El gobierno de la Generalitat de Cataluña ha filtrado su documento Pacto de Estado para solucionar el conflicto entre España y Cataluña. Las 21 exigencias del gobierno de Torra se podrían reducir a muchas menos, dado que se repiten y reiteran los mismos puntos. En cualquier caso, podrían ser exigencias formuladas al propio Torra, que atropella sistemáticamente los derechos de los catalanes.

El documento de la Generalitat incurre en dos graves incoherencias: primero, al presentar como objetivo solucionar el conflicto entre España y Cataluña, cuando en realidad estamos ante un conflicto entre los partidos nacionalistas catalanes que controlan el gobierno en Cataluña y el resto de los españoles (incluyendo a los catalanes que discrepan de su postura). La segunda incoherencia es exigir la separación de poderes, la misma que se pretendía eliminar en la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (artículo 72) auspiciada por los independentistas y anulada por el Tribunal Constitucional.

Si sintetizamos las demandas formuladas por el nacionalismo catalán y se las aplicamos al gobierno de España, tenemos una fórmula ganadora para las próximas elecciones.

1. El Gobierno de España tiene que garantizar el cumplimiento de la ley por parte de todas las instituciones del Estado y en todo el territorio nacional (artículo 137 de la Constitución española), especialmente la no discriminación por causa de opinión o circunstancia personal o social (artículo 14 de la Constitución española).

2. Ratificar la indivisibilidad de la nación española y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas (artículo 2 de la Constitución española).

3. Mantener relaciones institucionales a través de los canales legales establecidos al efecto (artículo 154 de la constitución española y, entre otros, artículo 174 y siguientes del Estatuto de Autonomía de Cataluña), así como las cámaras de representación parlamentaria.

4. Exigir lealtad institucional a las Comunidades Autónomas, empleando a tal efecto el marco legal existente en su plenitud (Constitución española y leyes de desarrollo) sin promover actos de subversión o deslealtad.

5. Investigar sobre el posible abuso y/o ilegalidad cometidos por los gobiernos de las Comunidades Autónomas en su limitación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular, derecho a una educación (artículo 27 de la Constitución española) y derecho a la libertad ideológica (artículo 16 de la Constitución española).

6. Garantizar la separación de poderes, reflejando el espíritu del modelo Constitucional en el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial (artículo 122 de la Constitución española).

7. Cumplir y hacer cumplir las sentencias judiciales en todo el territorio nacional, en particular las sentencias del Tribunal Constitucional en lo relativo al acceso a la educación y la igualdad.

8. Combatir con todos los medios legales disponibles la campaña internacional de desprestigio de España (artículos 97 y 149 de la Constitución española).

9. Desarrollar las reformas legales del poder judicial recomendadas por el grupo GRECO del Consejo de Europa.

10. Garantizar el respeto a los Derechos Humanos en todo el territorio nacional, en particular la no discriminación e igualdad de todos los ciudadanos a la hora de acceder a los servicios, y superando supuestos derechos históricos de los territorios.

11. Garantizar que el estudio de la historia de España se realiza con rigor y carácter científico, sin imposiciones ideológicas o políticas.

12. Revitalizar el espíritu de la Transición y la concordia de todos los españoles.

Si el Gobierno de Sánchez utilizase este decálogo, posiblemente perdiera el apoyo de sus socios de gobierno, pero entonces podría convocar elecciones con una opción ganadora.

*** Alfonso Valero es abogado y 'solicitor' (Inglaterra y Gales) –no en ejercicio-.