Las 30 obsesiones de EL ESPAÑOL (reiteradas y actualizadas)

Coincidiendo con la jornada de reflexión de estas elecciones generales de 2019, cruciales para el devenir de nuestra Democracia, EL ESPAÑOL reitera y actualiza sus Obsesiones fundacionales. 

Las Obsesiones son 30 dianas a las que el periódico lanza sus dardos. Hay muchas más en nuestro punto de mira, pero optamos desde el principio por hacer una selección para que el lector sepa a dónde apuntamos. 

1.- España y las Españas

España es la morada vital de los españoles. Es también la entidad histórica y política que garantiza los derechos y libertades de todos los ciudadanos, la solidaridad entre sus habitantes y el anclaje con la Unión Europea. Tenemos mucho de lo que enorgullecernos y unas cuantas cosas de las que avergonzarnos. Debemos impulsar un patriotismo transversal basado en los valores constitucionales.

España es una realidad plural, constituida en Estado autonómico como adecuada expresión frente a los vicios del centralismo. Algunos nacionalismos excluyentes plantean abiertamente la segregación de sus territorios, sin importarles en su empeño quebrantar la ley. Consideramos que es inaceptable la independencia de cualquier comunidad sin que lo decidan el conjunto de los españoles o sus representantes.

El interminable proceso de transferencias del Estado a las comunidades autónomas pone en peligro la eficacia del sistema, socava la igualdad entre españoles y amenaza la propia unidad nacional. Creemos que ha llegado el momento de cerrar el modelo territorial concretando las competencias exclusivas del Estado y las que pueden asumir las comunidades autónomas. En aquellas materias especialmente sensibles, como Educación, Medios de comunicación o Prisiones, el Estado debe garantizar de forma activa que su gestión autonómica no se aparta de los valores constitucionales ni del interés general.     

Urge desarrollar el artículo 155 de la Constitución para garantizar la lealtad de los gobiernos autonómicos al principio de legalidad, modulando la retirada de competencias y demás respuestas del Estado en función de la gravedad de las conductas. También debería restablecerse la tipificación penal de la convocatoria de consultas ilegales.

Entendemos al mismo tiempo que todo grupo de ciudadanos debe tener la posibilidad de plantear cualquier aspiración por cauces democráticos. Sería conveniente que la reforma de la Constitución incluyera también la regulación del derecho de secesión, como por ejemplo ha hecho Canadá con la denominada "ley de claridad". Una norma similar debería implicar a las Cortes Generales en ese eventual proceso, estableciendo mayorías cualificadas y otras restricciones para que resultara válido. Esta norma no debería ser de aplicación en caso de producirse un intento de secesión unilateral hasta pasados al menos 30 años del mismo. De igual modo, si llegara a producirse una consulta en los términos establecidos y fracasara, deberían transcurrir tres décadas antes de repetirla.

2.- Otra ley electoral

Seguimos teniendo la ley electoral improvisada en 1977 cuando ni siquiera se había redactado la Constitución. Es una norma que deja el control de diputados y senadores en manos de las cúpulas de sus partidos. Hay que ir a un sistema que recoja más fielmente las preferencias de los ciudadanos, de forma que exista mayor proporción entre los votos y su traslación a escaños.

Cabe establecer un techo del 3% del total nacional de votos para obtener representación en el Congreso, en sintonía con las medidas acordadas en la UE para el Parlamento Europeo.

También debe reforzarse el vínculo entre los diputados y sus electores. El modelo alemán de carácter mixto tendría que ser el ejemplo a seguir: es más proporcional y da opción a elegir de forma directa a una parte de los parlamentarios en circunscripciones uninominales. 

Una comisión independiente debería de regular los debates electorales. La restricción de publicar sondeos los cinco días previos a las votaciones es un anacronismo que hay que eliminar.

3.- Separar al Ejecutivo del Legislativo

No hay democracia auténtica sin una división real de los poderes del Estado. Planteamos avanzar hacia un régimen presidencialista que establezca una separación entre el Gobierno y el Parlamento. Un jefe del Ejecutivo elegido directamente por los ciudadanos tendría un mandato claro para gobernar pero no para legislar a su gusto.

De la misma forma, los parlamentarios tendrían independencia para aprobar leyes y fiscalizar al Gobierno, pero no para determinar su gestión. Es el sistema de equilibrios y contrapesos, habitualmente republicano pero compatible con la Monarquía.

4.- Jueces independientes

Es imprescindible impulsar y proteger la independencia de los jueces frente a las injerencias del poder político. Hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para restablecer el principio constitucional de que sean los magistrados quienes elijan de forma directa a la mayoría de los miembros del CGPJ. El fiscal general debería ser nombrado por una mayoría cualificada del Parlamento y no por el Gobierno.

Por otra parte, una Justicia lenta, incapaz de juzgar a su debido tiempo, no es tal. Hay que agilizar la Justicia dotándola de medios para que actúe con mayor celeridad y eficacia.

5.- Democratizar los partidos

Los partidos están controlados por sus cúpulas, elegidas a menudo a dedo o por simple cooptación. Hay que desarrollar el artículo 6 de la Constitución que establece que su "estructura y funcionamiento interno deberán ser democráticos". Por supuesto, debe estar garantizada la libertad de expresión de los militantes para evitar, como ocurre ahora, que a quien discrepa de la línea oficial se le persiga y aparte con un expediente disciplinario.

Una ley tendría que supeditar las subvenciones que reciben las formaciones políticas a requisitos como la elección de sus líderes mediante el voto de los afiliados, la celebración de primarias para designar los candidatos a cargos públicos relevantes o la limitación de mandatos.

Algunas de estas exigencias habría que extenderlas a los sindicatos y organizaciones empresariales, receptores también de ayudas públicas. Al igual que los partidos, estos colectivos han perdido legitimidad social por su anquilosamiento y por cobijar prácticas irregulares.

6.- Combatir la corrupción

La corrupción encuentra el campo abonado allí donde hay opacidad. La sociedad tiene que poder examinar la gestión de los servidores públicos y debe poder acceder de forma sencilla a cualquier información relevante. Las leyes de transparencia han de hacer justicia a su nombre y transformar los muros de la Administración en paredes de cristal.

Para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones debe acometerse una reforma de la Ley de Contratos del Estado que elimine la arbitrariedad en la toma de decisiones. Hay que reforzar las garantías de imparcialidad y correcto funcionamiento de la Administración devolviendo el protagonismo a funcionarios de carrera que han sido sustituidos por personal de confianza y de libre designación.

Ningún dirigente beneficiado por la financiación ilegal de su partido debería poder volver a presentarse a las elecciones. Hay que perseguir así mismo a los corruptores, prohibiendo que las empresas que resulten condenadas con sentencia firme participen en concursos públicos.

El Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado, del sector público y de los partidos políticos, tiene que estar formado y dirigido por funcionarios de carrera. Sólo así quedará garantizada su independencia.

Hay que acabar, por otra parte, con el aforamiento de los parlamentarios, de manera que su protección se circunscriba a su actividad estrictamente política.

7.- Adelgazar la Administración

Los gobernantes han creado un aparato elefantiásico pensando más en intereses políticos que en el servicio a los ciudadanos. El resultado es una Administración cara, sobredimensionada e ineficiente.

Se debe reducir de forma drástica la capacidad de los cargos públicos para contratar asesores.

Urge acabar con la duplicación de competencias y suprimir órganos redundantes como los consejos jurídicos consultivos, tribunales de cuentas o defensores del pueblo autonómicos. Se impone la disminución del número de parlamentarios regionales y la supresión de las diputaciones provinciales, cuyas competencias debe asumir la Administración autonómica.

Hay que plantear en serio la reducción de ayuntamientos, obligando a fusionarse a los municipios que no alcancen los 5.000 habitantes.

La Administración tiene que aprovechar las nuevas tecnologías para aligerar su aparato y ahorrar tiempo y dinero al ciudadano. La máxima debería de ser: más internet, menos ventanilla.

8.- Bajar los impuestos

La presión fiscal en España se sitúa en torno al 34%, unos cinco puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Como consecuencia de la economía sumergida, los altos niveles de fraude y las altas tasas de paro, la Administración aprieta a los ciudadanos en el IRPF. Pero una carga tributaria superior al 50% de los ingresos, como la que soportan muchos contribuyentes, convierte los impuestos en un arma confiscatoria en manos del Estado. Lo lógico sería establecer un techo para el IRPF de manera que no excediera en ningún caso del 40%.

El récord de ingresos en España se ha conseguido bajando los tipos impositivos y la tasa de paro. Deben suprimirse el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Es un abuso someter a tributación un patrimonio por el que ya se han satisfecho cargas impositivas desde su gestación hasta el momento de ser legado.

Habría que aplicar incentivos fiscales en el mundo rural para evitar el grave problema de despoblación, que está generando ya graves desequilibrios en el territorio.

Hay que combatir de forma más resuelta el fraude a Hacienda y la economía sumergida. Cabe incentivar el pago con tarjeta -fiscalmente incontrovertible- en detrimento de las transacciones en efectivo. 

9.- La sostenibilidad de las pensiones

O se fomenta la natalidad de manera decisiva o de ninguna forma habrá cotizantes suficientes capaces de hacer frente al pago de las pensiones. Además, éstas no sólo son cada vez más elevadas, sino que se pagan durante más tiempo, pues afortunadamente España se encuentra entre los países con mayor esperanza de vida del mundo.

Así pues, el futuro del sistema pasa por una política racional de acogida de inmigrantes cualificados que, además, pueden ayudar a resolver el problema de la despoblación. Tampoco se puede dilatar más la adopción de sistemas complementarios de pensiones que contemplen la iniciativa público-privada. En el mejor de los casos, los ciudadanos que se acojan a estas modalidades tendrán mayores ingresos durante sus años de jubilación. En el peor, estarán más protegidos ante una eventual quiebra del sistema.

10.- Multas de tráfico proporcionadas

La Administración ha encontrado en las multas de tráfico -tanto en vías urbanas como en carretera- una vía fácil para obtener ingresos. La mayoría de infracciones sancionadas con cámaras, radares y controles estratégicamente situados, no suponen peligro alguno para el conductor ni para el resto de automovilistas. Lo que se persigue no es la seguridad vial sino la recaudación.

Las multas tienen que recuperar su verdadero sentido como freno a las conductas imprudentes y guardar, en su cuantía económica, proporción con la falta cometida. Para lograrlo, podría establecerse que las sanciones fueran progresivas, de forma que la primera resultase menos gravosa y su cuantía fuera aumentando en adelante, con lo que se prevendría la reincidencia. Habría que señalizar bien los puntos negros y las zonas particularmente sensibles -como las escolares-, y ahí sí, ser particularmente vigilantes.

11.- Mejor enseñanza con más inglés

Las leyes de Educación deberían necesitar de un apoyo amplio del Parlamento para poder ser aprobadas. El listón podría situarse en dos tercios de la Cámara. Esta fórmula permitiría, en la práctica, alcanzar un gran pacto nacional por la educación, lo que evitaría modificaciones en la normativa a cada cambio de Gobierno.

España viene invirtiendo ingentes cantidades de dinero público en la enseñanza sin que ello se traduzca en una mejora de su calidad. Hay que reestructurar el sistema, garantizar la escolaridad temprana (de 0 a 3 años), moldear la secundaria según las aptitudes de los alumnos y romper la endogamia para que las universidades sean viveros de talento y cualificación profesional.

Hay que ir también a una armonización de programas. No es serio que en cada autonomía se estudie la Historia con versiones distintas -o incluso opuestas- de unos mismos hechos.

El Estado debe garantizar la libertad de los padres para elegir el centro y el modelo educativo que quieren para sus hijos: público, concertado o privado.

Uno de los síntomas del fracaso de nuestro modelo educativo es la baja capacitación en inglés de los españoles. El inglés, como lengua de comunicación internacional, debería ser una prioridad a todos los niveles. Hay que fomentar la exhibición de películas en versión original subtitulada, tanto en cine como en televisión.

Podría implantarse un sistema de intercambio de maestros con países anglófonos, de manera que los educadores tuvieran una inmersión real. Eso facilitaría también que los niños recibieran clases con profesores nativos.

12.- Libertad en la lengua vehicular

En algunos lugares de España las lenguas han dejado de ser un instrumento de comunicación de las personas y se han convertido en una herramienta política. Para evitar imposiciones y asegurar el bilingüismo donde lo hay -ésa y no otra es la auténtica normalización- debe quedar garantizada la libre elección de lengua vehicular en la enseñanza y en las relaciones de los ciudadanos con la Administración.

Todos los españoles tienen derecho a estudiar en castellano, y todos los centros educativos deberían ofrecer enseñanza suficiente en la lengua común. Es intolerable que haya comunidades autónomas en las que la lengua oficial del Estado está marginada.

13.- Racionalizar los horarios

Hay que legislar para lograr una jornada laboral más apropiada que favorezca el aumento de la productividad y aumente la calidad de vida de las personas.

España tiene unos horarios muy distintos al resto de Europa: se sale tarde del trabajo y se retrasan en exceso la comida y la cena. Eso condiciona la vida familiar. Hay que fomentar la jornada continua, suprimir la parada del desayuno y reducir la hora de la comida para ganar tiempo para el ocio.

Además, nuestra hora oficial no coincide con la hora solar. Utilizamos el horario de Europa central pese a que la mayor parte de España queda al oeste del meridiano de Greenwich. Habría que retomar el huso horario que nos corresponde: el mismo que Portugal y Reino Unido, y el que ya tienen las Islas Canarias.

14.- Reducir el paro juvenil

Un país que quiere mirar el futuro con confianza no puede tener a la mitad de sus jóvenes en paro. Todo Gobierno debe presentar un plan de choque que impulse la contratación de menores de 30 años. Hay que simplificar el mercado laboral con un contrato único que facilite la gestión al empresario y dé mayores garantías y seguridad al trabajador.

15.- Apoyar a los emprendedores 

Ser emprendedor sigue siendo hoy en España una carrera de obstáculos: lejos de encontrar facilidades, todo son trabas y trámites burocráticos que se eternizan en los despachos. Hay que simplificar de una vez los procesos administrativos para fundar empresas, que son la base de la riqueza de un país.

Es necesario facilitar a los emprendedores el acceso a financiación y evitar su asfixia económica en las épocas de bajos resultados. Los autónomos cuyos ingresos reales estén por debajo del salario mínimo deberían estar exentos del pago de cuotas. 

16.- Igualdad para las mujeres en todos los ámbitos

España es el segundo país de la UE con mayor tasa de paro femenino, sólo superado por Grecia. Además, la brecha salarial entre hombres y mujeres, aunque es un rasgo común a la mayoría de los países desarrollados -como consecuencia, entre otros motivos, de las implicaciones laborales de la maternidad-, también es mayor en el nuestro.

Estamos ante una injusticia social. El número de mujeres graduadas en educación superior en España supera ya en casi un 30% a los hombres, aunque el sesgo de género prevalece en las llamadas carreras STEM, vinculadas a la ciencia y la tecnología. Hay que impulsar, por lo tanto, las políticas de igualdad en todas las esferas, fomentando su inclusión en las agendas públicas.

17.- La violencia de género y la violencia doméstica

La violencia de género es una lacra persistente abordada y combatida por la Ley Integral vigente. La gravedad del problema, reflejada en el número de víctimas a manos de sus parejas o exparejas, hace necesario perseverar en esta lucha y desarrollar sus instrumentos legales, tal y como fueron consensuados en el Pacto de Estado.

Frente a quienes reclaman la derogación de esta ley alegando presuntos motivos igualitarios, propugnamos su perfeccionamiento mediante la modificación de aquellos artículos del Código Penal -153 y 173- que en supuestos muy concretos establecen penas diferentes en función del sexo del agresor.

También proponemos la modificación del protocolo policial, ajeno a la ley, que desemboca casi automáticamente en la detención del denunciado, al tiempo que abogamos por la regulación de alternativas que garanticen la seguridad de la denunciante hasta la celebración de la vista sobre la orden de protección.

Complementariamente a esta lucha contra la violencia de género, la sociedad debe reforzar las medidas destinadas a combatir, con los cambios legales necesarios, el resto de las manifestaciones de violencia doméstica y en el ámbito familiar, así como las que sufren personas dependientes por parte de sus cuidadores. 

18.- Atención a los mayores

Las personas mayores deben ser una prioridad, y no sólo desde el punto de vista asistencial, sino por su aportación valiosa a la sociedad. Hay que atrasar de forma flexible la edad de jubilación, estimulando la participación de los mayores en todo tipo de actividades, ya sean de carácter profesional o social.

19.- Igualdad sanitaria y colaboración público privada

Todos los ciudadanos españoles deben tener derecho a las mismas prestaciones sanitarias, independientemente del territorio en el que residan. Además, un paciente nunca tendría que sentirse desprotegido en una región que no sea la suya. Hay que implantar una sola tarjeta sanitaria en todo el país.

La mayor esperanza de vida y el envejecimiento de la población obligan a un nuevo impulso de la atención sanitaria. Para garantizar la universalidad del servicio y ocuparse adecuadamente de las personas reduciendo las listas de espera es necesario poner a disposición del sistema todos los recursos disponibles. Eso implica avanzar en la colaboración público-privada con modelos de gestión flexibles.

20.- Derecho a muerte digna y eutanasia

Los avances médicos posibilitan hoy alargar la vida de enfermos terminales con, en ocasiones, gran padecimiento para los afectados. En estos casos es fundamental que los cuidados paliativos estén a disposición del paciente, porque permiten conllevar el sufrimiento y, en último término, afrontar la muerte con dignidad.

Hay que regular la eutanasia de acuerdo bajo el principio de que la voluntad del individuo debe estar perfectamente constatada. Su aplicación tiene que realizarse bajo el control de los tribunales y con supervisión médica.

21.- Más Europa y más América Latina

España tiene que hacer causa común con los países que apuestan por dar un nuevo impulso a la Unión Europea. Sólo unidos, los europeos podrán recuperar su posición estratégica y tener voz y protagonismo en el nuevo orden mundial que se está configurando. Para ello es imprescindible superar el déficit democrático de la UE, reducir su burocracia y establecer una política económica común en la zona euro.

El brexit debe ser un estímulo para buscar mayor cohesión y avanzar hacia los Estados Unidos de Europa.

El compromiso con Europa no ha de ser obstáculo para intensificar las relaciones con Latinoamérica, con la que constituimos una comunidad de más de 400 millones de hablantes con singulares lazos históricos y afectivos. España tiene que hacer valer en Bruselas ese vínculo privilegiado.

22.- Las víctimas del terrorismo

La memoria y el respeto hacia quienes han sufrido la barbarie terrorista no pueden languidecer por el hecho de que hayan cesado el secuestro y el tiro en la nuca. Las monstruosidades que ETA y otros grupos terroristas han cometido en España y el sacrificio de sus víctimas no pueden ser amortizadas por el presentismo.

La pervivencia de la amenaza yihadista y el ascenso de fuerzas políticas que insisten en situar en un mismo plano a asesinos y asesinados, añade motivos para reforzar la protección de las víctimas. Ellas son el mejor estandarte para deslegitimar social y políticamente cualquier proyecto totalitario.

Las autoridades tienen que esforzarse por resolver los crímenes de ETA aún pendientes de esclarecer, de la misma forma que están obligadas a investigar cualquier elemento que contribuya a clarificar en todos sus extremos los atentados del 11-M.

Hay que prohibir que cualquier imputado o condenado por pertenecer a banda armada pueda acceder a un cargo público.

23.- Evitar la muerte de inmigrantes

La tragedia que supone que miles de personas desesperadas mueran cada año intentando alcanzar Europa no puede resultarnos ajena. España, por su situación geográfica, conoce bien el problema. El asunto hay que abordarlo con realismo: es imposible acoger a todas las personas que están dispuestas a abandonar sus países. Ningún Estado del mundo permite la libre entrada en su territorio porque los efectos serían catastróficos.

Cabe actuar en la prevención, invirtiendo en los países de origen de los inmigrantes, ofreciendo información y cerrando acuerdos con sus autoridades para regular flujos asumibles. También hay que combatir a las mafias del tráfico de seres humanos. Se trata, pues, de una política que por su alcance y envergadura debe coordinarse dentro de la Unión Europea.

24.- Proteger el bosque, repartir el agua

Conservar la naturaleza y aprovechar bien sus recursos deben ser dos caras de una misma moneda. Recuperar masa forestal ha de ser una prioridad en un país como España, en grave riesgo de desertización. Salvar el bosque es preservar la riqueza de nuestra biodiversidad, la flora y la fauna. De la misma forma, hay que actuar en el mar, restringiendo zonas a la pesca para que nuestras aguas no acaben esquilmadas.

El agua es vital para la economía y la cohesión de un país. En España está mal repartida. Su gestión tiene que ser una competencia nacional. Sólo con visión de Estado, a través de un Plan Hidrológico Nacional, se puede contribuir a una mejor distribución de los recursos hídricos.

25.- Energías renovables y coche eléctrico

El progresivo deterioro del medio ambiente es inquietante en todo el mundo y se ha agravado como consecuencia del calentamiento global. España tiene que ser ejemplar en la reducción de emisiones y en el ahorro energético.

El coche eléctrico es una opción realista. Habría que fomentar su uso dando facilidades a la compra y al despliegue de estaciones de carga de baterías. Su implantación es el ejemplo de lo que debería ser la transición hacia un modelo energético sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental.

Sin embargo, nos encontramos en una situación de transición y, teniendo en cuenta la colosal importancia de la industria automovilística en España, conviene mantener la neutralidad tecnológica y no perder de vista otras alternativas sin emisiones.   

Hay que modernizar el parque de sistemas de calefacción, causante de altas emisiones contaminantes en las ciudades, así como fomentar ciertas modalidades de autoconsumo basadas en energías renovables allí donde sea viable.

Hay que seguir invirtiendo en la investigación y promoción para intentar alcanzar un modelo basado en energías limpias, en las que España es rica. No podemos permitirnos producir menos energía solar que Alemania o Reino Unido, como ha sucedido hasta ahora.

26.- Internet para todos, internet neutral

En la era de la comunicación hay que facilitar la conectividad y seguir invirtiendo en infraestructuras. Si bien España es un modelo de despliegue de fibra y móvil para toda Europa, las autoridades deben hacer un esfuerzo facilitador para que la oferta de conectividad sea adecuada en cobertura y ancho de banda también en espacios rurales, en los que no existen suficientes incentivos para la inversión.

Las operadoras de telecomunicaciones deben garantizar la no discriminación en el envío y recepción de datos. Los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y únicamente bajo mandato judicial podrá ser intervenido.

Hay que considerar los datos de cada persona como parte de su patrimonio, y preservarlos en consecuencia. Su comercialización o puesta a disposición de terceros debe ser autorizada expresamente. El Estado está obligado a proteger en este apartado a los ciudadanos para evitar que sean víctimas de la voracidad de las compañías tecnológicas.

El problema es que si bien las operadoras están sometidas a dichas intervenciones, empresas como Facebook no lo están, y servicios como Whatsapp o Telegram están completamente libres de supervisión. Esto contribuye a la creación de territorios sin ley blindados de la acción de la Justicia. 

27.- Libertad en la televisión, acabar con el duopolio

Los políticos tienen que dejar de contemplar la televisión como un instrumento de propaganda a su servicio. En la concesión de franjas del espacio radioeléctrico se debe fomentar el pluralismo. Habría que cerrar todas las televisiones públicas que no aporten provecho y supongan un agujero para el erario.

Deben evitarse los procesos de concentración en el mercado televisivo. La situación generada en España obliga a revisar las concesiones o a promover nuevas adjudicaciones de canales privados para aumentar el número de actores y garantizar así el pluralismo. Mientras persista el duopolio actual, RTVE debe volver al modelo mixto de financiación, recuperando la explotación de la publicidad.

Por otra parte, hay que propiciar el aumento del ancho de banda para impulsar la distribución de contenidos televisivos a través de internet. 

28.- Fomento de la competencia en todos los sectores clave 

Es necesario redefinir y fortalecer las autoridades de Competencia para evitar la cartelización de la economía. Conviene refundar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un regulador fallido que ha sido incapaz de imponer sus tesis. Para ello habría que crear,  por un lado, reguladores sectoriales fuertes e independientes que actúen con un gran conocimiento y con autoridad para atender las demandas de los consumidores. Y por otro, implantar una autoridad de Competencia capaz de luchar contra la formación de cárteles, evitando que ciertos gremios, como el del taxi, eternicen sus privilegios e impidan la entrada de nuevos competidores. Esta autoridad, además, debería asegurarse de que los nuevos agentes disruptivos no tengan ventajas injustas, ayudando a que se cumpla el principio de “misma actividad, mismas reglas”. 

29.- Contra la mala educación

En España se grita en lugares públicos, se insulta en los lances de tráfico, se silban los himnos, se circula con motocicletas ruidosas incluso a horas intempestivas, se aparca en doble fila por sistema, se dejan los excrementos de los perros en la vía pública, se escupe en el empedrado, en los bares se arrojan al suelo las cáscaras de crustáceos, se olvida usar el desodorante aun en plena canícula, se tutea a cualquier desconocido, se injuria y blasfema en los recintos deportivos... Por desgracia en eso aún somos diferentes. La mejora del civismo debe ser un empeño de todos: de la Administración y de los propios ciudadanos.

30.- La Ñ

El español es la lengua que nos abre las puertas de un continente entero y nos proyecta al mundo, donde lo hablan ya cerca de 600 millones de personas. La Ñ es un símbolo de su riqueza en la medida en que representa con una sola letra un fonema para el que otros idiomas necesitan dos. A todos los españoles nos interesa que los grandes actores de internet incluyan la Ñ en sus sistemas operativos y que la Unión Europea proteja e impulse su utilización.