Las razones económicas por las que Cs no puede investir a Sánchez

¿Puede el aleteo de una mariposa en Teherán provocar un tsunami en España? Parece sumamente improbable, pero un torpedo en el golfo Pérsico podría no solo hundir un petrolero sino disparar el precio del petróleo. Y este segundo efecto mariposa sí podría generar un tsunami en la economía española. Somos una de las economías occidentales más dependientes del precio y del suministro de crudo. Pero no es el único factor, completamente fuera de nuestro control, que nos puede perjudicar. 

Pensemos en la ya nada descartable hipótesis de un brexit duro: esto perjudicaría de forma notable al turismo británico en España. Por supuesto, perjudicaría a nuestro comercio con el Reino Unido. Y bien, quizás no seamos el país más perjudicado, pero que los países con los que más comerciamos -como Portugal, Francia o Alemania- salgan hasta incluso más perjudicados que nosotros sólo nos traería efectos negativos de segunda ronda. Y por supuesto, no hace falta haberse comprado recientemente un móvil Huawei para darse cuenta de que la guerra comercial de nueva generación entre Estados Unidos y China, que parece una cuestión lejana, claro que nos afecta y no precisamente para bien.

Este panorama internacional nos afecta mucho más que antes, en la medida en que nuestra economía está mucho más internacionalizada. Es cierto que seguimos creciendo, pero hay varios desafíos a los que no estamos haciendo frente. El más obvio es que después de diez años seguimos teniendo un elevado déficit público estructural: traduciendo, nuestras Administraciones Públicas siguen gastando más de lo que ingresan de forma continua. Es cierto que nos estamos financiando con bastante comodidad, pero eso no es más que un efecto de la política monetaria extremadamente laxa del Banco Central Europeo. ¿Durante cuánto tiempo se mantendrá?

Esta cuestión es clave para España. Nuestra deuda pública se acerca al 100% del PIB, de todo lo que producimos en un año. Para España, cada punto que suban los tipos de interés se traduce, a medida que va venciendo la deuda, en un gasto de unos 12.000 millones de euros anuales. Ahora bien, la política monetaria del Banco Central Europeo para quien es crítica es para Italia, ya que la deuda pública italiana ronda ya el 130% de su PIB, que es más elevado que el nuestro.

Pensemos que, incluso en esta situación de enorme liquidez en Italia, el Estado no consigue pagar en un plazo de 60 días a sus acreedores, y en consecuencia lo que se plantea es emitir pagarés al portador, denominados mini-bots, lo que en la práctica es una nueva moneda. Además, el Gobierno italiano de Salvini y Maio sólo contempla una medida para aumentar los ingresos, después de descontrolar aún más el déficit, una nueva amnistía fiscal (después de las varias de Berlusconi)…

Ante todo esto, además de exigir un mínimo de disciplina fiscal a Italia -por la cuenta que nos trae a todos-, España también debería hacer una política distinta de la que está practicando. Porque los últimos datos, justo cuando salimos oficialmente del procedimiento de déficit excesivo, son particularmente preocupantes. Por una parte, según la Intervención General de la Administración del Estado "a finales del mes de abril, el déficit del Estado en términos de la contabilidad nacional ha sido de 8.195 millones, cifra superior en un 39,0% a la registrada en el mismo período de 2018, como consecuencia de un avance del gasto del 3,8%, no acompañado de mayores ingresos". 

Por otra parte, esto es simplemente consecuencia de que el gasto computable a efectos de la regla de gasto -es decir, el gasto discrecional del Estado- ha crecido en el primer trimestre un 11,1%. Este incremento del gasto discrecional, que excluye desempleo, intereses de la deuda y transferencias entre Administraciones, creció en las Comunidades Autónomas al ritmo del 6%.

Mientras todo esto ocurre, la recaudación acumulada total de todos los impuestos de la Agencia Tributaria cayó a 30 de abril un 0,4%, frente a una previsión en los Presupuestos rechazados por el Congreso de que esa recaudación crecería un 9,5% en 2019. Esta caída es la primera vez que ocurre desde 2016, pero en ese año lo que hubo fue una importante rebaja de impuestos, que obviamente no se ha producido en 2019. En resumen, nuestro panorama fiscal, siendo suaves, no apunta precisamente a que estemos  reduciendo el déficit. Y aquí no estamos hablando de riesgos, que se pueden materializar o no, sino de datos oficiales acumulados de cuatro meses.

Ante una coyuntura en la que sólo afrontamos riesgos a la baja, que además son importantes, ya no es que el Gobierno en funciones de Sánchez no se plantee reformas, es que simplemente está incrementando la principal debilidad de la economía española: el desfase entre ingresos y gastos públicos, tanto actual (déficit público) como acumulado (deuda pública).

Si usted cree que una debilidad aún mayor que la fiscal es la del empleo, puede que tenga razón. Pero ahí, lo que ha hecho el Gobierno es incrementar cotizaciones, mínimas y máximas, aumentar la burocracia y los costes en las empresas con el registro obligatorio de jornada, y aumentar el salario mínimo un 22%, lo que según el Banco de España puede suponer la destrucción de 125.000 puestos de trabajo. Todo esto con una tasa de paro (EPA) del 14,7%, la segunda más elevada de Europa.

En una coyuntura algo mejor, el Gobierno de Sánchez presentó unos Presupuestos Generales del Estado para 2019 pactados con Podemos que no cuadraban, subían los impuestos y no cumplían ni con los españoles ni con Europa. Desde Ciudadanos presentamos enmienda a la totalidad y votamos en contra.

Ahora, el Gobierno quiere volver a presentar unos Presupuestos similares, pactados con Podemos y probablemente con Iglesias como ministro. Ahora, algunas voces piden que nos abstengamos en la investidura de Sánchez. Sin entrar en la cuestión territorial, en la que estamos en absoluto desacuerdo con la política y las alianzas de Sánchez, me surge una pregunta: ¿los mismos que nos piden que nos abstengamos apoyarán los Presupuestos de Sánchez pactados con Podemos, incluso aunque fuesen ejecutados en parte por ministros de Podemos? 

Por otra parte, no perdamos de vista que el Gobierno en funciones está ejecutando los Presupuestos de 2018, derivados del acuerdo PP-Cs, prorrogados. No se puede pretender que los Presupuestos se vuelvan a prorrogar para 2020. Esto sería un desastre, como ya lo eran las cuentas de Sánchez, que simplemente no cuadraban. De hecho, un síntoma de la desastrosa situación política en Cataluña es que los Presupuestos que se están ejecutando son los de 2017, y que lo más probable es que no se puedan aprobar los de 2020 este otoño. Cataluña tiene los Presupuestos más elevados entre todas las Administraciones en España sólo después del Estado y la Seguridad Social. Y por supuesto, esto unido a la fuga de empresas ante el golpe a la Democracia está siendo también un lastre económico.

España necesita reformas que potencien la competitividad de nuestras empresas y el crecimiento económico ante un entorno internacional cada vez más turbulento. Pero aún resulta más evidente que no podemos continuar con un déficit sin control y que hay que tener unos Presupuestos actualizados y que cuadren. Y por supuesto, tenemos que atajar el gravísimo problema de deslealtad institucional en Cataluña. Ese problema no se resuelve negociando con presuntos golpistas, sino aplicando las leyes y restableciendo la normalidad institucional y, sobre todo garantizando los derechos de todos en Cataluña. 

Si no hay una propuesta de acuerdo para abordar todo esto, aunque no se comparta en muchos aspectos, desgraciadamente no se puede esperar que ni Ciudadanos ni cualquier partido que se presuma constitucionalista y mínimamente sensato en política económica faciliten con su abstención, y menos aún con su apoyo, la investidura y luego los Presupuestos de Sánchez: sería dar un cheque en blanco a cargo del bolsillo de los españoles… y estoy convencido de que, para eso, no nos votaron más de cuatro millones doscientos mil ciudadanos.

*** Francisco de la Torre Díaz es diputado y responsable de Hacienda de Ciudadanos e inspector de Hacienda (SE).