Una educación estancada, un país estancado

En medio de la performance infumable de pseudojuramentos y empujones de la sesión de investidura, no es de extrañar que la publicación del informe PISA, ese que recoge la evaluación internacional a estudiantes de 15 años en 72 países, haya pasado relativamente inadvertida. Ya se sabe: en este país parece que para algunos la educación solo es políticamente rentable si polariza y enfrenta.

Como muestra, la ministra Celaá estuvo presta hace unas semanas a postular su particular interpretación de la “libertad de elección” (modo aviso para navegantes de la educación concertada) como carta de presentación ante sus posibles socios más radicales. Esta semana, con un suspenso con mayúscula del sistema educativo español en la evaluación internacional, sigue agazapada. Como decía el gran José Mota, ya saben, su comparecencia, mañana.

Porque sí, nos guste o no, PISA se ha convertido en uno de los instrumentos de cotejo de los sistemas educativos y bien merece la valoración de un ministro. Este estudio, que mide el rendimiento académico de alumnos en comprensión lectora, matemáticas y ciencias es una de las pocas herramientas que permite comparar cuantitativamente el desempeño de los modelos educativos, no sólo consigo mismos en el tiempo (es decir su evolución) sino también con países del entorno y en sus variaciones internas (diferencias autonómicas incluidas).

La utilidad y valor para la transparencia del informe no le exime de críticas férreas. En primer lugar, por la parcialidad de sus mediciones que impiden valorar sistemas holísticamente. En segundo lugar, por la fiabilidad del constructo. Sin ir más lejos, este año un grave problema relacionado con el proceso de la prueba (subcontratas y poco control) ha terminando excluyendo la valoración de la comprensión lectora de los niños de nuestro país. Habrá que pedir cuentas de la chapuza al Ministerio y a las Comunidades Autónomas, y éstas a su vez tendrán que llamar a capítulo a la OCDE, porque las evaluaciones suponen mucho dinero y se pagan con fondos públicos.

Más allá de lo anterior, vaya por delante la utilidad de este tipo de pruebas en un país que parece alérgico a los exámenes, a la rendición de cuentas, a la detección de desigualdades territoriales y a la transparencia.

Lo cierto es que el martes nos desayunábamos con unos resultados para España malos sin paliativos, como se dice ahora. PISA sitúa a los alumnos de nuestro país por debajo de la media de la OCDE pero es que, viendo la evolución en el tiempo, caemos gravemente en Ciencias, y en Matemáticas nos estancamos.

Mientras los países asiáticos, con una educación renovada y exigente, han despegado, en Europa, estonios y polacos superan a la mítica Finlandia o a nuestro vecino Portugal. Para España, PISA pone en evidencia que nuestro sistema se entumece: nuestros niños van dos años por detrás de los estudiantes chinos, y Francia o Portugal nos dan también sopas con honda. Esta edición nos situamos en el pelotón de cola con Lituania o Hungría.

Los datos vienen a corroborar además algo que llevamos denunciando desde hace años: las diferencias territoriales en educación entre comunidades se mantienen. El informe retrata 17 sistemas educativos en una sola instantánea, poniendo en evidencia que las características socioeconómicas del estudiante o el tamaño (de la inversión por puesto escolar) importan, pero no lo son todo.

Es de justicia decir que, lamentablemente, las comunidades puntúan peor que la edición anterior (especialmente Madrid) pero apenas se estrechan las diferencias entre Galicia, Navarra y Castilla León (que siguen en cabeza) con Canarias, Andalucía y Extremadura. Una fotografía muy semejante en composición a la de la edición pasada, pero mucho más gris y borrosa. Porque lo grave del retrato es que se hace ya (y por primera vez) con niños que han estudiado con la ley Wert (la dichosa LOMCE) que, como suponíamos, no ha venido a mejorar el pobre sistema educativo sino, si cabe, a empeorarlo.

¿Conclusión? Lo dijimos en las anteriores legislaturas y lo seguiremos diciendo en esta: la degradación del sistema educativo parece endémica y necesita respuesta. Los datos de PISA apuntan que no podemos petrificar un currículum obsoleto y caótico que no forma a nuestros jóvenes como debiera. Y apuntan a que no podemos permitir que se perpetuen las desigualdades educativas por razón territorial por una ausencia de enfoque de Estado y de generosidad. Dividir, separar y fomentar las diferencias no es la solución sino el problema: lo que se necesita es unir, compartir y trabajar por una educación de calidad.

España no se puede permitir el lujo de seguir con una adinamia perversa y redundante en la que es, sin duda, la política pública más trascendental, la que más condiciona el futuro de un país. Hace ya dos legislaturas (y menos de dos años) quien aspira a ser presidente de Gobierno y sus potenciales socios frustraban un acuerdo que la sociedad reclama desde hace años, un pacto educativo. Años antes, el ahora partido de Casado había hecho lo mismo. Unas oportunidades perdidas imperdonables que la ciudadanía no puede ni debe olvidar. Porque en materia educativa, cuando no avanzamos estamos retrocediendo e informes como el de PISA de esta semana lo demuestran.

Sociedad y educación se sustentan y retroalimentan. Tal y como se defina y se proyecte una sociedad, así establecerá la instrucción de sus ciudadanos; y, a la inversa, tal y como una comunidad forme a sus jóvenes, así serán sus civilizaciones.

Creo firmemente que ciudadanía, bienestar y comunidad están íntimamente conectados, y por eso Ciudadanos va a seguir apostando firmemente por la educación. Lo hicimos al proponer una subcomisión para un pacto por la educación, lo mantuvimos cuando seguimos trabajando por ello y no nos levantamos de la mesa y lo seguiremos haciendo. Porque como estamos viendo en PISA y en las instituciones, mantener una educación estancada supone un grave riesgo de tener un país estancado.

*** Marta Martín Llaguno es catedrática de la UA, diputada de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Educación en la XIII legislatura.