Rusia no ha extraditado nunca a ciudadanos solicitados por España en relación a los sumarios instruidos contra mafiosos de su país, pero, según los disidentes rusos, está lista para enviar a Europa criminales. El nuevo peligro del que los opositores advierten a las autoridades españolas consiste en la posibilidad de que internos excarcelados por la Wagner como carne de cañón hayan eludido la obligación de combatir en el frente a cambio de un soborno y hayan huido a España a través de Turquía con la mediación de Ramzán Kadirov, el amigo checheno de Putin.
Entre los chechenos supuestamente liberados de las cárceles rusas y en paradero desconocido se encuentran al menos dos de los cuatro kadirovitas acusados del asesinato del opositor Boris Nemtsov, que tuvo lugar el 27 de febrero de 2015 en Moscú. Todos ellos fueron condenados el 13 de julio de 2017 a largas penas de prisión en colonias de régimen estricto.
"Sabemos que a día de hoy son ya 60.000 los prisioneros que han sido reclutados por la Wagner", asegura Olga Romanova, una famosa activista rusa refugiada en Alemania. "Pero muchos de ellos han sido redirigidos a Chechenia a cambio de dinero sin pasar por los campos de batalla. Es decir, entendemos que es un hecho que, sobornando a Prigodzhin o al jefe de la zona, estos reclusos pueden ser trasladados a esa entidad extraterritorial y tras seis meses en la república, se consideran indultados y con derecho a un pasaporte extranjero. Una vez llegan a Turquía, les resulta muy sencillo obtener visados para países de la UE".
Dos de los cuatro chechenos encarcelados por el asesinato de Nemtzov se encuentran en paradero desconocido desde que Prigodzhin comenzó a reclutar mercenarios en las prisiones rusas.
Romanova desconoce cuántos han podido llegar a la Unión mediante este procedimiento porque a menudo cambian de nombre y es imposible localizarlos, pero tiene datos que sugieren que algunos de ellos podrían acabar en España, que es uno de los países preferidos por los rusos. "Lo que las autoridades españolas deben entender es que muchos de estos huidos cumplían condenas por dobles o triples asesinatos", precisa. "Hay un caso conocido de un agente inmobiliario de San Petersburgo que fue hallado culpable de asesinar a su sobrina. Durante la investigación, salió a la luz que había ordenado la muerte de otras cuatro personas. No cumplió ni dos años de condena y fue encontrado en Turquía con su esposa".
El Kremlin se ríe de España
A los opositores rusos les preocupa igualmente que, dieciséis meses después de la agresión a Ucrania, las autoridades judiciales españolas siguen colaborando con las rusas. Pese a que ya no existen dudas de que Rusia es un estado penetrado por la mafia donde los derechos humanos pintan poco o nada, España ha seguido extraditando a personas a petición de los internacionalmente desacreditados tribunales rusos.
"Los funcionarios españoles han pecado de ingenuos durante los últimos treinta años"
Los disidentes creen que la Justicia de su país se ha reído de España desde los años 90 ayudando a gánsteres de la peor calaña en sus litigios con tribunales españoles; poniendo trabas en las ruedas de las investigaciones españolas de grupos criminales cercanos a Putin y, más recientemente, fabricando casos policiales contra disidentes refugiados en la Península a los que luego trataba de monitorizar con la mediación de Interpol.
"Los funcionarios españoles han pecado de ingenuos durante los últimos treinta años", apunta Olga Romanova. "Y eso hasta el punto de que España se ha permitido incluso extraditar a Rusia a hombres de negocios o, lo que es peor, a enemigos de Ramzán Kadírov que a mediados del decenio del 2000 se incluían en las listas de Interpol previo pago de sobornos".
Según Romanova, "los documentos que al principio enviaba Rusia para solicitar su extradición hacían reír a España u otros países como Alemania por su factura chapucera. Pero con el tiempo aprendieron a redactar excelentes demandas. Hasta las embajadas en Moscú de España y Francia terminaron convenciéndose de que las condiciones de los presos rusos eran estupendas. Los años anteriores a la agresión rusa de Ucrania fueron muy complicados porque se repatriaba a todo el mundo de manera automática, incluso a las mujeres que habían salido huyendo de la violencia de sus maridos".
Claro que las repatriaciones no han cesado tras el comienzo de la guerra. El caso más reciente es el de Innesa Brandenburgo, una alta ejecutiva de un banco de Siberia a la que los rusos acusaban del robo de algo más de seis millones de euros. Esta directiva de Sberbank fue entregada por los españoles a Moscú en bandeja de plata... ¡el pasado mes de septiembre! Es decir, medio año después de que se iniciara la invasión. "Se cree que robó 560 millones de rublos", nos dice Romanova. "En Rusia, Inessa fue condenada inmediatamente y acabó en una colonia de mujeres. Sin embargo, los verdaderos organizadores del robo aún no han sido detenidos y ni siquiera han sido incluidos en la lista de personas buscadas. La investigación reveló que Grigory Romaniuta, presidente del consejo de administración del banco, obligó a sus empleados a transferir dinero a toda prisa cuando se enteró de que le iban a quitar la licencia. Nadie le busca a él y está claro por qué".
Rusia ignora a la Justicia española
Y mientras España le brindaba a Rusia una especie de barra libre judicial al doblar el milenio, los rusos se negaban con excusas peregrinas y ampliamente cuestionadas por fiscales españoles a entregar, por ejemplo, al mafioso ruso Vladímir Anatolyevich Tyurin. Tanto él como el gánster georgiano Tariel Oniani lograron zafarse de la policía de nuestro país durante una operación policial contra la mafia rusa conocida como 'Operación Avispa'. Oniani terminó en prisión pero Tyurik no pudo ser encarcelado, gracias, entre otras cosas, a que la Justicia rusa se negó a extraditarlo en 2008. Con posterioridad, se proporcionaron indicios consistentes de los vínculos de ese mafioso con los Servicios Federales de Seguridad (FSB), el KGB de Putin.
Al decir de Romanova, el más sonado de los fiascos que acredita la asimetría de las relaciones entre la Justicia rusa y española es la investigación que se seguía en España contra el diputado de la Duma Estatal Vladislav Reznik, su adjunto Bastrykin y el mafioso Gennady Petrov, todos ellos implicados en un caso de blanqueo de dinero.
"Los españoles estuvieron diez años investigando a todos estos hampones y de repente, liberaron a Petrov, que era la mano derecha de Putin en la mafiosa San Petersburgo", recuerda la periodista. "Naturalmente, escapó a Rusia y jamás volvió. Tampoco fueron capaces de encontrar pruebas contra Reznik y todo se les vino abajo. Si eso no hubiera sucedido, es probable que no hubiera habido guerra. Y lo más incomprensible es que todo ello ocurrió cuando la OTAN ya miraba de reojo a Rusia por la anexión de Crimea. Como no se hizo nada, los criminales de la caterva de Putin fueron puestos en libertad y se quedaron con la idea de que podrían hacer cualquier cosa con absoluta impunidad".
Gennady Petrov, izquierda, y Malyshev, dos conocidos gánsteres rusos vinculados por los fiscales españoles a los amigos de Putin. Petrov fue liberado y puso pies en polvorosa.
El caso que refiere Romanova acaeció en febrero de 2018, cuando el diputado ruso Vladislav Reznik y otros 17 sospechosos comparecieron ante los jueces españoles para enfrentar acusaciones de lavado de dinero. Las investigaciones involucraban a las bandas de mafiosos Tambov y Malyshev, dos de los grupos del crimen organizado más peligrosos de Rusia. Ambos se hicieron famosos y ricos vendiendo heroína en San Petersburgo durante los noventa, que era la época en la que Putin era teniente de alcalde de la ciudad. Los fiscales españoles sostenían que habían lavado 50 millones de euros en nuestro país mediante la adquisición de bienes inmuebles pero, como señala Romanova, la acusación se derrumbó pese a que existían datos inquietantes que probaban la relación de Reznik con Petrov, uno de los capos del crimen ruso organizado. El mafioso fue arrestado en España en 2008 durante la 'Operación Troika', pero huyó del país después de pagar una fianza.
Se sabe que Reznik, el amigo de Putin, compró la primera casa de Petrov en Mallorca y que ambos socializaron e hicieron negocios juntos. Para cuando el caso alcanzó la Audiencia Nacional, habían transcurrido ya diez años desde el comienzo de la investigación. La acusación se basaba en intercepciones telefónicas en las que, supuestamente, se oía a los sospechosos hablando con los capos.
Se acabaron las facilidades
La activista cree que la percepción de los españoles sobre las autoridades rusas ha cambiado tras la guerra. "Ahora es preciso que se haya cometido un delito destacado para que se extradite a alguien. Por fin se ha comprendido que Rusia no es un estado de derecho, pero antes de llegar a la situación actual, muchos sufrieron las consecuencias del modo en que se trabajaba con la Justicia rusa. Ello incluye también, por ejemplo, a los directivos españoles de Yukos que fueron extraditados a Rusia".
Uno de los ejecutivos a los que se refiere Romanova es Antonio Valdés-García. "Era un antiguo jefe de Fargoil condenado a 11 años de prisión en Rusia por su complicidad en un robo de 13.000 millones de dólares organizado por Mijaíl Jodorkovski y Platon Lebedev", sostiene la periodista.
"En junio de 2005, Antonio voló a Moscú desde Madrid a petición de los investigadores de la Fiscalía General rusa, que habían prometido a las autoridades españolas que no iría a la cárcel. Sin embargo, fue recibido en el aeropuerto por agentes del FSB y del Ministerio del Interior que le llevaron a una base cercana a Moscú. Los policías que le custodiaban decidieron ayudar en la investigación y persuadir a Valdés-García para que delatara a los organizadores de los delitos. En agosto de 2006, Antonio intentó suicidarse y se arrojó por la ventana de la base donde estaba detenido. Los policías trasladaron al lisiado español a un hospital de Istrinsky para que le atendieran de sus fracturas, diciendo que supuestamente se había lesionado en un accidente de tráfico. Valdés-García cumplió al final su condena y regresó a España, pero la colaboración con Rusia no se detuvo nunca, a pesar de todo".
No están seguros ni en España
Los opositores rusos no se sienten seguros en el territorio de la Unión ni siquiera tras el comienzo de la guerra, y no solo porque teman que pueden ser asesinados por sicarios a sueldo del Kremlin, sino por el modo en que el Gobierno de Putin ha aprendido con los años a servirse de las herramientas de Interpol para monitorizar y reprimir la disidencia incluso en la diáspora. La "barra libre" se ha acabado, pero disponen aún de argucias para seguir beneficiándose de la cooperación policial con España y Occidente.
Vladimir Osechkin, Mark Feygin o Yulia Latinina son tres casos de manual de disidentes reconvertidos en influencers que han tenido que escapar al territorio de la Unión para no correr la misma suerte que Alexey Navalni o Vladímir Kara-Murza. El patrón que se sigue es siempre el mismo. Primero, les avisan de que van tras de ellos. Después, les ofrecen dinero por colaborar. Si no se rinden a las exigencias del FSB, les desacreditan y calumnian fabricando casos criminales y, finalmente, tratan de asesinarlos sirviéndose de ladrones en la ley —denominación rusa de mafioso— afincados en Europa occidental o, particularmente, en España.
Nuestro país sigue siendo, después de Alemania, el segundo destino predilecto de los rusos y también uno de los estados europeos donde más duramente trabaja el FSB para neutralizar a la oposición. Periodistas, artistas, empresarios y activistas como Tatiana Lazareva, Alexei Panin, Anatoli Fursov o Andrei Paniushkin se han mudado aquí para zafarse con mayor o menor éxito de la represión. A Paniushkin le quemaron la casa estando en Catalunya varios miembros de la Wagner mientras los federales le fabricaban un delito a su medida. "Me acusaron de tráfico de drogas", nos cuenta este ecoactivista refugiado en Sabadell. "En septiembre del año pasado, descubrí que la policía había estado reuniendo información sobre mí entre los vecinos y que el oficial les dijo que era el jefe de un grupo criminal llamado los leñadores negros. Es un verdadero disparate todo".
Andrei Paniushkin posa en la sede de Navalny en Krasnódar. Este disidente refugiado en Sabadell fue acusado por el FSB de tráfico de drogas. La Wagner quemó su casa.
El caso de Fursov —oculto también en España— es más insólito aún. El abogado creó hace 16 años una inmobiliaria en Rusia que proporcionaba servicios a los jubilados a cambio de quedarse con su apartamento tras su muerte. Se trata de una práctica legal y habitual en un país que dedica cantidades astronómicas a gastos militares en detrimento de cualquier forma de protección social pública, a la que reemplazan las empresas de servicios. Cuando Fursov se involucró en política a principios de la década pasada y comenzó a retar a Putin como candidato independiente, el FSB divulgó una acusación de acuerdo a la cual el disidente había "acelerado" la muerte de dos de esos ancianos administrándoles medicamentos. Para obtener testimonios, fueron torturados varios de sus empleados. Al mismo tiempo, el Kremlin reclamó a Fursov a través de la Interpol a España, donde terminó recalando tras huir con su familia.
"Lo que puedo decir es que todos los que fabricaron el caso en mi contra están incluidos en las listas de sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos y Gran Bretaña"
El empresario ruso trató también de ser extorsionado en Barcelona por dos federales enviados por Moscú que le pidieron más de un millón de euros a cambio de no actuar contra él. Se trata de una historia semejante a la del opositor Vladimir Osechkin, refugiado en Biarritz, quien también enfrentó las iras del régimen tras negarse a pagarles sus mordidas.
"Lo que puedo decir es que todos los que fabricaron el caso en mi contra están incluidos en las listas de sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos y Gran Bretaña", argumenta el empresario. "Hablamos de los mismos funcionarios que juzgaron a Vladimir Kara-Murza. ¿No les parece extraño que los casos de opositores sean conducidos por personas que se consideran violadores de los derechos humanos en todo el mundo? Rusia ha utilizado y sigue utilizando en España tanto a Interpol como tratados de asistencia legal para perseguir a los enemigos del régimen. Moscú está fabricando casos penales comunes para incluir a sus adversarios en las listas de buscados y exigir su extradición. Mi caso es solo uno más entre muchos".
El disidente ruso Anatoli Fursov tuvo que mudar su residencia de Siches por las amenazas del FSB, quien le acusó de asesinar a dos ancianos.
El sistema funciona de este modo: cuando Rusia necesita espiar a un disidente, envía una tarjeta azul a Interpol que le permite recopilar información sobre movimientos bancarios o propiedades sin necesidad de sostener la petición con una sentencia judicial condenatoria. Basta, por ejemplo, con que aduzcan que se trata de un testigo a quien desean interrogar. "En mi caso concreto me siguieron a través del mapa azul de Interpol y tras fabricar un proceso penal, emitieron una tarjeta roja para que se me buscara", afirma Fursov. "Yo presenté una queja ante la comisión de control de archivos de Interpol y he impugnado la demanda rusa presentando pruebas de que el caso está amañado y de que estoy siendo perseguido por razones políticas. A tenor de eso, Interpol invalidó esa búsqueda".
Acuerdo de asistencia con España
A día de hoy, Rusia no ha sido excluida de Interpol, pero la organización ha dejado de aceptar mapas rusos para búsquedas directas en la base de datos. Si quieren monitorizar a alguien, deben enviar una solicitud a la central de Lyon (Francia) para que esta verifique su oportunidad. Es decir, los rusos ya no pueden recurrir de forma independiente y sin control a los recursos de la organización. La influencia que conservan es gracias al acuerdo de asistencia legal entre Rusia y países como España. Dichos acuerdos entre las fiscalías europeas y la rusa están completamente vigentes y habilitan a los funcionarios judiciales rusos para solicitar directamente el arresto de cualquier opositor, incluso si este es previamente rechazado por la Interpol.
"Lo inquietante es que se mantenga la validez de ese convenio pese a que Rusia engaña una y otra vez a España, tal y como prueba el trato recibido por el valenciano Mariano García Calatayud, a quienes los rusos mantienen privado de derechos en una cárcel de Simferopol desde que fue arrestado por el FSB en Jersón el pasado año", añade Fursov. "Es decir, Rusia ha incumplido todos los acuerdos en relación a Mariano pero recurre a ellos cuando necesita acabar con los enemigos políticos de Putin. A mi juicio, es necesario detener cuanto antes las extradiciones a Rusia, donde no hay un sistema judicial independiente, donde las personas son torturadas en prisiones; donde los activistas son asesinados en prisiones preventivas y donde hay más de tres mil presos confinados sin juicio previo".
