Vox y el 23-F: ¿mera coincidencia o declaración programática?

Con todo el ruido mediático que genera el hecho de que Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, ejerza la acusación popular en el llamado “juicio al procés”, está quedando solapada una cuestión para nada menor en esta coyuntura, como es que este partido tenga también previsto celebrar su Asamblea General el próximo 23 de febrero. Para dar esta noticia, la gran mayoría de medios se han limitado a asociar siglas y fecha, porque saben que eso resulta más que suficiente para que cualquier lector entienda lo que ahí se dirime.

Intentar justificar esa elección, como se ha hecho desde medios cercanos, como una simple coincidencia del calendario, puesto que Vox siempre habría celebrado ese acto a finales de febrero, es ignorar deliberadamente que las fechas simbólicas lo son por algo. Las hay que alcanzan el rango de fiesta oficial a nivel nacional, como el Primero de Mayo o el 12 de Octubre, o las múltiples a nivel autonómico. Pero las hay también que no han conseguido el rango de oficialidad pero marcan el calendario cívico y sentimental de la ciudadanía. Y una de éstas y de las más destacadas es el 23 de febrero. Y por eso no tiene sentido solventar el efecto apelando a la simple coincidencia.

El 23 de febrero  de 1981 simboliza –hasta el 1 de octubre de 2017– el intento más serio de subvertir el orden constitucional vigente desde 1978 en España. Aquel día el Congreso fue secuestrado por un destacamento de guardias civiles al mando del teniente coronel Tejero, mientras que en Valencia salieron los tanques a la calle. No fue hasta la madrugada cuando el Rey Juan Carlos I tranquilizó a todos los españoles diciéndonos que la intentona militar estaba en trance de quedar anulada.

Aquí se está jugando con la posibilidad de que todos los partidos políticos y generadores de opinión en España deduzcan que con esa coincidencia Vox quiere mostrar que comprende y justifica a quienes el 23-F trataron de destruir el orden constitucional. Lo cual es de una inconsciencia manifiesta. ¿Por qué alguien se va a exponer a eso si tiene claro que la ideología del partido no debería nunca quedar identificada con los objetivos de quienes protagonizaron, apoyaron y justificaron aquella asonada militar?

Llegados a este punto cabe deducir varias consideraciones. Una primera en cuanto a los hechos que provocaron el 23-F. Recordemos que entonces, como ahora con el procés, estábamos al borde de una quiebra de la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho, deducida no de una rebelión que se pretende pacífica como en el caso actual catalán, sino del ejercicio continuado y persistente del terrorismo con fines separatistas en Euskadi, que en 1979 y 1980 produjo el mayor número de víctimas de ETA en toda su cruel y negra historia, con 84 y 93 asesinados respectivamente. El Estado parecía no ser capaz de reducir semejante sangría y el terrorismo inmisericorde de ETA la verdad es que percutió todo lo que pudo hasta que la reacción militar salió a la calle.

Desde la moción de censura que aupó al gobierno de Pedro Sánchez el 1 de junio pasado, hasta el reciente anuncio del 28 de abril como fecha de las próximas elecciones generales, tanto el nacionalismo separatista como el populismo que quiere acabar con el régimen constitucional han estado sosteniendo al gobierno de un PSOE en minoría parlamentaria. Que el partido de Felipe González y Alfonso Guerra se vea en esta tesitura, a muchos nos parece un auténtico desastre para el país. Y es que ya hemos visto muchas veces cómo los partidos nacionalistas, que tienen en su ideario la independencia de una parte de España, han apoyado mayorías  parlamentarias y sostenido –y derribado– gobiernos, tanto del PSOE como del PP.

Y hemos llegado ya al punto de rechazar de plano que eso se haga para integrar a dichos partidos en el sistema constitucional, porque, mientras, seguimos viendo a esos mismos partidos nacionalistas embarcándose una y otra vez en aventuras secesionistas: y ahora en Cataluña toca el procés y en Euskadi tenemos –en conjunción con Bildu, la coalición que integra a los herederos de Batasuna que siguen sin condenar el terrorismo de ETA– un intento de reforma estatutaria hacia una especie de Estado vasco asociado a España.

Es por ello que si Vox se limitara a poner pie en pared ante el desafío extremo al que se está sometiendo la realidad de España como Estado, muchos lo entenderíamos. Pero jugando con esa identificación frívola y zafia con el 23-F, Vox está a un suspiro de caer en el ridículo más espantoso y de demostrar, una vez más en nuestra historia, que no somos capaces de articular soluciones inteligentes y sensatas como Estado ante estos desafíos independentistas, que no solo han persistido sino que han ampliado sus bases en España desde aquel lejano 1981, cuando una reacción extemporánea y decimonónica pretendió cortar por lo sano y echar abajo los arduos esfuerzos de los padres fundadores del régimen constitucional y autonómico de 1978. 

Ahora sería el momento de que PP y Ciudadanos salieran como un resorte –tendrían que haber salido ya desde que supimos esta coincidencia de fechas– y no quedarse parados y mudos a la espera de recoger sus beneficios, pensando que cuanto más se escore Vox, peor para Vox. Pues se equivocan. Porque los partidos políticos, además de una función de representación de sus electores y militantes, tienen también otra de orientación del electorado y de marcar pautas y señalar caminos. Y si piensan que una iniciativa tan clara contra el espíritu del 78, como es la de Vox jugando a reivindicar la memoria del 23-F, se va a saldar en un fracaso y un aislamiento de Vox, puede que se encuentren con lo contrario: con una inflamación del malestar evidente de la ciudadanía por la incapacidad de los políticos para resolver el problema catalán que engorde aún más las perspectivas de voto a Vox.

Confiar, en una situación tan delicada como la que vivimos en España, en la sensatez de la ciudadanía, cuando los propios partidos actúan de modo tan cortoplacista e interesado, puede resultar temerario e incluso explosivo. Y hay una segunda razón de peso, ya vista en Andalucía, y que desaconseja también la pasividad por parte de PP y Ciudadanos: ¿han pensado cómo van a justificar los acuerdos con Vox, que sin duda van a necesitar tras las elecciones que tenemos encima, después de que el partido del logo verde se haya retratado de esta manera tan escandalosa?

*** Pedro José Chacón Delgado es profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU.