Pere Aragonès, el presidente autonómico catalán, participará este septiembre en una mesa de negociación con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez para exigir amnistía y autodeterminación. Su vicepresidente, Jordi Puigneró aboga por la vía unilateral hacia la independencia.

Andoni Ortuzar, el presidente del PNV, ha anunciado que, tras las vacaciones, y con el coronavirus ya controlado, volverá a la carga en el Parlamento vasco con el asunto del “nuevo estatus” para Euskadi. 

Los objetivos son los mismos en ambos casos. La diferencia estriba en los métodos.

O, más concretamente, en los tiempos. 

El PNV lleva recurriendo de un tiempo a esta parte a una palabra exótica (estatus) procedente del inglés status, pero con raíz latina común, para referirse a la reivindicación de bilateralidad, de la categoría de nación y de garantías para el soberanismo en el País Vasco.

La palabra estatus tiene un significado similar a estado o condición. Pero el más usual es el que tiene que ver con la posición de una persona o de un grupo social en relación con los demás. 

Las últimas encuestas en el País Vasco muestran que los partidarios del independentismo no llegan ni al 20%

Y eso es lo que se ventila aquí: en qué posición va a quedar la Euskadi nacionalista dentro de España y, sobre todo, en relación con el resto de comunidades autónomas españolas. El nuevo estatus implica, por tanto, posición relativa o, dicho en plata, preeminencia.

Las últimas encuestas en el País Vasco muestran que los partidarios del independentismo no llegan ni al 20%. El Deustobarómetro de antes del verano daba un 15,5 % de independentistas en Euskadi. Es un porcentaje menor, incluso, que el que vota a la izquierda aberzale. La actual coyuntura política realista, que permite que las dos ramas del nacionalismo vasco saquen réditos de su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez, explicaría esta aparente anomalía. 

Pero lo que en realidad ocurre es que el nacionalismo vasco, después de la etapa terrorista, se ha dado cuenta (antes que el catalán) de la extraordinaria ventaja que supone reclamar la independencia en España sin perder la condición de español.

Imaginemos que el gobierno de un Estado cualquiera negara la nacionalidad a las personas que reclamen la independencia dentro de su propio Estado o que no se consideren nacionales de dicho Estado, dejándoles como ciudadanos sin derecho a voto o acceso a los cargos públicos de ese Estado.

Esto es lo que ocurre hoy en Estonia y Letonia, países de la Unión Europea, con el 7 y el 11% de sus ciudadanos respectivamente. Se trata de inmigrantes rusos que prefieren pertenecer al espacio Schengen que ser ciudadanos rusos y que, tras la independencia de ambos países, se quedaron sin nacionalidad reconocida.

En España, en cambio, los partidarios de la independencia de Euskadi o de Cataluña disfrutan de una situación ideal. Imposible de mejorar, de hecho, con la independencia. 

Esos independentistas tienen, por ejemplo, la iniciativa política en sus territorios. Y ya sabemos que la iniciativa lo es todo en política. Su razón de ser como partidos consiste en exigir la independencia, bien unilateralmente o bien demorada en el tiempo, de modo que los demás partidos vayan siempre a remolque y deban pronunciarse, quieran o no, sobre lo que ellos plantean.

Los nacionalistas se permiten puentear a las delegaciones locales de los partidos estatales para tratar de forma directa con los dirigentes nacionales de esas formaciones

Los nacionalistas vascos y catalanes son españoles que dicen no sentirse españoles. Pero, de facto, lo son. Por eso disfrutan de los mismos derechos que el resto de los españoles. Esos españoles que no quieren ser otra cosa que españoles. Desde el Gobierno central se trata a esos nacionalistas como españoles con los mismos derechos que todos los demás.

Esta situación ha generado un estatus diferenciado y privilegiado para los nacionalistas. Porque siendo españoles que no se sienten españoles ni quieren serlo, no sólo no ven menoscabados en absoluto sus derechos, sino todo lo contrario. En sus comunidades respectivas ejercen todo el poder y mantienen a los que no se suman a su proyecto nacionalista al margen de todos esos beneficios de los que ellos sí disfrutan.

Los nacionalistas vascos y catalanes copan los cargos políticos de todas las administraciones que controlan casi en exclusiva. A ellos pertenecen la mayoría de los ayuntamientos y sus respectivos gobiernos autonómicos, con todas sus consejerías. Además, en el caso vasco, también las instituciones provinciales, con parlamentos de 51 electos por provincia, más los gobiernos provinciales.

Además, gestionan todos los organismos dependientes del Gobierno regional, incluidas las televisiones públicas, así como subvenciones de todo tipo, que se reparten sólo entre ellos. Esto le permite a los nacionalistas vascos y catalanes mantener una abundante clientela a su servicio. Y con el reconocimiento de los distintos gobiernos españoles.

Además, los nacionalistas se permiten puentear a las delegaciones locales de los partidos estatales para tratar de forma directa con los dirigentes nacionales de esas formaciones. Así generan la ficción de dos gobiernos en pie de igualdad.

Y así es, también, como anuncian a los ciudadanos, tanto de las comunidades vasca y catalana como del resto de España, cuándo volverán a pedir la independencia y/o cuándo y de qué modo van a exigir de nuevo sus reclamaciones. Unos, la del nuevo estatus. Otros, la de la mesa de negociación. 

Y así hasta la próxima. 

*** Pedro José Chacón Delgado es profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU.