“El caso de la orden europea de detención y entrega contra Natividad Jáuregui Espina, procesada por haber participado como miembro del comando Bizkaia en la muerte de 6 personas, entre ellas Ramón Romeo. Jáuregui es la única etarra reclamada con paradero conocido en la UE, que está pendiente de entrega. Por lo tanto, es un caso muy importante”.

Así habló el pasado día 27 de octubre el fiscal Francisco Jiménez Villarejo en un webinar que tuve la suerte de poder organizar con mi equipo.

Recordar esta historia supone poner el foco de la realidad sobre una infamia inexplicable que comienza a repararse ahora. Voy a seguir casi literalmente la explicación del fiscal, pues merece ser leída y memorizada, porque es terrible la injusticia y el daño moral a la familia de la víctima durante largos años.

La terrorista Natividad Jáuregui, la Pepona, huyó primero a Francia y después a México. Cuando México empezó a colaborar más con la justicia española, se trasladó a Bélgica. Allí se instaló en 2003; regenta públicamente una empresa de catering en Gante.

Está reclamada por el sumario de asesinato del teniente Romeo Castaño, en 1981, en Bilbao. Es el primer caso de un país de la UE, Bélgica, que ha rechazado hasta 3 veces la ejecución de una orden europea de detención y entrega por otro estado miembro por un delito de terrorismo. Ha dañado el principio de confianza y seguridad jurídica, y ha dañado a la familia de manera encarnizada.

El rechazo se ha intentado maquillar con diversos argumentos; por supuesta prescripción, primero; a partir de 2013, el tribunal de Gante revocó la decisión considerando “que había motivos serios para pensar que la ejecución de la euroorden atentaría contra los derechos fundamentales”. Los únicos derechos fundamentales vulnerados fueron los de la familia, y el caso tuvo que llegar hasta el Tribunal de Derechos Humanos para reconocerlo.

Es un día para recordar que la democracia se fortalece cumpliendo las leyes y no cediendo al chantaje

En 2015 España emitió una nueva orden de ejecución y entrega, y pidió la intervención de Eurojust. Pese a la información actualizada, el tribunal de Gante volvió a negar automáticamente la orden, basándose en los mismos argumentos que la vez anterior.

Los cinco huérfanos de Ramón acudieron al tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El 9 de julio de 2019, el tribunal dictó una sentencia histórica en la que dio la razón a la familia y declaró que Bélgica estaba vulnerando el Artículo 2 del Convenio Europeo de derechos humanos al rechazar la ejecución de las ordenes europeas de detención y entrega e incumplir su obligación de cooperar con la Justicia española.

La sentencia fue clara sobre la injusticia, aunque la multa al Estado belga por la tortura y victimización secundaria que ha sufrido su familia fue ridícula.

En Estrasburgo, la Corte indicó que el riesgo de tratos inhumanos y degradantes de la persona cuya entrega se había solicitado puede constituir una razón legítima para rechazar la ejecución de una orden de detención europea y, por lo tanto, la cooperación solicitada. Sin embargo, la constatación de tal riesgo debe basarse en una suficiente base de pruebas. No ocurrió así con el examen de los tribunales belgas durante el proceso, por lo que se condenó a Bélgica a pagar a los denunciantes 5.000 euros por daño moral y 7.260 por gastos judiciales.

En cuanto la sentencia fue firme, el juzgado central de instrucción emitió la cuarta euroorden y pidió a Eurojust ayuda para facilitar la tramitación y ejecución de la misma en ese marco de la cuarta euroorden. Pese a que el Tribunal de Estrasburgo fue claro en la explicación del terrible error cometido al negar la entrega de Natividad Jauregui, en Gante volvieron a negarla en febrero de 2020.

La Fiscalía recurrió, y en este recurso el tribunal de Gante pidió todo tipo de información que le fue remitida.

Yo quiero hoy dar las gracias a la familia por no desfallecer. Dar las gracias a quienes les han ayudado durante este difícil recorrido, porque, al no resignarse, fortalecen la propia democracia española.

Merece también agradecimiento Eurojust, y tantos jueces y fiscales españoles que siguen trabajando en la aclaración y enjuiciamiento de 297 asesinatos de ETA sin resolver. De forma especial, el fiscal Jiménez Villarejo al que he seguido en la exposición del caso. Y en este día puedo imaginar también la emoción de Cecilia Yuste, la embajadora que prestó servicios para nuestro país y marchó con la amargura de la terrible injusticia que sufría la familia y nuestra democracia.

Este 5 de noviembre de 2020 ha empezado a hacerse justicia.

Natividad Jáuregui probablemente comparecerá ante la Justicia española. Hoy, bajo la pandemia, no olvidamos que no somos súbditos. Es un día para recordar que la democracia se fortalece cumpliendo y haciendo cumplir las leyes y no cediendo al chantaje o las mentiras de los que quieren instaurar la impunidad. En este, o en cualquier otro caso que atañe a nuestro derecho a la vida, al pluralismo, a la ley.

*** Maite Pagazaurtundúa es eurodiputada en la delegación de Ciudadanos y vicepresidenta de la comisión de Libertades del Parlamento europeo.