Haití y el regreso de los mercenarios

Mercenarios hay en casi todo el mundo. Son parte de un negocio muy lucrativo ligado a grandes multinacionales de la seguridad. Entre ellas, Academi (antes Blackwater) o G4S Secure Solutions, que cuenta con más de 533.000 empleados.

Se trata de empresas legales y que prestan servicios solicitados en su mayoría por Gobiernos y grandes corporaciones. Sus tareas son variadas y comprenden en ocasiones acciones militares. En general, ofrecen servicios privados de seguridad, escolta, transporte de activos, servicios logísticos y legales. También gestionan prisiones y fronteras. A veces son contratadas para llevar ayuda humanitaria. 

Se trata de un negocio creciente en un mundo inseguro y en el que muchos activos valiosos se ubican en zonas peligrosas. Su presencia en campos mineros o de extracción de diamantes es muy habitual.

Pero esas compañías operan en una frontera muy difusa entre lo legal y lo ilegal. Tanto por sus tareas como por la identidad de quién los contrata o por cómo hacen su trabajo. Los escándalos en los que se han visto envueltas han sido numerosos: apoyo a golpes de Estado, torturas, agresiones sexuales… 

Los ejércitos de hombres bien armados y dispuestos a todo por dinero pueden ser una solución rápida provista por un mercado legal. Pero son un gran problema internacional. Tanto desde el punto de vista de la legitimidad de los Estados para delegar acciones que implican violencia contra terceros como desde el punto de vista de la falta de transparencia y control de sus acciones y de las de sus miles de empleados. 

En 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución sobre la utilización de mercenarios como herramienta para violar los derechos humanos

También desde el punto de vista de su impacto en la legitimidad y sostenibilidad de las fuerzas militares oficiales. O por su responsabilidad en la creación de sistemas de seguridad para quien pueda pagárselos.

Las Naciones Unidas cuentan desde 2005 con un grupo de trabajo sobre los mercenarios. En 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución sobre la utilización de mercenarios como herramienta para violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.

Esta resolución tuvo en contra a la Unión Europea y a los Estados Unidos de América, que alegaron la falta de claridad del grupo de trabajo al confundir las figuras de los mercenarios y de las empresas de seguridad, estas últimas aún sin marco regulatorio internacional. 

No hace falta entrar en las razones y los intereses que pueda haber detrás de la postura europea y estadounidense para entender que el debate sobre la relación entre mercenarios y empresas de seguridad es muy relevante.

En primer lugar, porque en la resolución de la ONU, treinta y dos países condenan “las actividades recientes de mercenarios en países en desarrollo de diversas partes del mundo, en particular en zonas de conflicto, y la amenaza que entrañan para la integridad y el respeto del orden constitucional de esos países y para el ejercicio del derecho de sus pueblos a la libre determinación”. Es decir, porque han perpetrado atentados contra Gobiernos electos, contra sus representantes o contra procesos democráticos.

En segundo lugar, porque pueden cometer este tipo de acciones por el vacío jurídico en el que operan estas compañías y que hace que, en caso de desmanes, estas puedan desviar u omitir responsabilidades. Y no sólo las de sus miembros como ejecutores, sino también las de aquellos que han contratado sus servicios. 

En tercer lugar, por la difícil tipificación de sus tareas y de los medios para ejecutarlas, por la falta de regulación internacional y por la poca transparencia de los contratos, que lleva a que estas empresas protagonicen enormes pleitos con sus contratantes.

Según algunos datos, en países como Ecuador o Perú se contratan mercenarios por unos 1.000 dólares al mes

Los latinoamericanos tienen un papel cada vez más destacado en este mercado. Los ejércitos de Brasil, Chile y, en especial, de Colombia son grandes proveedores de mano de obra. En un mercado globalizado y con condiciones laborales poco reguladas, la oferta de mano de obra hace que los salarios y los beneficios de las empresas bajen, lo que lleva a buscar nuevos nichos de mano de obra.

Según algunos datos, en países como Ecuador o Perú se contratan mercenarios por unos 1.000 dólares al mes. Un sueldo bajo si se tiene en cuenta la peligrosidad del trabajo, pero muy alto en comparación con los salarios medios en estos países. 

En el caso de Colombia, su calidad como exportador de mercenarios es bien conocida. Desde la guerra de Irak, pasando por Yemen, son numerosos los casos de exmilitares colombianos contratados por compañías de seguridad internacionales. Colombia cuenta con un ejército bien entrenado y, sobre todo, experimentado en el terreno porque el conflicto armado en ese país ha sido un laboratorio de prácticas que marca la diferencia con los militares de otros países.

Pero hay otras condiciones que determinan la oferta de mano de obra.

Dada la estructura de las Fuerzas Armadas de todo el mundo, la mayor parte de su personal suele tener carreras cortas y abandona el servicio activo siendo aún joven y, por tanto, susceptible de vincularse a un mercado laboral. En muchos ejércitos, y Colombia no es una excepción, hay muy pocos recursos e iniciativas para reciclar a los militares que dejan el servicio y para que estos puedan incorporarse al mercado laboral civil en condiciones atractivas.

En un país como Colombia, y más aún en el marco del desescalamiento del conflicto, es necesario invertir en recursos humanos y proporcionarle alternativas profesionales a los exmilitares. 

Finalmente, hay un debate adicional ligado al reciente asesinato del presidente haitiano. ¿Se trata de mercenarios o de sicarios? Otra frontera difusa. Las pocas certezas sobre las motivaciones y el esquema de acción de los asesinos deja poco espacio a conjeturas apresuradas. 

Sin embargo, el Gobierno colombiano ha confirmado la identidad y la relación con su ejército de los detenidos y los muertos en el ataque. Y eso sí que deja algunas preguntas sobre la mesa. ¿Qué calidad ética tienen las personas que, después de pasar por el ejército de un país democrático, se prestan a una acción como esta? ¿Qué calidad de formación en derechos humanos y protección de la democracia se promueve en las Fuerzas Armadas de las que provienen estas personas? 

Por supuesto, no es una pregunta sólo para Colombia. 

La existencia de un violento mercado de seguridad y los vacíos y entuertos legales internacionales quedan en un segundo plano si se contempla la dimensión humana. Es decir, la decisión de participar en un asesinato, de torturar y de desestabilizar un país sólo por beneficio personal. 

*** Erika Rodríguez Pinzón es doctora en Relaciones Internacionales, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.