La renta básica: una utopía para nuestro tiempo

Philippe Van Parijs, que es a la vez el principal investigador y un paciente activista de la renta básica, utiliza este evocador subtítulo de “utopía de nuestro tiempo” en su última obra, que no dedica a la renta básica sino a su Bélgica natal (y tiene también mucho interés para los españoles). Pero también encaja perfectamente para esta política pública que cada vez está más presente en el debate social.

Una renta básica es una transferencia monetaria periódica universal (aunque se puede modular por edades o que se limite a los nacionales o quienes cuenten con un cierto número de años de residencia), individual e incondicional (no se limita por el nivel de ingresos ni la situación laboral). Su función primera es asegurar una digna calidad de vida a todas las personas pero, a diferencia de otros programas basados en prestaciones en especie o en garantías de ingresos (completar al que le falta), pretende por su universalidad eliminar el estigma de la asistencia, la ineficacia y el coste de la burocracia así como los desincentivos para buscar ocupaciones remuneradas que puedan suponer perder sus prestaciones.

Y en efecto, además de las desigualdades territoriales presentes también en otras políticas públicas, el sistema de ayudas vigente en España es calificado por estudiosos, gestores y beneficiarios como deficiente por complejo, heterogéneo, ineficaz y burocrático. Prácticamente cualquier ciudadano o extranjero en situación regular puede conseguir hoy una ayuda de unos 430 euros si acredita que no tiene otros recursos, pero la compleja casuística llena de solapes, parches y farragosos procedimientos tanto para la Administración como para el perceptor provocan trámites costosos y con frecuencia indiscretos, injusticias entre casos equivalentes, personas necesitadas que no conocen sus derechos. Y, sobre todo, se crea una gran trampa de la pobreza para muchos que se refugian en compaginar unas ayudas escasas con los ingresos de una pequeña ocupación irregular, antes que arriesgar a perder todo por un trabajo que no saben cuánto puede durar y la incertidumbre de si recuperarían las ayudas.

El automatismo que caracteriza a la renta básica evitaría todas estas dificultades. Obviamente el problema que surgiría es el aumento del gasto público al conceder ayudas a millones de personas que hoy no las reciben y que en muchos casos no las necesitan. Junto a Javier Díaz hemos calculado el coste para nuestro país de universalizar esa transferencia de 430 euros para todos los adultos (y, para los menores, un 30% de esa cantidad), reduciendo a su vez las prestaciones –contributivas o no– que cada persona recibe hasta ese nivel.

En función de ciertas hipótesis, el gasto público adicional subiría entre el 8% y el 11% del PIB. Algunos opinarán que no es tanto porque es el orden de magnitud de lo que España se encuentra por debajo de la media europea. Pero, aunque es un gasto público que se destinaría al bolsillo de los ciudadanos y por lo tanto podría dinamizar la economía, un aumento de la presión fiscal incluso gradual de ese nivel no es realista sin que antes hubieran dado resultados profundas reformas que resuelvan nuestras carencias de productividad y el escaso tamaño de nuestras empresas.

Por eso, convendría estudiar distintas alternativas de financiación. Una primera propuesta es acompañar esa renta básica de un tipo único en el IRPF, que estimamos que se situaría en torno al 38%. Como se ve es inferior al marginal de los ingresos más altos pero superior al que actualmente pagan quienes tienen menos, pero el efecto combinado de recibir la ayuda neta de la renta básica (que representa proporcionalmente mucho para los que menos tienen) supondría un aumento medio de la presión fiscal en España de menos del 3% del PIB y donde además el 80% de quienes menos tienen serían ganadores netos y solo implicaría un efecto neto negativo para quienes integran el grupo del 20% de mayores ingresos.

Una segunda opción sería recuperar vía el propio IRPF, de forma progresiva, el importe de la renta básica para los niveles de renta que no lo necesitan: una parte en los niveles medios de renta y seguir de forma creciente hasta la totalidad en los niveles más altos. Se proponen estos modelos por su facilidad de comprensión. Aunque, sin duda, el sistema mejoraría en eficacia y justicia obteniendo parte de los ingresos necesarios aumentando impuestos ambientales y reduciendo diversas exenciones injustas o ineficaces.

Además de repartir ese dividendo de dignidad por todo lo que supone de capital común el vivir en un país avanzado económica y democráticamente, la renta básica tendría sin duda un efecto positivo sobre la innovación y la competitividad. Millones de personas escaparían de la citada trampa de la pobreza y una parte se atrevería a arriesgar con pequeñas empresas o a dedicar un tiempo a mejorar su formación. Otras, ganarían en poder de negociación ante trabajos mal remunerados, incentivando a los empresarios a invertir en mejoras de la productividad y/o la satisfacción de sus empleados.

El envejecimiento de la población española –aunque se palíe con una necesaria inmigración– irá reduciendo mecánicamente el desempleo, pero generará un problema aún mayor si quienes estén empleados no tienen una productividad tal que permita que sus impuestos sostengan todo el Estado del bienestar (hoy un receptor neto –jubilado, niño…– lo sostienen dos personas en activo pero en dos décadas el ratio será uno a uno).

Creemos que en España tendría especial sentido implantar la renta básica. A los fenómenos planetarios de la globalización, la revolución tecnológica y el deterioro del medio ambiente, añadimos un elevado nivel de desarrollo (solo cinco países nos superan a la vez en población y renta per cápita), extenso Estado del bienestar (pero, a la vez, con un gasto público algo inferior que otros países de nuestro entorno), una hasta ahora crónica tasa de desempleo, proyecciones demográficas de envejecimiento y potencial de inmigración, el reto de aumentar la productividad, la dispersión de territorial de las ayudas públicas… y también una falta de transversalidad en los acuerdos políticos.

La renta básica tiene componentes para que se reivindique desde el liberalismo, la socialdemocracia, la tradición democristiana y el ecologismo. Creemos que podría ser un pilar de nuestro nuevo contrato social, o en términos más recientes una reedición de los exitosos Pactos de la Moncloa que asentaron un modelo socioeconómico que se desplegó a lo largo de tres décadas y que asentó nuestra democracia. Apostemos por esta utopía para nuestro tiempo.

*** Juan A. Gimeno Ullastres, catedrático y ex rector de la UNED, y Víctor Gómez Frías, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, han sido editores del primer número de la revista 'DIECISIETE', dedicado a la renta básica.