Si preguntamos a cualquier ciudadano por su percepción sobre la inmigración en la actualidad, muy probablemente tuerza el gesto y muestre su inquietud por la situación de Canarias a la que nos abisman cada día los medios de comunicación, sumado a la preocupación latente por los inmigrantes en general, sobre los que a menudo se posa la desconfianza. Si, además, continuamos indagando sobre la imagen que tiene ese ciudadano medio del inmigrante en situación irregular, describirá, probablemente, a un varón africano que supone mayor carga que beneficio para el Estado, y más aun, considerando el momento actual acuciado por la pandemia y una situación económica y laboral inestable.

Si a todo ello le añadimos la amenaza de los atentados yihadistas, los discursos de odio que se propagan por redes sociales y se asoman a las campañas electorales antieuropeístas, junto con el argumento culpabilizador de las siete plagas que promueven los movimientos nacional-populistas, se genera la tormenta perfecta contra la inmigración.

Es más, si les pido que cierren los ojos y evoquen las terribles imágenes de los cayucos que transportan a cientos de personas hacinadas, a la desesperación de aquellos que caen al agua al primer manotazo de mar, de la madre que no encuentra a su hijo, entre tanta desesperación… ahora, en esa evocación… imaginen que esas personas en medio del mar son como ustedes y abran los ojos.

Al abrirlos se encontrarán con que el inmigrante medio en situación irregular es una mujer de unos 30 años procedente de Colombia, Venezuela u Honduras que entró en el país con un billete de avión. Frente a la imagen estereotipada que asocia la inmigración irregular con el retrato de un hombre subsahariano que cruza el Estrecho, los datos muestran que la proporción de africanos no llega al 10% del total de inmigrantes en situación irregular.

Sí, es cierto, sin embargo, que los inmigrantes llegados por mar a Canarias han superado con creces, más del 664%, los registrados en 2019. Pero si abrimos más los ojos y ampliamos el foco a todo el territorio español, observamos que las llegadas totales solo han aumentado un 1% respecto a 2019. Incluso, las entradas a través de otro de los puntos calientes de nuestras fronteras, esto es, Ceuta y Melilla, han descendido considerablemente respecto al año pasado, casi un 70%.

El inmigrante medio en situación irregular es una mujer de unos 30 años procedente de Colombia, Venezuela u Honduras

Continuando con las preocupaciones que apuntalan los prejuicios del ciudadano medio frente a la inmigración ocupa un lugar destacado el modo de ganarse la vida de estas personas que llegan. Se calcula que, de cada cinco inmigrantes en situación irregular, uno tiene un trabajo sumergido, mayoritariamente en ocupaciones esenciales, como actividades del hogar, seguido por el sector de la hostelería.

Otra de las inquietudes se centra más en lo que suponen para las arcas del Estado. Pues bien, si seguimos abriendo los ojos, en términos de contribución fiscal neta directa (lo que aportan menos las ayudas directas que perciben), los estudios nos sorprenden con un saldo favorable en torno a los 4.200 euros anuales por familia, lo que supone una aportación un 70% más alta que la de los hogares con nacionalidad española (con cerca de 10 millones de pensionistas nacionales).

La de cal viene, sin embargo, calculando la diferencia entre los impuestos directos y el gasto público, principalmente, gastos sanitarios y educativos de familias jóvenes y con hijos, donde reciben 400 euros más de media que los españoles. Si nos centramos solo en inmigración irregular, el coste global de cada inmigrante alcanzaría unos 2.000 euros al año (a finales de 2019 se estima unas 400.000 personas en esta situación, hagan ustedes números). Por no mencionar que en el último año en el que se dispone de datos, España se gastó cerca de 9 millones de euros solo en deportaciones.

Ahora bien, sin entrar en la perspectiva humanitaria, si entre las medidas adoptadas se optara por una regularización ordenada, la aportación fiscal neta de estos inmigrantes se incrementaría por encima de los 3.250 euros. Esto contribuiría, sin duda, a mejorar la imagen del español medio sobre la inmigración en general, sin olvidar que estamos en una sociedad envejecida necesitada de sangre nueva (y toda la sangre es del mismo color). En el último año, sin la migración, la población europea se habría reducido en medio millón, ya que en la UE nacieron 4,2 millones de niños y murieron 4,7 millones de personas.

Así pues, abramos los ojos.

*** Ana Hernández Rodríguez es asesora jurídica del Consejo Económico y Social del Estado.