Las trece cesiones de Pedro Sánchez al separatismo catalán

1. El dinero público no es de nadie: haced con él lo que queráis 

Junio de 2018: El Gobierno levanta el control financiero a la Generalidad de Cataluña como "gesto de normalización" tras el fin de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esta fue una de las primeras medidas del Gobierno de Pedro Sánchez tras el triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy.

2. ¿Embajadas del odio? Póngame una docena

Julio de 2018: El Gobierno "asiste con respeto y normalidad" a la reapertura de doce embajadas internacionales catalanas que habían sido cerradas durante la aplicación del 155. La única labor relevante conocida de dichas embajadas es la defensa del procés, la promoción de la independencia de Cataluña y el descrédito de la democracia española en los medios y los círculos diplomáticos internacionales. Sólo el ministro Josep Borrell planta cara. 

3. ¿Y quién soy yo para impedir que Torra insulte a España?

Julio de 2018: El presidente del Gobierno Pedro Sánchez se reúne con Quim Torra en el palacio de la Moncloa mientras este luce un lazo amarillo que insulta al Estado que el presidente representa y defiende la mentira de que España mantiene presos políticos en sus cárceles.

4. Para algo os entregamos la competencia de prisiones

Julio de 2018: El Gobierno de Pedro Sánchez traslada a los presos del procés a cárceles catalanas en manos de la Generalidad. En la práctica, dicho traslado implica que será el Gobierno catalán el que, en caso de condena, decidirá cuándo y cómo disfrutan esos presos de privilegios penitenciarios como el tercer grado. La liberación de Oriol Pujol Ferrusola tras apenas dos meses de cárcel cumplidos de una condena de dos años y medio es un indicio de cómo actuará la Generalidad en el caso de que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y el resto de presos del procés sean condenados por el Tribunal Supremo.

5. Haremos lo posible para que no haya condena; pero si la hay, os indultaremos

Septiembre de 2018: Pedro Sánchez defiende, de manera velada, futuros indultos para los presos del procés con el argumento de que "falta empatía". Otros miembros de su Gobierno, como la delegada del Gobierno en Cataluña Teresa Cunillera o el líder del PSC Miquel Iceta, defienden los indultos de manera más explícita y empiezan a hablar de "soluciones políticas" al conflicto civil provocado por el nacionalismo en Cataluña.

6. ¿No os gusta Edmundo Bal? Pues lo destituimos

Noviembre de 2018: La abogada general del Estado Consuelo Castro destituye a Edmundo Bal, jefe del departamento Penal y responsable de la causa del procés, después de que este se niegue a mentir en el escrito de acusación, a eliminar de él cualquier posible referencia a la violencia independentista y a rebajar la petición de penas para los acusados desde los veinticinco años de cárcel (por delito de rebelión) a los doce (sedición).

7. ¿Escupitajo? ¿Qué escupitajo?

Noviembre de 2018: El diputado de ERC Jordi Salvador escupe a Josep Borrell en el Congreso de los Diputados y sus compañeros de partido afirman no haber visto nada. El Gobierno del PSOE reacciona como si el incidente jamás hubiera ocurrido. 

8. ¿Te molesta la Constitución? No hay problema: la borramos del documento

Diciembre de 2018: Pedro Sánchez escenifica una reunión de igual a igual con Quim Torra en el palacio de Pedralbes de Barcelona y firma un documento en el que se compromete a un "diálogo efectivo" con el objetivo de alcanzar "una propuesta política de amplio apoyo de la sociedad catalana". Del documento, Gobierno y Generalidad eliminan de mutuo acuerdo cualquier referencia a la Constitución española. "La ley es cambiante y la Constitución se puede cambiar" argumentaron fuentes del Ejecutivo para justificar ese "olvido".

9. "España es franquista": mmm… me gusta como suena

Diciembre de 2018: En esa misma reunión, Pedro Sánchez acepta un documento de Quim Torra con veintiuna exigencias del separatismo entre las que se encuentran el reconocimiento del "derecho de autodeterminación" de Cataluña, el fin de las actuaciones judiciales contra los líderes del golpe a la democracia de septiembre y octubre de 2017, el inicio de un proceso de "desfranquización" de España y la renuncia a una hipotética aplicación futura del artículo 155 de la Constitución. Ante el revuelo causado por el hecho de que el presidente no rechazara de plano el documento y se negara siquiera a aceptarlo de manos de Torra, Pedro Sánchez argumenta que este no le compromete a nada.

10. Tocaremos la lira mientras Barcelona arde

Diciembre de 2018: Pedro Sánchez celebra un Consejo de Ministros en Cataluña rodeado de excepcionales medidas de seguridad. Mientras el centro de la ciudad arde y la policía autonómica se enfrenta en violentos choques con los manifestantes separatistas, con un saldo de veinte heridos, Pedro Sánchez aprueba una inversión de 112 millones de euros para las carreteras catalanas y condena el consejo de guerra contra Lluís Companys, el líder de ERC que en 1934 se alzó contra la República para proclamar el Estado Catalán.

11. ¿Para qué queremos Parlamentos si podemos negociar a puerta cerrada entre nosotros y como si el 50% de los catalanes no existieran?

Febrero de 2019: Pedro Sánchez acepta la inclusión de un mediador, o "relator", en una mesa de partidos de la que sólo forman parte los partidos nacionalistas catalanes. Tras el escándalo provocado por la genuflexión del Gobierno del PSOE a una de las principales demandas del separatismo, Pedro Sánchez se desdice de su promesa.

12. Traedme un 65% y en diez años tendréis lo que queréis

Marzo de 2019: Miquel Iceta pone plazo y porcentaje a la independencia de Cataluña: en diez-quince años y con un 65% de los votos a favor. Luego, afirma que si el voto del sí en un referéndum de secesión alcanza ese porcentaje, la democracia "debe encontrar un mecanismo para habilitarla".

13. ¿Desvío de fondos? ¿Qué desvío de fondos?

Marzo de 2019: Cinco consejeros socialistas del Tribunal de Cuentas intentan posponer hasta después de las elecciones del próximo 28 de abril la aprobación del informe que desvela el desvío de 421 millones de euros de los fondos de la Generalidad catalana hacia actividades relacionadas con el golpe catalanista a la democracia y la secesión de la región.