La libertad de los médicos está en riesgo

Por eso me parecen particularmente graves dos noticias recientes que contribuyen a limitar esta libertad. Por concretar, me refiero a la sentencia de una jueza que obligaba a la administración de un tratamiento a un paciente ingresado en la UCI y a las declaraciones de la ministra Irene Montero sobre la limitación del derecho de objeción de conciencia de los facultativos.

En el primer caso, la jueza dictaminó que el enfermo debía recibir ozonoterapia. Un tratamiento pautado y administrado por personal ajeno al centro donde el paciente estaba ingresado.

Parece ser que para averiguar qué tratamiento necesita un paciente crítico ya no hace falta estudiar una carrera de seis años, otro más de preparación del examen MIR, y hacer una especialidad de cinco años. Desde el poder judicial se puede ordenar la administración de un tratamiento.

Y eso, independientemente de que no exista información científica sobre su eficacia, de que la indicación no esté autorizada, de que no se haga en el ámbito de un ensayo clínico, y de que no se trate de un uso compasivo justificado. Se agita una varita y, voilà, la jueza sabe lo que es mejor para un paciente complejo.

Dificultar el ejercicio del derecho de objeción de conciencia es inapropiado, inaceptable, ilegal e injusto

Es un triste consuelo que otro juez interrumpiera posteriormente el tratamiento con ozono. No sólo porque el mal ya está hecho (tal vez con consecuencias irreparables), sino porque afianza la idea de que los jueces pueden prescribir y retirar tratamientos.

Las declaraciones de la ministra Irene Montero, que pretende “regular” la objeción de conciencia de los médicos, me parecen particularmente peligrosas e impropias de alguien con tal responsabilidad.

Como bien ha denunciado el Consejo General del Colegios de Médicos (CGCM), dificultar el ejercicio del derecho de objeción de conciencia es inapropiado, inaceptable, ilegal e injusto. Forzar la conciencia de los facultativos es inconstitucional e implicaría que los médicos dejáramos de ser libres para recomendar y aplicar aquellos tratamientos que estimemos apropiados.

Nuestro Código Deontológico especifica que “el médico debe disponer de libertad de prescripción, respetando la evidencia científica y las indicaciones autorizadas, que le permita actuar con independencia y garantía de calidad”. También especifica que “el reconocimiento de la objeción de conciencia del médico es un presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e independencia de su ejercicio profesional”.

No estamos hablando de corporativismo, sino del respeto a una libertad que es la base de la relación entre médico y paciente

La Asociación Médica Mundial (AMM), en su declaración de 1986 sobre la independencia y la libertad profesional, afirmó que los médicos deben de gozar de la libertad profesional que les permita atender a sus pacientes sin interferencias, y que el privilegio del médico de usar su juicio y discreción profesional para tomar las decisiones clínicas y éticas necesarias para la atención y el tratamiento de sus pacientes debe ser mantenido y defendido.

La AMM fue muy clara y el CGCM ha sido muy valiente. Pero me da miedo que estas injerencias se vean como un problema de los médicos. Porque no estamos hablando de corporativismo, sino del respeto a una libertad que es la base de la relación entre médico y paciente. Limitarla implica destruir esta relación de confianza y poner la salud de la población en las manos del Poder Judicial y de los gobernantes de turno.

Ojalá esto lo entiendan las asociaciones de pacientes, que tanto bien hacen, y también otros profesionales sanitarios, imprescindibles en los cuidados y la asistencia de los enfermos. De hecho, es algo que debería entender toda la sociedad.

Seamos claros. El derecho a una asistencia sanitaria correcta depende de esta libertad. No podemos permitir que se restrinja o se retire. Nos va la vida en ello.

*** Manuel Martínez-Sellés es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid.