Tras la vía canadiense, la Dinamarca del Sur: una Constitución del siglo XXI

Mi artículo de opinión Válvula de escape: la vía canadiense para Cataluña, publicado por este diario el pasado 16 de noviembre, ha desencadenado reacciones en todas las tonalidades del espectro emocional. Celebro todas ellas. La sociedad civil necesita aportar sus granos de arena hacia la superación de la “conllevancia” orteguiana actual entre España y Cataluña, cuestionando los consensos que nos han llevado a un callejón de salida.

En ese artículo propuse un nuevo contrato constitucional basado en los principios de eficiencia y lealtad institucionales, respeto cultural y solidaridad. Aquí en unas pinceladas mis propuestas a la Comisión Constitucional.

La reforma competencial: Qué mejor principio arquitectónico para restaurar el edificio que éste: las competencias serán asignadas al nivel administrativo más local posible que permita la eficiencia económica y la coordinación del interés general. Descentralización, cuanta más mejor. Descentralización ineficiente o descoordinada, un necesario no.

La historia española reciente ha moldeado nuestra percepción de que cambios competenciales necesariamente desembocan en más descentralización. La reforma federal alemana de 2006 demuestra que un proceso sosegado permite mover competencias y coordinaciones en ambas direcciones.

Es un imperativo para una Constitución con ambición añeja la posibilidad de recalibración competencial, adaptándola a las necesidades cambiantes de la sociedad. Esta mini-reforma constitucional requerirá una mayoría cualificada parlamentaria de 2/3, evitando así ser rehén perpetuo en la formación de mayorías de gobierno.

Las competencias compartidas, en las que el Estado establece los principios y las Comunidades los desarrollan, necesitan de una revisión en profundidad de sus mecanismos de coordinación y de garantía del cumplimiento de esos principios.

La reforma presupuestaria: Cualquier familia encontrará estas ideas de Perogrullo: para poder gastar dinero, primero hay que ganarlo. Si se quiere vivir mejor, habrá que buscar un trabajo mejor remunerado. Si no se llega a final de mes, habrá que reducir gastos superfluos. Y en los años de bonanza habrá que hacer hucha para un día lluvioso. ¿Es ilusorio exigir la misma disciplina a la Función Pública? Gastar por encima de nuestras posibilidades significa vivir a costa de nuestros nietos.

La Administración que tiene una competencia asignada tiene también la responsabilidad política. Ésta decide qué impuestos necesita para cumplir las competencias al nivel que sus ciudadanos demandan. Para ello, propongo tramos regionales en todos los principales impuestos, con libertad de las regiones para fijar sus tramos en los impuestos directos.

Y ello en déficit cero en todas las Administraciones Públicas a lo largo del ciclo económico. Con el gasto regional y local difícilmente supervisables por el Estado, el control estatal debe cuadrarse por el lado de los ingresos: si una comunidad incurre en déficits excesivos, un mecanismo automático aumentará el tramo impositivo de esa comunidad autónoma.

Las autonomías y municipios que no puedan dotar los servicios exigidos por los ciudadanos, o no quieran mantener el coste fiscal de su aparato de gobierno, deben fusionarse.

La solidaridad interregional: Bienvenidos al epicentro orioljunquerista del “España nos roba”. No oiremos a ERC gritar en Barcelona “las comarcas rurales catalanas nos roban”. Porque los mecanismos de redistribución funcionan en todo ámbito geográfico. De Alemania a Polonia. De Madrid a Extremadura. De las ciudades a los pueblos. De la parte alta a la parte baja barcelonesas.

Es justo y necesario acortar la distancia entre regiones. Cuánta solidaridad regional se desea y tolera no es una cuestión de espolio, sino una decisión colectiva que toda sociedad toma a través de sus cauces políticos.

En mi opinión, la contribución a la solidaridad interregional española debe someterse a reajuste, posiblemente resulta demasiado elevada en Cataluña y demasiado parca en el País Vasco, evitando invertir el ranking económico por el efecto impositivo y de transferencias.

Y respetando el Concierto vasco y el Convenio navarro. Pero también estableciendo que el Cupo sea dimensionado en función del nivel de ingresos y riqueza de las comunidades forales, aislándolo así de la negociación política.

La reforma electoral: En las empresas multinacionales, con estructuras matriciales y territoriales altamente complejas, es difícil navegar la multiplicidad de jefes que figuran en el organigrama. Para saber qué órdenes deberías siempre obedecer, sigue el antiguo aforismo: aquél que te puede despedir y que te puede promover es tu verdadero jefe.

¿Quién puede nombrar y despedir a los políticos? Los ciudadanos, dice la Constitución. Pero las cúpulas de sus partidos, cual emperador romano ante los gladiadores, deciden con el dedo pulgar quién se presenta en qué posición en la papeleta electoral, y con ello sellan su destino político. En consecuencia, ante un conflicto de lealtades, el sistema obliga al político a seguir al partido, aun a costa de sus electores.

Propongo un sistema en el que el elector tome dos decisiones: un partido; y un único candidato. El número de escaños de cada partido vendrá determinado por el voto de partido. Pero qué candidatos de cada partido ganan los escaños no lo decide el partido, sino el ranking de los más votados de ese partido.

Este sistema abierto diluye la disciplina férrea de partido y genera micro-campañas electorales intra-pardidistas. ¿No es esto lo que exigimos de la política, que se nos presenten opciones para poder elegir entre ellas?

El Congreso y el Senado: Hay consenso en la sociedad española de que el Senado actual no cumple su papel constitucional de cámara de representación territorial.

Hagamos, pues, el Senado plenamente territorial: en cada proceso electoral regional, los ciudadanos elegirán también a sus senadores. El Senado será así una realidad dinámica con ritmos asíncronos respecto a las legislaturas del Congreso. Y con sede en Barcelona. Con ello, esperemos sesiones del Senado más enriquecedoras y complementarias a las ya ocurridas en el Congreso.

En contraprestación, hagamos el Congreso más nacional. Actualmente hay más de 15 partidos en la Cámara Baja, convirtiéndolo en un mercadillo en el que el voto se cede a cambio de beneficios puramente localistas. Propongo una cuota mínima del 3% a nivel nacional para que un partido logre representación en el Congreso.

La percepción de legitimidad del Legislativo español en Cataluña y País Vasco es fundamental para la estabilidad democrática española. El cambio a un sistema de cuota nacional no resta representación en el Congreso a partidos tan arraigados como PNV y ERC. Pero les obliga a formar alianzas electorales con otros partidos nacionales o regionales, contribuyendo así a la gobernabilidad de España en su conjunto.

La Jefatura del Estado: La pregunta clave “no es para qué sirve la monarquía, sino para qué serviría cambiarla por una república”, como resumió Javier Cercas en su ya famoso artículo.

El Rey defiende nuestra Constitución, tiene una gran proyección internacional, e irradia actitudes de renovación ética. ¿Alguien da más?

El presidente del Estado alemán ejerce funciones similares, con escaso eco internacional. Un real de plata para el español que conozca su nombre (no, no es Angela Merkel). Les recomiendo no ofrecer recompensa al alemán que conozca al Rey (o a la Reina).

¿Tenemos estómago los españoles para un jefe de Estado que muestre opiniones políticas? ¿O uno nominado como premio de consolación en un trueque político? ¿O uno que no se desenvuelva en el parqué diplomático y no hable inglés con fluidez?

Un único cambio: propongo eliminar la ley sálica en el derecho de sucesión, injustificable en el siglo XXI.

La educación: ¿Cuál es la única partida de gastos que una nación no debería recortar nunca, protegiéndola constitucionalmente en su cualidad de inversión estratégica esencial para garantizar el futuro? No son los sueldos de los funcionarios. Y con gran respeto a los jubilados, tampoco lo son las pensiones sin ajustar simultáneamente la edad de jubilación.

Es una educación de altísima calidad la que permitirá que España se coloque, o no, en el pelotón de cabeza de la nueva época digital. La alternativa: empobrecimiento, reducidos a la playa y a la placa solar de Europa.

Lo primero: bilingüismo (trilingüismo en las autonomías con idioma propio) efectivo y real. ¿Se puede progresar en un mundo digital y globalizado sin un mayoritario y fluido dominio del inglés? ¿Tiene un joven catalán que no use cómodamente el castellano, uno de los idiomas más hablados del mundo, las mismas oportunidades laborales? Y familiarización de todos los estudiantes españoles con la fonética de los tres idiomas regionales (juez Marchena: trabajo admirable, pero ¡qué mal pronuncia los apellidos catalanes!).

El aprendizaje en la era digital no puede basarse primordialmente en el ejercicio memorístico: internet como fuente infinita de información está a disposición permanente. La educación debe buscar formar mentes abiertas y críticas que aprendan a investigar y llegar a conclusiones por sí mismas.

Los medios de comunicación públicos: En estos tiempos en que los social media crean burbujas-bucle de opinión que se retroalimentan, y de multiplicidad inabarcable de televisiones, radios y plataformas digitales privadas, los medios de comunicación públicos solo tienen una raison d'être si se entienden como servicio público, garantizando la veracidad de la información y la amplitud y el equilibrio del espectro de opiniones concordantes con la sociedad.

Propongo fijar en la Constitución modelos de gobernanza inspirados en los de las televisiones públicas británica y alemana, eliminando la manipulación política de las televisiones públicas estatales y regionales.

La TV3 catalana, como caso extremo de partidismo político, está tan imbuida en una cultura independentista que no es reconvertible a posiciones que abarquen a toda la sociedad catalana. Por ello, debe ser privatizada, desde donde podrá defender el independentismo financiada por sus fieles. En su lugar, una nueva televisión pública catalanoparlante de calidad. Es incluso imaginable una en co-propiedad entre el Estado, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

La corrupción política: El cáncer de la sociedad española. Enfermedad que infecta a partidos de derechas e izquierdas, nacionales y regionales, de viejo y de nuevo cuño.

El Índice de Percepción de Corrupción, publicado por Transparencia Internacional, coloca a España a la cola de Europa Occidental, en una carrera bochornosa solo “superada” por Italia y Grecia.

La avaricia, pecado capital, es intrínseco a la naturaleza humana. Las sociedades no pueden evitar casos de corrupción, que ocurren en todas los países y épocas. Pero los Estados pueden establecer medidas para minimizar la tentación de malversación de fondos públicos, y para descubrir y perseguir los casos que ocurran, independientemente de si el lucro ilícito es para el individuo o para el partido.

Propongo medidas draconianas, dictadas por la Constitución y desarrolladas por Ley Orgánica, para cortar la gangrena: transparencia digital total de gastos públicos; exoneración del delator si inculpa a los cómplices y colabora; multa a los partidos del 10% de lo malversado por sus cargos electos.

Con estas medidas, parafraseando a los líderes independentistas catalanes, podemos convertir a España en la Dinamarca del Sur. Empecemos con una reforma de la Constitución para el siglo XXI.

*** Francisco Javier González es un empresario vallisoletano afincado en Fráncfort.