El sistema de pensiones es uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar. Los que mejor lo saben son los ciudadanos: cuando se pregunta a los españoles por los problemas que más les preocupan, el futuro de las pensiones está siempre entre los primeros puestos.
El asunto es tan importante que lo recoge la Constitución en su artículo 50, en el que se dice que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.
El sistema de pensiones es un auténtico contrato social entre generaciones, pero también es un pacto entre territorios. De ahí la gravedad de lo ocurrido hace unos días, cuando conocimos la noticia de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la transferencia de la gestión de la Seguridad Social al Gobierno vasco. Esa gestión —medios económicos, materiales y de personal— será asumida a partir de diciembre de 2021 por Vitoria. “Un hito”, señaló, con razón, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka.
En el País Vasco, la diferencia entre lo que cuestan las pensiones y los ingresos a la caja central procedentes de las cotizaciones sociales está en torno a los 4.000 millones de euros. Conviene repetirlo: en esa comunidad autónoma, el gasto en pensiones es 4.000 millones de euros más alto que los ingresos por cotizaciones sociales.
El País Vasco está en el grupo de cabeza de las Comunidades Autónomas con mayor saldo negativo
La cifra procede del último ejercicio con datos, el de 2018, según el cual hubo ingresos por valor de 5.229 millones y gastos por prestaciones contributivas que llegaron a los 9.236 millones.
El País Vasco —con una media de pensiones más alta y con un porcentaje mayor de población envejecida, además— está en el grupo de cabeza de las Comunidades Autónomas con mayor saldo negativo. No subrayo esto como si fuera una anomalía: ocurre en muchas otras Comunidades en España —de hecho, solo hay un saldo positivo en Madrid, Baleares, Murcia y Canarias— y no es grave.
Por nuestra parte, entenderlo y asumirlo no es más que una muestra de coherencia política: puesto que en Ciudadanos defendemos la unidad de España, estamos a favor de la solidaridad territorial. Y es evidente que hay una solidaridad real del conjunto de los españoles con los pensionistas vascos.
Lo grave es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acepte que los nacionalistas del PNV envíen una carta a todos los ciudadanos vascos —el acuerdo se ha anunciado en plena precampaña de las elecciones autonómicas, por cierto— diciéndoles que sus pensiones las paga el Gobierno vasco y ocultando que es el conjunto de los españoles el que financia el déficit de su sistema: ocultando la solidaridad del resto de los españoles, de los que procede buena parte del dinero con el que se paga a los pensionistas que viven en el País Vasco.
Pedro Sánchez contenta a sus socios a costa de debilitar la solidaridad e igualdad entre los españoles
El propósito es doble: en primer lugar, hay que repetirlo, se quiere hacer creer a los pensionistas vascos que sus pensiones van a estar pagadas con sus propias contribuciones, rompiendo así la imagen de solidaridad entre españoles y favoreciendo que esos pensionistas, que los ciudadanos vascos, vayan perdiendo la sensación de que forman parte de un proyecto común. La Seguridad Social es un mecanismo de solidaridad interterritorial entre todos los españoles —el pacto del que hablábamos antes— que nos garantiza el derecho a esa misma seguridad en todo el territorio.
En segundo lugar, se quiere abrir un camino muy peligroso que puede desembocar en la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, el lugar al que van las cotizaciones de todos los españoles y del que salen las prestaciones.
Se dice que lo acordado no rompe la caja, que, simplemente, serán funcionarios del Gobierno vasco los encargados de cobrar las cotizaciones y pagar las pensiones, se asegura que no habrá una Seguridad Social vasca… Pero ¿cómo sabemos que no es un primer paso? ¿Quién puede garantizar que el paso siguiente no sea asumir competencias plenas sobre los complementos de las pensiones, por ejemplo, como ya ocurre con los complementos que reciben los funcionarios del Gobierno vasco?
La decisión es grave y es errónea. Para mantenerse en el poder a cualquier precio y preparar el respaldo a los Presupuestos, Pedro Sánchez ha dado un paso muy serio, que contenta a sus socios a costa de debilitar la solidaridad e igualdad entre los españoles.
*** Luis Garicano es jefe de la delegación de Ciudadanos y vicepresidente de Renew Europe en el Parlamento Europeo.