Manifestantes esrilanqueses protestan ante la Secretaría Presidencial en Colombo el pasado julio. Reuters
Sri Lanka no tendrá futuro si los Rajapaksa no rinden cuentas
Sri Lanka debe ser valiente y confrontar su pasado, obligando a los Rajapaksa a responder ante la justicia por los crímenes cometidos durante la guerra civil.
El pasado mes, una sublevación popular sin precedentes en Sri Lanka llevó a la caída de la autoritaria familia Rajapaksa, que había dominado la isla durante casi dos décadas. Pero la victoria de los insurrectos se ha demostrado efímera y agridulce.
La elección de Ranil Wickremesinghe (el sucesor Gotabaya Rajapaksa) por el Parlamento sugiere que las demandas de los esrilanqueses corrientes van a permanecer desatendidas.
El expresidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa.
De hecho, pocas horas después de que Wickremesinghe tomara posesión, se declaró un estado de emergencia que acabó en un dramático número de arrestos y en la prohibición de viajar a destacados manifestantes. Las fuerzas de seguridad asaltaron violentamente las protestas antigubernamentales en Colombo y otros lugares, golpeando a civiles, periodistas y abogados y destruyendo propiedades. No parece justificado esperar que la brutalidad y las fechorías de la dinastía anterior vayan a remitir próximamente.
Las protestas (llamadas por Janatha Aragalaya "la lucha del pueblo") tuvieron su origen en los extendidos cortes de electricidad y la escasez de gas, fertilizante, comida y medicinas. La mayor parte de la culpa puede ser atribuida a décadas de malas políticas económicas, préstamos sin control, corrupción, militarización y autoritarismo. Las desigualdades económicas del país quedaron ejemplificadas en la irrupción de los manifestantes en el palacio presidencial el pasado mes, dejando al descubierto el lujo del que disfrutaba la clase gobernante.
La incautación del dinero y los activos mal adquiridos por los Rajapaksa y sus aliados se ha convertido en una de las reclamaciones clave de las protestas. Miembros destacados de la familia y sus allegados han sido acusados a lo largo de estos años con cargos de blanqueo de dinero, malversación y tráfico de armas. Pero, hasta la fecha, los procesos permanecen estancados.
Difícilmente podía encontrarse a alguien más partidario de Rajapaksa y un sustituto más ilegítimo que Ranil Wickremesinghe, un hombre que ha ejercido como primer ministro seis veces y al que persiguen sospechas sobre su integridad, tales como su papel en la estafa de los bonos del Banco Central en 2015, o en los campos de tortura de finales de los ochenta.
"La opinión pública está cambiando en Sri Lanka, y las exigencias para investigar los crímenes de los Rajapaksa empiezan a arraigar"
Como parlamentario que perdió su escaño en las últimas elecciones, carece de legitimidad política. Durante su mandato de 2015-2019 como primer ministro se abstuvo de intentar que los Rajapaksa rindiesen cuentas. Su gobierno renegó de su compromiso de establecer un mecanismo judicial especial con participación internacional para asegurar la responsabilidad por las atrocidades de los tiempos de la guerra, contenido en la histórica resolución de 2015 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Sin embargo, la opinión pública está cambiando, y las exigencias para investigar los crímenes de los Rajapaksa empiezan a arraigar.
Por ejemplo, los manifestantes sostuvieron pancartas con las caras de los periodistas y los activistas asesinados o que desaparecieron forzosamente, como Lasantha Wickrematunge, Prageeth Ekneligoda, Lalith Kumar Weeraraj y Kugan Muruganathan.
A esto hay que sumar la matanza de la prisión de Welikada en 2012, el descubrimiento de una fosa común de los ochenta conectada a la insurgencia cingalesa, e incluso los bombardeos de la Pascua de 2019. Todos estos episodios tienen algo en común: permanecen sin resolver, y sobre todos ellos pesan las sospechas de la implicación del régimen de los Rajapaksa, especialmente de Gotabaya.
Parte de los antiguos votantes de los Rajapaksa están ahora protagonizando el clamor por la justicia, muchos de ellos budistas cingaleses. Hasta ahora habían aclamado a la dinastía como héroes que habían salvado al país del terrorismo.
Pero el mayor desafío para la verdad y la reconciliación será recabar y mantener al apoyo de la mayoría cingalesa budista para investigar y perseguir las atrocidades cometidas contra los tamil durante la guerra civil. Aunque los crímenes fueron cometidos por los sucesivos gobiernos y los rebeldes tamil durante las tres décadas de la guerra, los Rajapaksa son vistos generalmente por la ONU y otras organizaciones como los responsables de un baño de sangre durante la fase final del conflicto. Obligarles a rendir cuentas significa poner a personal militar (considerados por algunos cingaleses como "héroes de guerra") ante la justicia.
Nunca ha habido un mejor momento para desafiar instituciones hasta ahora intocables. Las actitudes están cambiando.
"Los gobiernos extranjeros deben negar cualquier petición de asilo de la familia Rajapaksa y sus aliados, y apoyar los esfuerzos internacionales para que paguen ante la justicia por sus crímenes"
La ONU y las principales naciones occidentales deben apoyar que se haga justicia a nivel doméstico e internacional. El año pasado, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución para la reconciliación, la rendición de cuentas y los derechos humanos en Sri Lanka, que ordena la recolección y la conservación de evidencia para los procedimientos judiciales. Ahora debe reforzar este proceso y expandir la orden para incluir que se reúna evidencia también por los presuntos delitos financieros.
Nuestro malogrado expresidente, Gotabaya Rajapaksa, se oculta ahora en Singapur. Sus hermanos Mahinda (antiguo presidente y primer ministro) y Basil (exministro de Finanzas) también podrían huir si se levantan las restricciones de viaje impuestas sobre ellos por el Tribunal Supremo.
Los gobiernos extranjeros deben negar cualquier petición de asilo de la familia Rajapaksa y sus aliados, y apoyar los esfuerzos internacionales para que paguen ante la justicia por sus crímenes.
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Recientemente, grupos de derechos humanos y organizaciones tamil han pedido a las autoridades de Singapur vigilar a Gotabaya, dada su presencia en el país. Sin embargo, es sobre todo al gobierno de Sri Lanka al que corresponde controlar a los Rajapaksa.
No puede haber protección ni respaldo alguno al régimen anterior. Uno de los pasos más valientes que cualquier nueva administración debe dar es ratificar el Estatuto de Roma con efecto retroactivo. Esto obligaría a Sri Lanka a responder ante la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional.
Se lo debe a sus ciudadanos corrientes, que están sufriendo una combinación de fracasos internos y externos. La isla debe enfrentarse a su pasado si quiere tener algún futuro.
*** Ruki Fernando es activista por los Derechos Humanos en Sri Lanka y consultor en el Centro de Estudios de Religión y Sociedad (CSR).
