¿Está España preparada para las nuevas reglas fiscales de la UE?

La propuesta de la Comisión busca, entre otras cosas, cerrar el capítulo de los hombres de negro en Europa. Una de sus grandes novedades es que da más responsabilidad a los países. Permite que cada uno presente su propio plan de consolidación fiscal a cuatro años vista. La Comisión dejaría así a cada Estado marcar su propio ritmo de consolidación fiscal, incluyendo las reformas e inversiones que considere prioritarias.  

Esta idea parece que nos suena, ¿no? 

Efectivamente, la Comisión se ha inspirado en los planes nacionales de recuperación que se aprobaron en el marco de los fondos de recuperación Covid, los fondos NextGenerationEU.

El objetivo de este cambio radical de estrategia es que los países tengan un papel más activo en el diseño y evaluación de las políticas fiscales y aumente así la probabilidad de que se cumplan las reglas europeas, ya que ahora mismo los Gobiernos desoyen las recomendaciones de la Comisión para consolidación fiscal y reformas. 

"La crisis de 2008 nos enseñó que no podemos pedir a todos los Estados miembros el mismo esfuerzo ni al mismo ritmo"

En teoría, y si la responsabilidad del Gobierno de España fuese la que cabe esperar, esto sería bueno.

Ciertamente, la crisis de 2008 nos enseñó que no podemos pedir a todos el mismo esfuerzo ni al mismo ritmo. En la UE hay países con niveles de deuda pública muy elevados, como Grecia, con casi un 200% del PIB, o España, con un 118 % del PIB.

Tenemos otros con niveles más moderados, como Alemania y Finlandia, que tienen entre un 60 y un 80% del PIB.

Y algunos con niveles muy bajos, como Luxemburgo, Bulgaria y Estonia, donde la deuda se encuentra en torno a un 20% del PIB.

Por tanto, es lógico pensar que Grecia y España tardarán más en recuperar niveles de deuda inferiores al 100%, y que Luxemburgo y Bulgaria pueden endeudarse más para ejecutar inversiones que consideren relevantes. 

Para España, esto significa que vamos a tener que hacer los deberes que no hemos hecho en mucho tiempo. El último cuadro macroeconómico de la AIReF (la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en España) muestra la imagen de unas finanzas públicas que son un peligro para la sostenibilidad económica del país. 

Recordemos que el Tratado de Maastricht impone unos límites del 3% de déficit y de un 60% de deuda. Sin embargo, nuestro déficit estructural (esto es, el que excluye el efecto del ciclo económico) se situará en un 4% en 2025.

Es decir, el gasto recurrente estará un 0,6% por encima del nivel previo a la pandemia. Y todo ello a pesar de la inyección que han supuesto los fondos europeos.

El Gobierno solo ha anunciado una política fiscal de consolidación en 2025, y nuestro déficit estructural entre 2022 y 2023 aumentará en vez de reducirse (como sí está ocurriendo en la UE). Decisiones populistas como la indexación de todas las pensiones tienen mucho que ver en esto. 

En términos de la deuda, la situación no es mucho mejor. La AIRef ha anunciado que esta iniciará una senda ascendente si el déficit se mantiene. Nuestra deuda ha aumentado en 20 puntos desde los niveles prepandemia y su reducción a corto plazo se ha debido al crecimiento nominal del PIB y no al saneamiento de las cuentas públicas.

La tendencia podría revertirse si la economía entra en desaceleración como resultado de la guerra en Ucrania.

En otras palabras, España no ha tenido una estrategia de consolidación fiscal a medio plazo. 

Por otro lado, el incremento de las responsabilidades otorgadas a los países contrasta con los compromisos económicos del Gobierno en Bruselas. Que son, como poco, insuficientes.

Este mismo mes, el informe del Consejo Fiscal Europeo denuncia ciertas prácticas insólitas para la credibilidad fiscal. España no proporcionó a la Comisión Europea las proyecciones económicas y fiscales para 2021 y no se establecieron objetivos presupuestarios claros en nuestro programa de estabilidad.

De hecho, la AIRef recalca unas tasas de referencia poco exigentes y reitera la ausencia de lo que ahora Europa nos exige: una estrategia de consolidación fiscal de medio plazo. 

Otro problema es que de ahora en adelante se nos exigirán reformas e inversiones para evaluar el cumplimento de las reglas fiscales. Aquí tenemos un gran número de lecciones que extraer de la experiencia con el plan de recuperación español y los fondos NextGenerationEU. 

"España tendrá que ponerse las pilas para demostrar que puede llevar a cabo inversiones de calado con carácter transformador"

Por un lado, la ejecución de los fondos está siendo excesivamente lenta y opaca. El dinero no está llegando a los ciudadanos y a las empresas, es decir, a la economía real. España tendrá que ponerse las pilas para demostrar que puede llevar a cabo inversiones de calado con carácter transformador.

Por otro lado, tendrá que por fin emprender las reformas pendientes, tan necesarias en nuestro país.

Aquí, de nuevo, la experiencia es desalentadora. La reforma de las pensiones es el mejor ejemplo de la falta de voluntad del Gobierno para ejecutar una agenda reformista. Esta misma semana el PSOE introdujo una enmienda en el Parlamento Europeo que abre la puerta a diluir y aparcar las necesarias reformas comprometidas con Bruselas en nuestro plan de recuperación. Contó, por cierto, con el apoyo de Vox.

Todas estas deficiencias llevan a pensar que, de estar en vigor hoy la propuesta de reforma fiscal de la Comisión Europea, España estaría claramente expuesta a sanciones por parte de la Comisión. Toca hacer los deberes.

Es fundamental ser ambiciosos en nuestra estrategia de consolidación fiscal. El 3% de déficit no puede ser tratado como un objetivo, sino como un límite, un tope, tal y como reconocen los tratados. Todo esfuerzo que esté por debajo de este nivel nos pone en un gran peligro. 

El objetivo de las reglas fiscales no es someter arbitrariamente a los países a dolorosos procesos de ajuste. Es todo lo contrario. Saber aprovechar los momentos de crecimiento para sanear las cuentas y crear músculo fiscal, y así poder llevar a cabo medidas expansivas en los momentos de recesión.

Ser contundentes en este debate tampoco supone negar el papel de la política fiscal activa. Es reconocer que cuanto mayor peso le demos a la política fiscal expansiva, más prudentes debemos ser en el manejo de las cuentas públicas. 

Todo ello es posible y necesario. Pero se necesita voluntad política. Una voluntad que, en este momento, el Gobierno no tiene. 

*** María Muñoz es diputada y portavoz económica de Cs en el Congreso de los Diputados.

*** Eva Poptcheva es eurodiputada de Cs y vicepresidenta del Comité Económico del Parlamento Europeo.