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El inexplicable posicionamiento de Podemos ante el derecho a decidir
El autor repasa varios momentos en los que partidos nacionales de izquierda se han opuesto a movimientos independentistas, como en China, Bolivia o Venezuela.
El otro día un amigo me prestó un libro con un título tan arriesgado como sugerente: Los próximos 100 años de Georges Friedman. Me llamó la atención que, al exponer los acontecimientos pasados que podrían repetirse en el futuro, el autor hiciera referencia a la Guerra Civil China (1927-1949). Esta contienda enfrentó a las regiones independentistas de la costa, ricas gracias a la comercialización de sus productos con Occidente, con las paupérrimas regiones del interior. Mao Zedong, líder del Partido Comunista Chino, se posicionó a favor de estas últimas y luchó contra la insolidaridad de las regiones costeras, apoyadas por el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek. Este posicionamiento resultó del todo coherente con una ideología que defiende a los desfavorecidos frente al abuso de los poderosos.
Las pretensiones independentistas de las regiones ricas frente a los Estados a los que pertenecen han sido muy habituales a lo largo de la historia. Son muchos los ejemplos existentes y, de forma mayoritaria, los partidos nacionales de izquierda se han posicionado en contra de los independentistas. Dos ejemplos de esta situación se han producido recientemente en el continente americano, más concretamente en Bolivia y en Venezuela.
Santa Cruz es uno de los nueve departamentos que forman el Estado Plurinacional de Bolivia. Es el motor de la economía boliviana. Aporta al estado el 40% de sus ingresos, supone el 30,6%, del PIB boliviano y representa el 50,7% de las exportaciones totales del país. El 4 de mayo de 2008 las autoridades de Santa Cruz realizaron un referéndum autonómico en el que un 85,9% de los votantes lo hizo a favor del proceso. Estos resultados llevaron al Prefecto de la región, Rubén Costas, a declarar: "Hoy nace la Bolivia autonómica, la Bolivia digna y soberana; iniciamos el camino hacia una nueva República”. La reacción del presidente Evo Morales, líder del Movimiento al socialismo, no se hizo esperar. La votación fue descalificada por su Gobierno y se produjo en medio de incidentes que causaron al menos 35 heridos.
Zulia es uno de los veintitrés estados que, junto con el Distrito Capital y las Dependencias Federales, forman la República Bolivariana de Venezuela. Su economía depende básicamente del petróleo y del gas natural, obteniendo el 80% de la producción nacional. El movimiento de Santa Cruz movilizó a determinados sectores de Zulia a reivindicar su propio referéndum de independencia. La respuesta del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, líder del Partido Socialista Unido, fue contundente. Preguntado en rueda de prensa el 10 de mayo de 2008 sobre su opinión ante un hipotético referéndum de independencia en Zulia instó a la oligarquía zuliana a que fuera buscando las armas, porque "esto sería causa de guerra, ya que nosotros no toleraremos que nos dividan Venezuela". Evidentemente, el referéndum nunca se celebró.
Las pretensiones de los independentistas catalanes no parecen diferenciarse demasiado de las de otras regiones ricas
La principal reivindicación económica de los independentistas catalanes ha consistido en denunciar el desequilibrio fiscal existente entre Cataluña y el Estado, lo que dio origen al tan famoso como dudoso eslogan de España nos roba. Las pretensiones de los independentistas catalanes no parecen diferenciarse demasiado de las de otras regiones ricas. Lo que si resulta sorprendente es que, ante las reclamaciones económicas de los independentistas catalanes, Podemos se haya posicionado a favor del derecho a decidir, adoptando una postura antagónica a la de dos gobiernos especialmente admirados por los líderes de la formación política.
Cataluña no aporta ingresos al Estado como región sino que son sus empresas y sus ciudadanos los que lo hacen a través de los impuestos que pagan en función de su riqueza. Resultaría sorprendente que la izquierda apoyase a un grupo de ciudadanos ricos que denunciaran que el Estado les robaba por tener que pagar en impuestos un valor superior a los servicios que personalmente reciben.
En última instancia, si se acepta que una región rica pueda aportar al Estado lo que recibe, arrogándose el derecho a independizarse si se le pide más, dicho Estado deberá renunciar a cualquier política de redistribución de la renta entre los ciudadanos de sus distintas regiones, obligándose a asumir una restricción que debería resultar inaceptable para cualquier mentalidad mínimamente progresista.
*** Joan Franquet es profesor universitario de Economía.
