudiera al término consolar a sus padres– se intentó un rescate con un impresionante despliegue de esfuerzo, inteligencia, coraje y tecnología.

No es habitual que la ingeniería llegue al gran público en su proceso de ejecución, salvo cuando ocurren accidentes. Sin embargo, sus resultados finales sí llegan en ocasiones a las portadas: la inauguración de una línea de AVE o un puente singular, el primer vuelo de un revolucionario modelo de avión, la mediática presentación de un teléfono móvil, el récord de altura de un rascacielos, prometedoras fuentes de energía alternativas, nuevos materiales, fábricas, robots, cultivos optimizados...

La ingeniería española goza de un importante reconocimiento internacional por su nivel académico y profesional. Esta misma semana, nuestro ministro de Ciencia se reunía con nueve rectores de seis países al constituirse la primera alianza europea de universidades para la innovación de la enseñanza en ingeniería (EELISA, por sus siglas en inglés), que lidera la Politécnica de Madrid. En muchos sectores tecnológicos o de servicios, entre las diez primeras empresas del mundo se pueden encontrar varias españolas.

Una ingeniería avanzada constituye un vector fundamental de una economía innovadora y competitiva, en beneficio interno de su nivel social y también de su capacidad para la exportación. Es el caso de España. No obstante, existen dificultades recurrentes desde hace décadas que requieren la atención de los poderes públicos.

La ingeniería, en sentido amplio, abarca la enseñanza universitaria, la colegiación, la formación continua, las condiciones de competencia y unidad de mercado, y la contratación pública, entre otros aspectos. Parte de los problemas tienen que ver con la regulación de cada una de estas dimensiones al margen de las otras. No existe una “Ley de Ingeniería” sino una de universidades, de colegios profesionales, etc. y cada una de ellas establece normas homogéneas (para todas las enseñanzas universitarias, para todos los colegios profesionales) que acaban conformando incoherencias e ineficiencias para el sector.

Por ejemplo, se trata de una disciplina que requiere una fuerte base científica en los primeros cursos que pueden impartir profesores con perfil esencialmente investigador, que es lo que promueve la regulación universitaria general. Sin embargo, los últimos años de carrera deben dedicarse a la aplicación y al conocimiento de proyectos reales, y entonces deben asumir una responsabilidad importante en la docencia los profesionales en ejercicio, algo que tiene difícil cabida en el modelo actual.

Basta mirar al otro lado de los Pirineos, para inspirarse de la gobernanza y recursos humanos de muchas grandes écoles donde un ingeniero prestigioso con responsabilidades profesionales puede dirigir a tiempo parcial un departamento académico, mediante un concurso transparente, logrando una suficiente estabilidad que garantiza su autonomía académica, pero sin necesitar ser funcionario.

Tampoco está bien resuelta la integración entre formación universitaria y colegiación, propia de un tiempo en que el conocimiento evolucionaba lentamente y no era chocante que un título conseguido de joven habilitara definitivamente para las correspondientes reservas de actividad. Hoy la principal responsabilidad de los colegios para garantizar la calidad en la profesión debería ser velar por que los ingenieros actualizaran sus conocimientos mediante la formación continua y la experiencia.

Por otro lado, la mayor complejidad de los retos técnicos necesita de perfiles más móviles e interdisciplinares (en Totalán intervinieron ingenieros de caminos, de minas, topógrafos… que a su vez utilizaron equipos diseñados por industriales, de telecomunicaciones, informáticos, etc.) y tampoco tiene ya tanta vigencia la otrora rígida separación entre ingenieros técnicos y superiores, cuando ahora todos los alumnos que realizan un máster han obtenido previamente un grado.

En Reino Unido, organismos como el Institute of Civil Engineering reúnen al equivalente de una decena de colegios de nuestro país (sin contar con la frecuente parcelación autonómica o provincial) acompañando mejor el desarrollo de la vida profesional de un ingeniero a través de distintos ámbitos de especialización y subiendo en niveles de competencia. En otros países europeos, no existe sin embargo reserva alguna para la profesión de ingeniero. Esta heterogeneidad hace paradójicamente más difícil la movilidad dentro del continente que hacia otros países, en contra de los fines que promueve la Unión Europea.

Vengo hablando pues de “ingeniería” pero la realidad es que actualmente el sector funciona como si existieran varias profesiones de ingeniería, si no con cierta desconfianza mutua, sí con escaso interés por aunar sus voces. El organismo que actualmente agrupa más es el Instituto de Ingeniería de España, ya centenario, que reúne a nueve asociaciones de ingenierías superiores, y que podría cumplir el papel de integrar de manera más amplia.

Una instancia única –con sus correspondientes secciones por especialidades, pero no determinadas únicamente por la titulación inicial– permitiría informar y dialogar más eficazmente con los poderes públicos para buscar soluciones a las anteriores dificultades. Probablemente también intervendría positivamente en otros problemas de origen muy distribuido como son la lenta digitalización de parte del sector y, sobre todo, la falta de vocaciones científicas e ingenieriles, que se agudiza entre las mujeres.

La ingeniería moderna llegó con la Ilustración y no ha dejado de contribuir al progreso económico y social, tanto en el ámbito público como en el privado. Para liberarla de ataduras y que pueda servir aún mejor a la nueva agenda de retos globales, que con el horizonte de 2030 recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, necesita un esfuerzo colectivo consistente en una mayor cohesión del sector desde dentro y respaldada por los poderes públicos. Probablemente el proceso de elaboración de una Ley de Ingeniería y los efectos que su aprobación desplegara aportarían el impulso necesario para dar ese paso.

*** Víctor Gómez Frías es ingeniero y profesor en la Universidad Politécnica de Madrid.