El cáncer es un enorme problema de salud en el mundo, pero sobre todo en los países más desarrollados. Es la primera causa de muerte en el varón y la segunda en la mujer en España, situación muy similar en toda la Unión Europea. Pese a todas las campañas de prevención primaria (por ejemplo, la Ley Antitabaco, que ha contribuido de forma decisiva al descenso de la incidencia de muchos tumores, entre ellos el de pulmón), el cáncer sigue aumentando su incidencia global, posiblemente debido al envejecimiento.

Pero la gran noticia es que desde los años 90 está descendiendo la mortalidad al ritmo del 1% anual. Y esto se ha logrado por el diagnóstico precoz y los avances terapéuticos, que han sido posibles gracias a los avances tecnológicos y al conocimiento. Con todo ello hemos pasado en los últimos 20 años (1995-2015) de un 40% de supervivencia global a los cinco años a más del 65%, y la mayoría de ellos posiblemente curados. A ello ha contribuido de forma decisiva la innovación en la terapia médica.

Aún tenemos un largo camino que recorrer en la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos, donde las perspectivas son ciertamente esperanzadoras, pero la innovación tiene un costo, y en los países de la Unión Europea (UE), donde existe una sanidad pública y universal, implica un desafío: su financiación y, por tanto, su disponibilidad y acceso para todos los pacientes. Y esto último es lo que me lleva a compartir esta reflexión.

Pongámonos brevemente en situación. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) evalúa todos los medicamentos indicados en cáncer que se van a comercializar en el Espacio Económico Europeo (EEE), es decir, en la UE y en Islandia, Liechtenstein y Noruega. Los fármacos innovadores para cáncer se tramitan siempre por procedimiento centralizado de evaluación, y la recomendación de la EMA es válida para todos los países y se traslada a la Comisión Europea para que formalice la autorización de comercialización válida en todo el territorio del EEE. En ese momento se puede utilizar el fármaco en todos esos países.

Pero, para su uso en la sanidad pública de cada país, las diferentes autoridades nacionales los evalúan nuevamente y llegan o no a un acuerdo de precio con las compañías productoras del medicamento, a fin de decidir si se incluye en la prestación farmacéutica. Una vez superada esta fase, el medicamento debe estar disponible para que pueda ser prescrito por los médicos al paciente que lo precise.

Pues bien, hace poco se ha hecho público el Informe WAIT (Waiting to Access Innovative Therapies), elaborado por IQVIA, consultora especializada en temas sanitarios, a petición de la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica, que aporta información sobre 152 medicamentos innovadores autorizados por la EMA entre los años 2016 y 2019 y en el que, lamentablemente, España no sale bien situada, en comparación con los países de nuestro nivel, en cuanto a la disponibilidad y acceso de los pacientes españoles a los nuevos medicamentos.

A 31 de diciembre de 2020 estaban disponibles en España 24 nuevos medicamentos oncológicos de los 41 autorizados en Europa en el periodo 2016-2019

En este informe se señala que, a 31 de diciembre de 2020, en España había disponibles sólo 82 medicamentos de los 152 que se autorizaron en Europa entre 2016 y 2019. Esto significa que en nuestro país están disponibles el 54% de fármacos aprobados, cifra que choca con el 88% de Alemania, el 75% de Italia, el 72% de Inglaterra o el 63% de Francia. Aunque posiblemente se autorice un porcentaje muy superior al mencionado, el problema surge en el momento por el tiempo que se tarda en incluirlo en la financiación pública. Así, en España es de 453 días, mientras que en Alemania es de 120 días, en Francia de 257, en Inglaterra de 335 y en Italia de 418.

En relación con los medicamentos oncológicos, nuestra situación es similar, pero incluso se aprecian valores aún más alejados respecto de los países citados. Así, a 31 de diciembre de 2020 estaban disponibles en España 24 nuevos medicamentos oncológicos de los 41 autorizados en Europa en el periodo 2016-2019. Esto supone que en España están financiados por el sistema público el 59% de los fármacos oncológicos autorizados en Europa en los últimos años, frente al 100% en Alemania y a los más del 70% en Italia, Francia e Inglaterra. Muy posiblemente estas cifras están también condicionadas por los tiempos que transcurren desde que estos medicamentos reciben la autorización de la EMA hasta que se incluyen en la financiación pública española, que son más largos que en esos países de referencia.

Detrás de estas cifras, sin duda muy significativas, hay una realidad preocupante: los pacientes españoles no pueden acceder a los mismos tratamientos que los alemanes, franceses, ingleses o italianos en el mismo periodo de tiempo.

A esta realidad se suma otra: las diferencias de disponibilidad y de acceso entre los distintos Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas e incluso entre hospitales de una misma comunidad. El Informe WAIT no entra a analizar estas diferencias. Sin embargo, existen, tal y como venimos poniendo de manifiesto las sociedades científicas, y en mi caso la de oncología médica, desde hace años. Ya en 2012 estudiamos este asunto en la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y denunciamos esta falta de equidad en el acceso a fármacos entre las comunidades autónomas y dentro de cada una de ellas entre los diferentes hospitales.

Tenemos que conciliar la disponibilidad de recursos económicos y el acceso a los tratamientos innovadores

Me he permitido, aprovechando la publicación del informe WAIT, poner nuevamente de manifiesto ante la opinión pública la problemática del acceso a fármacos innovadores para pacientes oncológicos en nuestro país.

Desde que la Comisión Europea autoriza la comercialización de un medicamento innovador transcurren meses o años hasta que lo financia España. Entiendo que tienen que poner condiciones de precio, pues la innovación es costosa y los dineros públicos son finitos (otra cosa es dónde preferiría el ciudadano que se gastara, si se le preguntara), pero no es de recibo que se pasen meses o años, repito, sin tomar una decisión. Durante ese periodo se puede intentar utilizar el fármaco de forma excepcional, con muy diferente éxito dependiendo de cada comunidad autónoma y de cada hospital, mostrando claramente la falta de igualdad de oportunidades entre los españoles en algo tan importante como la salud.

Pero lo más sangrante del proceso es que, una vez aprobado un medicamento por los diferentes organismos, acordado el denominado Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) y decidido un precio, y pese a que en todo ello están representadas las comunidades autónomas, no acaba aquí el tema y en prácticamente todas las comunidades autónomas se vuelve a valorar el fármaco, pese a que la normativa vigente especifica claramente que el acceso a fármacos por el SNS debe ser idéntico entre todos los españoles. Todo esto lleva cuando menos a un nuevo retraso y a una nueva falta de equidad, y ello sin entrar en detalles sobre los diferentes procedimientos que tiene cada hospital y/o comunidad autónoma para su prescripción.

Es imprescindible encontrar fórmulas novedosas que faciliten que España incorpore la innovación al mismo ritmo que nuestros colegas europeos, como hemos hecho con la Covid-19. Y algo clave: que todos los españoles tengan las mismas oportunidades de acceso a fármacos en las mismas condiciones y al mismo tiempo.

Tenemos los mimbres necesarios para que nuestro sistema de salud esté entre los mejores. Disponemos de una cobertura universal, contamos con centros sanitarios de primer nivel y profesionales de reconocido prestigio que están entre los más cualificados del mundo. Somos líderes indiscutibles en trasplante de órganos y ocupamos un lugar destacado en la realización de ensayos clínicos de medicamentos.

Todos entendemos que nuestras autoridades tienen la responsabilidad de emplear adecuadamente los recursos disponibles. Es también una responsabilidad de la industria farmacéutica intentar llegar a acuerdos económicos y facilitarlos. Pero tenemos que encontrar soluciones para conciliar la disponibilidad de recursos económicos y el acceso a los tratamientos innovadores, tal como lo hacen los países de nuestro entorno. No podemos permitirnos no estar a la altura que la sociedad y nuestros pacientes esperan de nosotros en un asunto tan sensible como el acceso a los mejores tratamientos.

*** Juan Jesús Cruz Hernández es catedrático de Medicina de la Universidad de Salamanca y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Salamanca. Es también expresidente de la Sociedad Española de Oncología Médica.