España se enfrenta a la crisis más profunda que en menos tiempo se ha alcanzado en nuestra historia reciente. Nunca antes, ni en la virulenta caída del período 2008-2012, el PIB, el desempleo, el consumo y todos los datos macros se habían desplomado de una forma tan sísmica en tan pocas semanas. Concretamente, en solo quince. Esto obliga a las instituciones, y por ende a la ciudadanía y las empresas, a un esfuerzo fiscal e inversor desconocido. Pero ese esfuerzo, a diferencia del que se producía hasta ahora, solo puede tener un objetivo: la rápida recuperación económica a través de la inversión en el sistema productivo. No caben más políticas.

Con este panorama, los partidos podrán adornar sus propuestas en que si se rescata a las personas, las empresas, la banca o lo que se quiera añadir, pero el objetivo final debe ser único e inequívoco. Así, el Gobierno apenas podrá introducir sesgos políticos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que en su inmensa mayoría deberá dedicarse a los gastos de reconstrucción de emergencia y al pago de la deuda. Cabrán los fuegos de artificio dialécticos, pero no las florituras contables para desviarse de la única meta.

Todos las promesas electorales que supongan aumentar el gasto corriente sin el máximo consenso político, como ha sucedido con el Ingreso Mínimo Vital aprobado por la gran mayoría del Congreso y sin ningún voto en contra, deberán quedar aparcadas. No es tiempo de dejar más impronta, como si esta fuera poca, que sacar al país, sus empresas y ciudadanos del agujero económico al que nos conduce globalmente el SARS-CoV-2. Por esta razón, los PGE van a tener que ser excepcionales y muy diferentes a los que querría cualquier Gobierno. Y la actitud de la oposición también tendrá que serlo.

El arco parlamentario, de derecha a izquierda y pasando por todos los nacionalismos, se enfrentará a un proyecto de Presupuestos de pura emergencia. Con medidas absolutamente antiliberales centradas en la inversión; la inyección de capital público al mercado y el consumo para frenar la caída de la empresas; y el rescate de las personas que en gran número se quedarán sin empleo.

Con esto, siempre y cuando el debate no se vaya por la senda del ruido parlamentario que se ha vivido hasta hace escasas jornadas en la Carrera de San Jerónimo, cualquier partido con vocación de Gobierno tendrá difícil oponerse a las cuentas públicas por motivos ideológicos... siempre y cuando el Ejecutivo esté a la altura y sea capaz de recoger propuestas y hacer guiños a diestra y siniestra tal y como han pedido la banca y las energéticas esta misma semana al reclamar consensos.

Puede que esta Legislatura llegue a agotarse o, por lo menos, sea más larga de lo que se lleva especulando

Pero es cierto que el clima político ahora mismo no invita al optimismo del necesario consenso. En ese caso, si se produce un rechazo de los PGE, en lógica consecuencia habrá un adelanto electoral ya que sería imposible sacar a España de la crisis con la enésima prórroga de las Cuentas de Mariano Rajoy.

Ese escenario ofrecerá un resultado difícil de aventurar ya que la crisis económica habrá estallado con toda su virulencia, los ERTE habrán perdido su función de colchón, el paro será altísimo, el cierre de empresas será una realidad y es más que posible que haya episodios muy dramáticos en sectores desfavorecidos.

No obstante, este panorama, el de las urnas dentro de unos meses, es poco probable porque el Gobierno juega con dos grandes bazas: por un lado, ninguno de los partidos que apoyó a Pedro Sánchez en la investidura querría ver de manera inmediata a Pablo Casado en Moncloa y menos con el apoyo de Vox. Todos ellos saben que perderían poder e influencia. Por otro, ir a unas elecciones con la baza de poder acusar a la oposición de derrocar al Ejecutivo solo por venganza política en una coyuntura como la que se presenta sería arriesgado para quienes provoquen por acción u omisión la convocatoria electoral.

Con todo lo anterior, y aunque estos días hayamos vivido momentos de gran tensión en el Hemiciclo, es posible que el Congreso no recupere la normalidad política durante esta Legislatura y que incluso se llegue a agotar su mandato o, por lo menos, ser más larga de lo que se lleva especulando desde su nacimiento.

La tramitación de los PGE será el gran momento clave para ver cómo se adaptan los partidos y sus discursos a lo que se nos viene encima y qué capacidad tienen de sumar y ofrecer a la ciudadanía que son herramientas útiles de cambio y solución de problemas.

*** Fran Jerez es licenciado en Ciencias Políticas y CEO de Estrategos.