1. La Ley Celáa pretende cerrar las escuelas de educación especial donde son atendidos miles de niños españoles con distintos grados de discapacidad.

2. La ley obliga, además, a derivar a estos niños a colegios ordinarios. Colegios donde, según las asociaciones de padres afectados, "serán aparcados como muebles".

3. ¿Cómo pretende el Gobierno que un profesor que carece de formación en la atención de discapacitados atienda las necesidades de niños con discapacidades severas mientras da clase simultáneamente a otros 30 niños?

4. La Ley Celaá perjudica tanto a los unos como a los otros. Ni unos podrán avanzar con normalidad en su educación ni los otros serán atendidos como necesitan.

5. La ley, además, no detalla cómo financiará esa adaptación de los colegios ordinarios y de dónde saldrá el dinero. ¿Dónde está la memoria económica de la ley?

6. El concepto de igualdad de la Ley Celaá es ese que siempre ha criticado la izquierda. El que trata de forma igual casos radicalmente desiguales.

7. La Ley Celaá margina a los discapacitados y los sacrifica en el altar de los prejuicios ideológicos del socialismo más retrógrado existente hoy en Europa.

8. Lo hace en base a un informe de la ONU radicalmente parcial y que demostró desconocer cómo trabaja la red de escuelas de educación especial españolas o cuáles son las necesidades reales de los niños discapacitados.

9. La Lomloe también elimina la vehicularidad del español. En la práctica, autonomías como la catalana habían erradicado ya el español de las aulas frente a la pasividad de los distintos gobiernos del PP y del PSOE.

10. Pero la ley oficializa la discriminación de los niños castellanohablantes al privarles de asidero legal para reclamar su derecho a recibir al menos parte de su educación en español.

11. La Ley Celaá hunde aún más el ya subterráneo nivel de exigencia de las escuelas estatales españolas y permite a los alumnos pasar de curso sin límite de suspensos.

12. La Lomloe pone fecha de defunción a la escuela concertada. Una medida radicalmente anticonstitucional que será derogada por el Tribunal Constitucional en cuanto la ley llegue a sus manos.

13. La Ley Celaá confunde educación pública con educación estatal. Porque la educación pública incluye tanto las escuelas gestionadas por el Estado, mal conocidas como públicas, como las concertadas.

14. Las escuelas concertadas son tan públicas como las estatales, sólo que no son gestionadas por el Estado, sino por profesores, fundaciones u otro tipo de organizaciones.

15. Lo que pretende la Ley Celaá es acabar con la libertad de elección de los padres, así como con la libertad de enseñanza, para que la única educación pública posible en España sea la impartida directamente por el Estado.

16. En la práctica, lo que hace la Ley Celaá es reservar el privilegio de una educación de calidad sólo para aquellos alumnos que puedan permitirse pagar una escuela privada.

17. La distancia entre los alumnos de la privada y los que salgan de la pública va a ser tan amplia que la sociedad va a dividirse en dos. Una casta de élites privilegiadas, educadas de forma meritocrática en escuelas como esa a la que propia ministra Celaá llevó a sus hijas. Y una inmensa clase popular educada en lo que algunas asociaciones califican ya de "aparcaderos de niños".

18. La Ley Celaá, en fin, parece diseñada para eliminar cualquier tipo de competencia para los hijos de los altos funcionarios de un Estado que le ha declarado la guerra a la clase media.

19. Exactamente lo que ha ocurrido en Cataluña con la erradicación del español en las escuelas y que ha derivado en unas tasas de fracaso escolar de los niños de clases populares castellanohablantes mucho mayores que las de los niños catalanohablantes.

20. La Ley Celaá viola de forma flagrante el artículo 27 de la Constitución que reconoce la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a que sus hijos reciban "la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

21. La Ley Celaá, plagada de concesiones a Podemos y ERC, permite a las autonomías nombrar a los inspectores educativos a dedo y sin que estos tengan que superar el examen de oposición al cuerpo. Una puerta de entrada al enchufismo y las presiones políticas en las escuelas.

22. La Ley Celaá también priva a la Alta Inspección de una de sus competencias más importantes. La que le permite denunciar casos de discriminación por motivos lingüísticos en las escuelas españolas.

23. El objetivo parece obvio. Que esos casos queden impunes, obligando a los padres que pretendan denunciarlos a pasar por un extenuante calvario judicial que sólo en el mejor de los casos será reconocido con una sentencia favorable por los tribunales.

24. Sentencia que posteriormente, y como ha ocurrido en todos los casos que se han dado hasta ahora, será desobedecida por la Generalidad y por otros gobiernos autonómicos que están siguiendo la hoja de ruta del nacionalismo catalán, como el de las Islas Baleares o el de la Comunidad Valenciana.

25. La Ley Celaá no ha sido consensuada con los sectores afectados. Y eso a pesar de que una de las excusas para su tramitación ha sido la de que la Ley Wert, su predecesora, nació sin consenso.

26. En realidad, la Ley Wert obtuvo bastante más consenso del que ha obtenido la Ley Celaá y se debatió con una buena parte de los sectores afectados. Cosa que no ha ocurrido en el caso de la Ley Celaá.

27. La afirmación del Gobierno es, lisa y llanamente, mentira. Por partida doble, además. Porque le niega el consenso a una ley que lo obtuvo, al menos parcialmente, y porque lo afirma de una que no lo tiene ni por parte de los sectores afines al Gobierno ni por parte de los no afines.

28. Los trámites para la aprobación de la ley se han quemado a toda velocidad e incluso algunos de ellos han sido programados en fechas imposibles, como la del 7 de enero, para que nadie pudiera objetar sus medidas más polémicas.

29. También se ha prescindido de los dictámenes necesarios y que deberían haber sido considerados obligatorios en una ley de tanta trascendencia como esta.

30. La Ley Celaá ha sido gestionada con oscurantismo y tratando en todo momento de que ni los sectores afectados ni la prensa pudieran informarse correctamente sobre ella.

31. Cuando el Gobierno no ha podido esquivar algún trámite que preferiría haberse ahorrado, el plazo para estudiar las medidas de la ley se ha reducido al máximo. También se ha forzado el calendario para que el tiempo de respuesta de la oposición, los sectores afectados y la prensa se redujera al mínimo.

32. La Ley Celaá no aspira a la permanencia. Su radicalismo ideológico es tal que, muy probablemente, será anulada en buena parte por los tribunales o por el próximo gobierno de signo contrario que llegue a la Moncloa.

33. La Lomloe no tiene como objetivo mejorar el paupérrimo nivel de la educación estatal española o reducir las estratosféricas cifras de abandono y fracaso escolar. Más bien parece diseñada para perpetuarlos.

34. La Lomloe ha sido utilizada como moneda de cambio en las negociaciones del PSOE con Podemos y ERC para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La educación de los alumnos españoles parece haber sido un factor no ya secundario, sino casi irrelevante, en su diseño.

35. Y de ahí que la ley sea poco más que un amontonamiento de parches que recogen, sin coherencia intelectual ni plan educativo concreto, las más disparatadas y radicales propuestas de Podemos, ERC, JxCAT, el BNG o Más País. Entre ellas, la de educar a los alumnos en empatía con los animales y las plantas.

36. El simple hecho de que alguien considere seriamente que la empatía puede enseñarse en una escuela, como si fuera el Código de Circulación, demuestra la oceánica ignorancia del Gobierno sobre la naturaleza humana.

37. Pretender que un alumno empatice con una planta por el hecho de que un profesor de ética le diga que eso es lo correcto es tan absurdo como enseñarle a que se enamore a la fuerza de la persona que el Estado escoja para él.

38. La Ley Celaá, en fin, degrada ideales nobles, como el del respeto hacia la naturaleza, y los convierte en una parodia de sí mismos. En meros mandamientos del programa moralista de un Estado intervencionista y mesiánico.

39. La Ley es simplista desde el punto de vista intelectual y refuerza la idea, tan celaanita, de que los niños no pertenecen a los padres, sino al Estado.

40. La Ley Celaá es un paso más en la deriva de tantos y tantos gobiernos occidentales, de derechas y de izquierdas, hacia un populismo de tintes autoritarios que pretende expandir el poder del Estado y hacerlo penetrar hasta en el último rincón de la esfera pública, pero también privada, de los ciudadanos.

41. Esta vez, a costa de la educación de los niños, convirtiendo las escuelas españolas en madrasas de la ideología de los partidos de la mayoría de Gobierno: PSOE, Podemos y sus socios nacionalistas y populistas.