El 'procés' escocés

Con el brexit ya encarrilado, el debate público británico se ha reconfigurado vertiginosamente. Atrás quedan los tres años de purgatorio en el que el país estuvo expiando los pecados de su indecisión tras el sorpresivo resultado del referéndum de 2016. Los políticos centran ahora su energía, atención e ingenio hacia los asuntos domésticos que habían quedado relegados pero que urgían reformas: una seguridad social insostenible, infraestructuras decrépitas, desigualdades regionales y sociales, etc. Sin, embargo, un asunto brilla por su ausencia: Escocia.

El Partido Nacionalista Escocés (Scottish National Party, SNP) obtuvo un triunfo aplastante en las pasadas elecciones británicas (48 de los 59 escaños escoceses y el 45% del voto regional). Fue un voto de protesta contra el brexit y contra Boris Johnson. Por ello, el SNP confía en arrasar en las elecciones escocesas de mayo de 2021 y, si no antes, echarle un pulso al Gobierno con un segundo referéndum de independencia que, esta vez sí, esperan ganar aprovechando el rechazo mayoritario de los escoceses al brexit. Así lo ha afirmado su líder Nicola Sturgeon, que cada año eleva su tono desafiante a medida que el SNP extiende cómodamente su poder por la geografía escocesa.

El panorama debería hacer saltar las alarmas en la capital. Pese a ello, gran parte de la élite política británica, es decir, londinense, permanece impertérrita e indolente. Con asombrosa somnolencia intelectual pasan de soslayo por el tema alegando que el separatismo escocés es un riesgo residual que no merece sudor político. Se apacigua con una receta habitual de transferencias fiscales, inversiones públicas y descentralización. Además, Boris Johnson aduce que un segundo referéndum es improcedente y extemporáneo, casi un insulto: el anterior de 2014 zanjó la cuestión "para una generación".

La prensa británica también se une al coro exhibiendo cifras: una Escocia escindida no tendría divisa propia y sería financieramente vulnerable; pasaría a tener un déficit fiscal del 8% del PIB; el 60% de sus exportaciones, que fluían libremente en el Reino Unido, se enfrentarían a barreras arancelarias; su deuda soberana se dispararía por encima del 100% del PIB; el petróleo del Mar del Norte sería una carga fiscal en vez de una fuente de ingresos. Una Escocía en tales condiciones de mendicidad económica, se razona, no sería admitida en la UE y sus ciudadanos perderían las ciudadanías británicas y comunitarias.

No solo eso. Expertos sostienen que los escoceses jamás aceptarían desgarrar la trama de afectos y de complicidades construida durante 400 años de historia compartida. Cuatro siglos de lazos económicos, consanguinidad y proyecto mancomunado serían más fuertes unas pocas décadas de state-building y nation-building separatista. Lo harto complicado que ha sido divorciarse de la UE tras solo 44 años lo demostraría. Y por último, se asevera que un referéndum unilateral sería ilegal e ilegítimo, y que es impropio de naciones avanzadas el desobedecer las leyes del Estado y menoscabar la soberanía nacional.

Pues bien, todo lo anterior les sonará. Son los mismos argumentos autocomplacientes que en España nublaron el juicio a nuestra élite política durante el periodo de gestación del procés. Son tesis calcadas: la independencia sería económicamente inviable, la permanencia en la UE no estaría asegurada, el divorcio sería traumático, un referéndum no procedería y, si fuese unilateral, sería ilegítimo e ilegal. Pero ese argumentario, aparentemente eficaz y definitivo, no evitó la escalada de tensión identitaria que se apoderó de Cataluña.

Si bien al final, con la crisis ya desatada tras el 1-O, las advertencias demostraron ser tristemente ciertas. La UE segó las esperanzas separatistas y el leviatán económico se impuso: las grandes empresas se redomiciliaron y los depósitos mayoristas huyeron. Los constitucionalistas salieron a la calle en la histórica manifestación del 8 de octubre, dejando probada la afección de una Cataluña urbana y costera por España.

Pero en esos días aciagos España estuvo muy cerca de perder la batalla internacional como algunos pudimos comprobar en medios y cancillerías en el extranjero. Los últimos resortes funcionaron, pero el legado ha sido una Cataluña inestable, fracturada y con una mitad en permanente estado de subversión y abiertamente hostil contra el disidente.

Ese legado, sin embargo, es el plan de ruta que tienta al movimiento separatista escocés. Especialmente contagiosos han sido los vínculos entre el SNP y la Generalitat separatista, resultado de sinceras simpatías y mutuos apoyos durante años. De ahí que la estrategia de Sturgeon beba del procés: agitar sentimientos, generar indignación y crear ansiedades. Aunque sabe que Londres lo rechaza, insiste en celebrar un segundo referéndum si bien ahora lo envuelve en el eufemismo del “derecho a decidir” –otro préstamo del discurso procesista. Clama que no se puede mantener a Escocia “prisionera en el Reino Unido contra su voluntad” e insiste que solo está obedeciendo al “mandato” de las urnas escocesas.

Los parecidos con la retórica de Puigdemont, Junqueras y Mas son más que razonables. Y la estrategia está dando sus frutos. Las encuestas indican que el margen a favor de la unión se ha reducido a un solo dígito y eso se nota. El 11 de enero Glasgow, la capital económica de Escocia, vio la mayor manifestación independentista de su historia: 100.000 asistentes según la entidad organizadora All Under One Banner (AUOB), una suerte de ANC escocesa con similares fines y estrategia de movilización callejera.

Fue un aperitivo pues planean otras ocho manifestaciones a lo largo del año. Y será un año crucial: quedan por delante meses de negociación entre el Reino Unido y la UE. Los nacionalistas escoceses saben que es su gran ventana de oportunidad del mismo modo que el soberanismo en Cataluña entendió que la crisis económica, el asalto al Parlament de 2011 y el cerco judicial a la corrupción de CiU obligaban a reventar las costuras del estatus quo a toda prisa.

Por todo ello, Londres debería tomar buena nota de la experiencia española, con sus aciertos y errores. Esta experiencia no se reduce a los cinco años de procés sino que se extiende a los 40 años de deslealtades furtivas. La lección, en retrospectiva, es evidente: ni ignorar el desafío ni aplacarlo con concesiones y consentimientos.

Hay que ambicionar desalojar a los nacionalistas escoceses del poder regional y volcar todo el apoyo al unionismo escocés que, al igual que el constitucionalismo catalán, se siente abandonado a su suerte. De lo contrario, será demasiado tarde y la situación en Escocia entrará en una fase de escalada irracional para la que no existe manual de instrucciones y plan de contingencia como ya comprobó el Gobierno de Rajoy.

Si el Reino Unido desea acometer las grandes transformaciones que el brexit prometía, lo ocurrido en Cataluña debería servir de advertencia de que la escalada en Escocia puede ser el gran freno a ese proyecto. Si se continúa soslayando, puede que el Gobierno británico tenga que acabar escogiendo entre brexit o unión. Esa élite londinense debería comenzar a tomarse en serio lo que está ocurriendo al norte del muro de Adriano. Pese a haber sobrevivido al purgatorio del brexit pueden que ahora se tengan que enfrentar al inesperado infierno del procés escocés.

*** Toni Timoner es máster en Relaciones Internacionales por la SAIS-Johns Hopkins University de Washington, DC y representante de Societat Civil Catalana en Londres.