Instalaciones del gasoducto Nord Stream 1 en Lubmin, Alemania. Reuters
Por qué el tope del gas no es suficiente
A la vista de que el tope del gas no tendrá el efecto balsámico esperado, ha vuelto a cobrar atractivo la idea de disponer de una tarifa regulada más estable.
El 15 de junio de 2022 entró en vigor el mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, más conocido como "tope del gas". La orden ministerial que determinaba su fecha de entrada en vigor se había publicado una semana antes, el 9 de junio, después de un largo proceso de negociación que había demorado esta medida durante varios meses.
Instalaciones del gasoducto Nord Stream 1 en Lubmin, Alemania. Reuters
De hecho, mucho más de lo previsto. El real decreto ley que regulaba este mecanismo se había aprobado el 15 de mayo. Casi dos meses después del Consejo Europeo del 25 de marzo que había dado luz verde a la llamada "excepción ibérica", el acuerdo político que amparaba esta intervención temporal en los precios del mercado mayorista de electricidad de España y Portugal.
El tiempo, o más bien la incapacidad para controlarlo, suele jugar malas pasadas. Y este caso no fue una excepción.
El paso de las semanas desde el primer anuncio de la medida acusó el impacto de una inflación cada vez más persistente, a la vez que acrecentaba las expectativas depositadas en el tope del gas, convertida ya por entonces en la gran baza del Ejecutivo para hacer frente a la escalada de los precios. Una escalada que, cabe recordar, ha dejado a las puertas de este mes de junio el dato histórico de una inflación del 10,2%.
Aunque todavía es pronto para pronunciar sentencia (el tope del gas no lleva en vigor ni un mes), sus primeros resultados sí permiten extraer algunas consideraciones. Y estas ofrecen una de cal y una de arena.
El tope del gas, efectivamente, ha contribuido, hasta ahora, a rebajar el precio de la luz. Pero lo ha hecho por debajo de las expectativas iniciales generadas y con unos efectos colaterales cuyo alcance todavía está por determinar.
Los datos apuntan a que, desde la entrada en vigor del tope del gas, el precio del mercado mayorista de electricidad en España ha caído hasta situarse entre los más bajos de la Unión Europea, con diferencias de más del doble frente a los precios del resto de países de nuestro entorno.
Sin embargo, esta rebaja no se ha trasladado en la misma medida al precio del recibo de la luz. De un lado, para los consumidores que tienen una tarifa en el mercado libre, los efectos de este mecanismo no se notarán hasta que los contratos se renueven.
Del otro, los que están acogidos a la tarifa regulada (PVPC) sí han experimentado una bajada en el recibo, si bien esta ha sido de cerca del 15%. Una cifra significativa, aunque alejada de las que se prometían con esta medida.
La razón de esta discrepancia se debe a varios factores. Algunos ya previstos, como el coste de la compensación que se paga a las centrales de ciclo combinado, que ha llegado a superar los 100 €/MWh algunos días. Esta es la principal causa de que el precio en el recibo no esté bajando tanto como lo esperado, sobre todo durante las últimas semanas, en las que el montante de la compensación ha sido elevado porque se ha tenido que recurrir mucho a la generación con gas para asegurar la cobertura de la demanda.
"El menor precio causado por el tope ha llevado a un incremento de la demanda exterior de electricidad a través de las interconexiones con Francia"
¿Y por qué ha hecho falta aumentar la producción con gas?
Primero porque, como en buena medida se esperaba, el menor precio causado por el tope ha llevado a un incremento de la demanda exterior de electricidad a través de las interconexiones con Francia, que han estado funcionando pese a sus limitaciones a máxima capacidad desde la puesta en marcha del mecanismo.
Y, en segundo lugar, por una situación imprevista y por desgracia inevitable como la de la falta de generación renovable ante la escasez de sol y de viento. Las altas temperaturas, la calima y un anticiclón se han conjugado para que el tope del gas entrase en las peores condiciones posibles.
Por otra parte, tampoco se puede ignorar que hay aspectos de diseño del tope que están teniendo efectos colaterales cuyo alcance está todavía por determinar.
Por ejemplo, el hecho de que tengan derecho a la compensación las centrales de ciclo combinado, pero no las de cogeneración, ha hecho que más de la mitad hayan parado su producción al verse forzadas a producir a pérdidas.
Esto es sin duda una mala noticia, ya que la cogeneración es una tecnología energéticamente más eficiente que permite generar calor y electricidad para su utilización integrada en el mismo proceso industrial. De hecho, se estima que la cogeneración ahorra un 15% de emisiones de CO2 frente a la alternativa que supone obtener la misma energía por suministro externo.
Asimismo, los datos parecen señalar que el tope estaría incentivando una reducción de la producción hidroeléctrica. Aunque estos datos son todavía demasiado preliminares para que resulten significativos.
En definitiva, el tope del gas supondrá un alivio, sí. Pero será en todo caso insuficiente ante la magnitud del reto que España tiene por delante. Sobre todo, ante el escenario cada vez más probable de un corte de suministro de gas a la UE por parte de Rusia que dispare los precios a corto plazo. Ymás a las puertas de un repunte de la demanda en invierno.
Y por este motivo será necesario tomar medidas adicionales si se quieren contener de manera efectiva los precios que pagan los consumidores, y la inflación con ello.
"Sería recomendable que el IVA se calculase sólo sobre el importe de la energía consumida, los peajes y el margen de comercialización, pero no sobre los cargos y otros impuestos que se integran en la factura"
La última rebaja del IVA de la electricidad, esta vez hasta el 5%, es un ejemplo en este sentido y a la vez una prueba de la necesidad de estas medidas complementarias.
También lo sería que este IVA se calculase sólo sobre el importe de la energía consumida, los peajes de transporte y distribución y el margen de comercialización, pero no sobre los cargos y otros impuestos que se integran en la factura, evitando así una doble imposición que se concreta en un recargo para el consumidor.
Otra medida similar sería sacar de la tarifa eléctrica el coste de los cargos. Esto es, aquellos conceptos que van a financiar políticas vinculadas al sistema eléctrico, pero no directamente relacionadas con el precio de la luz, como los costes de la deuda acumulada del sistema, de las primas a las renovables o de los mecanismos de ajuste que hacen que el precio que se paga en la Península y en Canarias sea el mismo.
Estos cargos llegaron a bonificarse hasta en un 96% en 2021, por lo que sería igualmente posible hacerlo ahora.
Igualmente, y pensando en la inflación, el ajuste de expectativas respecto al impacto del tope del gas debería servir para recuperar otra reforma cuya tramitación se había demorado en paralelo a su menor interés político.
La primera es la reforma de la tarifa regulada, el PVPC, con el objetivo de que esta deje de replicar directamente el mercado y en su lugar se guíe por diferentes indicadores, reduciendo de este modo su volatilidad. De hecho, el peculiar diseño de nuestra tarifa regulada explica por sí solo casi dos puntos del diferencial de inflación de España con el resto de la UE, incluido Portugal, con quien compartimos mercado mayorista eléctrico.
Es este hecho el que permite explicar que la Comisión Europea exigiera a España esta reforma como condición para autorizar la aplicación temporal del tope del gas.
Pero igual que se optó por este diseño para tratar de sacar ventaja de un contexto de bajos precios de la electricidad, hace un año se planteó su reforma en sentido inverso y poco después perdió interés ante la expectativa de que el tope del gas permitiese aprovechar ese mismo diseño para bajar los precios.
Ahora, visto que el tope no tendrá el efecto balsámico esperado, ha vuelto a cobrar atractivo la idea de disponer de una tarifa regulada más estable que disminuya la incertidumbre para el consumidor.
Si el efecto combinado de estas políticas llega a ser suficiente o no dependerá, en todo caso, de cómo evolucione la crisis energética en Europa.
*** Ramón Mateo es director del gabinete de incidencia pública beBartlet.
