La patrullera se abarloa finalmente de costado al pequeño pesquero. "Buenos días, Joni. Te tengo que informar, ¿de acuerdo?". Quien habla es un agente de la Royal Gibraltar Police de Gibraltar. Son las 5,30 horas de la mañana del 27 de octubre. El funcionario conoce tantísimo al pescador Jonathan Sánchez Castillo que lo llama familiarmente Joni. A continuación le hace entrega de una citación judicial, de barco a barco, en medio de la mar donde Jonathan se encuentra pescando. El mismo lugar donde antes lo hicieron su padre y su abuelo sin ningún jaleo.
Este pescador andaluz comprende en el acto lo inusual que es que la Royal Gibraltar Police (RGP) lo aborde de noche en medio del Estrecho para darle una notificación oficial. Porque, además, puede llegarle por otra vía: hace tiempo que tienen todos los datos que figuran en su DNI. El asunto se explica mejor cuando todo ocurre en aguas del Estrecho que Gibraltar reclama como suyas y que España niega que lo sean, remitiéndose a la literalidad del Tratado de Utrecht. Jonathan va al grano y lo primero que pregunta es si el papel está en español.
-Te voy a dar una copia de la citación para ir a juicio, que la habrás recibido por correo.
-No, no me ha llegao ná todavía.
-Pues lo vas a recibir.
-Vale, vale.
- Ahora estos señores quieren hablar contigo, Joni. No tienes obligación de decir nada, ¿de acuerdo? Haz lo que quieras. Pero de lo que digas podrán tomar nota y podrá ser utilizado en tu contra en la Corte. Es una cautela, ¿de acuerdo? ¿Entiendes la cautela?
-No, pero yo se lo diré al abogado y ya está, él me lo explicará tó.
-Venga, vale. Hasta luego.
(Jonathan suspira y apaga la grabación de vídeo)
Gibraltar lleva a juicio a un pescador español por faenar en el Estrecho
Este linense de 34 años lleva tiempo grabando todos sus encuentros con la RGP, incluido en el que un agente gibraltareño entra en su barco sin permiso, y con los funcionarios de Medio Ambiente del Gobierno de La Roca. Sabe que en el fondo se encuentra en la mitad de un conflicto que, en resumidas cuentas, está provocando que no le salgan otras cuentas más importantes y que hacen que su familia llegue a fin de mes. Para él, lo que está en juego es su pan.
Aquel 27 de octubre le entregaron un documento que le informa de que tiene acudir a juicio a Gibraltar el próximo 1 de diciembre por pescar con trasmallo "con el fin de matar animales salvajes". Acumula cinco denuncias. En la primera de ellas el animal salvaje que mató es una centolla, y en la segunda, un centollo, considerados como especies en extinción.
Los hechos denunciados acaecieron entre julio y agosto. Gibraltar le imputa varios cargos relativos al uso de redes para la captura de animales salvajes, de acuerdo con el artículo 10 de la Natura Protection Act; la obstrucción a la labor de un funcionario medioambiental en el ejercicio de su deber, "algo que se han inventado" y la pesca de una especie en peligro de extinción: dos centollos. Todo ello porque, en el fondo, a juicio de Gibraltar las aguas en las que pesca Jonathan son de su soberanía.
El pesquero de Jonathan, de 10 metros de eslora, sale del puerto de La Atunara, en la Línea de la Concepción.
Que pesque en el mismo lugar en el que antaño faenaron sin problemas su padre, su abuelo, su bisabuelo... responde también a otro artículo 10, pero de un tratado bilateral rubricado hace más de 300 años. Se firmó 13 de julio de 1713, y en él, España cedió a la Corona Británica "la plena y entera propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar, conjuntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen".
"Un puro gordo"
'Mi Daniela' es el barco de 10 metros de Jonathan. Pesca al trasmallo, a la manera tradicional, según especie y temporada. "Lenguados, rapes, salmonetes, centollos..." enumera el pescador, quien se siente acosado por las autoridades gibraltareñas. Le han cortado las redes varias veces. "La pesca del trasmallo con capturas según temporada está permitida por la Unión Europea y España. Y si a mí me dice la Cofradía de Pescadores de La Línea que esas aguas son de España, y el Gobierno de España me dice que son aguas españolas, pues yo voy y pesco".
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El hombre ha salido con su barco desde el puerto de La Atunara a las 6,30 de la mañana acompañado por EL ESPAÑOL | Porfolio. Ha optado por no acudir a la zona de conflicto. Regresará a tierra al filo de las 3 de la tarde. Ha capturado lenguados, rayas y un par de chocos de gran tamaño.
El linense, guardando los ejemplares de lenguado, rayas y chocos, recién capturados, para llevarlos a la lonja.
La primera vez que se echó a la mar fue con su padre. "Nos metíamos muy poco por allí, pero cuando lo hacíamos apenas venían. La RGP se suele meter ahora, porque en 2012 crearon una policía medioambiental. Es ahora cuando han empezado a molestarnos".
A él la RGP le puso 2 denuncias el 23 de mayo, otras 2 el 23 de julio y una última el 18 de agosto. Y como ya tienen su DNI por denuncias anteriores, "el que va en la lancha dice que me tienen que meter un puro gordo, me hacen grabaciones y me denuncian".
¿Y por qué va a pescar allí? "Yo no busco problemas. Pero esa zona es la más productiva. Podría irme para la zona de Sotogrande, pero está más lejos, son más horas de navegación y luego está el precio del gasoil. Yo voy sacando para comer, entre 1.500 y 1.800 euros al mes, y como las aguas son españolas, aquí me quedo. Y ya luego lo que ellos se inventen".
Jonathan, con algunos miembros de su tripulación, pescando al despuntar el alba.
El último encontronazo que mantuvo Jonathan con las autoridades gibraltareñas fue incluido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares en la protesta oficial enviada en septiembre a la Embajada de Reino Unido. Aludía a tres incidentes calificados como "graves" por el Gobierno español, por "violar la soberanía española".
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En dos se vieron implicadas embarcaciones españolas -una de vigilancia aduanera y el pesquero de Jonathan- en aguas que España considera como propias en virtud de lo estipulado por el Tratado de Utrecht. "La posición de España con respecto a Gibraltar es muy clara y es bien conocida la reclamación de soberanía que tiene planteada", sostuvo entonces el ministro.
Tras aquel incidente de agosto, el pescador renunció durante un mes a volver a faenar en aquel lugar.
Pero en el hambre de Jonathan manda él y el otro día regresó otra vez. Parecía que le estaban esperando: fue cuando le dieron la citación. No ha buscado abogado ni piensa buscarlo. "¿Abogado? A mí me tiene que defender España", sostiene, en referencia a la asistencia legal que va a necesitar.
Gibraltar no permite abogados españoles, tienen que ser ingleses o gibraltareños. Son caros, muy caros. En la Cofradía de Pescadores de la Línea "me han dicho que se van a hacer cargo del problema, pero también me han dicho que el tema es político".
Con la notificación en la mano, Jonathan llamó a la Guardia Civil "porque me estaban siguiendo para echarme de la zona. Me respondieron que si la cosa se ponía peor, que los llamara. Me quedé callado y me fui. Pero luego volví otra vez".
No piensa renunciar. No es solo por el gasoil, por el tiempo o por las horas desplazándose a otro punto lejos del conflicto político. "Es la zona más rocosa que tenemos por aquí y más cercana, además de donde menos alga asiática hay. Es la más productiva", repite.
Yo puedo buscarme otra alternativa, puedo pescar otras cosas, pero ¿por qué tengo hacerlo si a mí me dicen que estas aguas son españolas?
Se siente desprotegido. Ningún responsable con competencias ha contactado con él. Por su parte, en Gibraltar señalan a la pesca ilegal como el objeto de la polémica, "ya que Gibraltar tiene una norma de protección medioambiental más estricta que España en lo que se refiere al uso de redes y rastrillo". Y lo hace porque puede hacerlo, pues consideran que las aguas están bajo su soberanía.
Los bloques de hormigón
El primer golpe a la pesca tuvo lugar justo hace diez años, en verano de 2013, cuando Gibraltar decidió crear un arrecife artificial, justo en uno de los caladeros más utilizados por los pescadores españoles. Contrató un barco y arrojó al mar bloques de hormigón de enorme tamaño. La maniobra fue abortada por la Guardia Civil cuando ya habían tirado 70 bloques. El gobierno gibraltareño alegó que el objetivo de aquello era "la regeneración de la fauna marina" para crear un arrecife. Pero en la práctica, los bloques cercenaban el uso del lugar para la pesca de arrastre tradicional para Algeciras y la Línea.
Diez años después falta uno. El que falta se le imputó a Leoncio Fernández, expatrón mayor de la cofradía de pescadores de La Línea de la Concepción. En junio de 2014, aquel bloque fue extraído por buzos profesionales apoyados por miembros de la Fundación de Defensa de la Nación Española (Denaes), entre los que se encontraba Javier Ortega Smith. Sobre él pesa una orden de detención internacional y fue condenado a 10 años de prisión en la colonia británica.
Jonathan, con el trasmallo, la red de pesca tradicional que utiliza.
Pero a Leoncio se le vinculó y fue detenido en La Línea en 2014, acusado y juzgado por robo por el Gobierno de Gibraltar. Quedó absuelto de todos los cargos en marzo de 2018. El proceso se alargó porque el juicio fue retrasado seis veces porque las autoridades gibraltareñas no tenían realmente pruebas contra él. Para argumentar su defensa, en la Corte soltó con desparpajo que no había robado un bloque de hormigón. Porque, de hacerlo, "no habría robado un bloque: me habría llevado los 70 para poder pescar".
La historia de los bloques, y todo lo demás, lo recuerda perfectamente José Manuel García Margallo, ahora eurodiputado y entonces ministro de Exteriores. Lo resume a EL ESPAÑOL | Porfolio muy rápido: "Es que no hay discusión. El puerto, las defensas y la fortaleza, dice el artículo 10 del Tratado de Utrecht". Las aguas, fuera de las del puerto, "son de soberanía española".
-Entonces Gibraltar, tras arrojar los bloques, llegó a decir que iba a dar licencias de pesca.
-No tienen puerto pesquero. Tiene puerto deportivo. Por eso dan licencias para barcos deportivos.
Prosigue Margallo explicando que el conflicto, en el punto actual, "se pudo arreglar con las negociaciones del Brexit", dentro de una fórmula que España había presentado ante la UE, en la Asamblea General de la ONU y en la Cumbre Iberoamericana de 2016.
"Tenía varias patas. La primera, cosoberanía entre España y Gibraltar en materia de asuntos de Exteriores, Defensa e Inmigración; la doble nacionalidad para los ciudadanos de Gibraltar; un Gobierno autónomo para todas las demás cuestiones que no fueran Exteriores, Defensa e Inmigración, y la creación de una zona económica especial que comprendiera La Roca, el Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla, para no crear agravios comparativos. Esa fórmula lo arreglaba todo".
"Pero en las negociaciones del Brexit", prosigue el eurodiputado, "el Gobierno español renunció a hablar de soberanía", como ha renunciado, sostiene, "a que no haya ni un solo Guardia Civil controlando la frontera exterior. Nos hemos convertido en el único de los 193 países de las Naciones Unidas que no controla sus fronteras". Y por todo ello, sostiene "vienen estos actos de chulería de (Fabián) Picardo".
Las licencias
Gibraltar solo expide licencias de pesca deportiva, con un número limitado para ciudadanos no gibraltareños. Pero por otro lado sostiene que son suyas las aguas que hay a 1,5 millas hacia la bahía de Algeciras y hasta tres millas hacia mar abierto.
Otro dirigente político consultado por este periódico y que prefiere guardar el anonimato subraya que "nos consta que los que denuncian a Jonathan son gibraltareños que practican pesca deportiva. Y que la Royal Navy tiene que acudir a dar respuesta a esas denuncias".
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Jonathan Sánchez, el pescador de La Línea a quien Gibraltar juzgará en diciembre por pescar
Además, advierte que "si las aguas son de Gibraltar, podría dar licencias de pesca tradicional al igual que las da para pesca deportiva. Sería, políticamente hablando, una jugada maestra, porque demostrarían que pueden hacerlo. Pero no lo hacen porque no pueden".
Desde el Ayuntamiento de la Línea, sin ámbito competencial, observan con preocupación lo que ocurre. Su alcalde, Juan Franco, cuenta a EL ESPAÑOL | Porfolio que es un asunto "sumamente delicado", dentro de un sector que es tan importante para el municipio como que tienen una concejalía de Pesca, implicada, entre otros asuntos, en estos conflictos.
"Jonathan es pescador, hijo de pescadores, joven, currante y buen tío. Pesca allí porque el alga asiática ha invadido muchos caladeros, desde La Atunara a Sotogrande, y esos caladeros están ya un poco sobreexplotados. Y él va allí porque allí se ha pescado siempre y se tiene que buscar la vida".
El tejido productivo pesquero en La Línea de la Concepción comprende unos 200 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. "Aquí lo que hay es un conflicto de intereses desde hace 300 años por tener o no tener aguas, y aquí tenemos la casa sin barrer. Como Ayuntamiento, nosotros ni entramos ni salimos, pero sí estamos del lado de una persona honrada, dedicada al sector de la pesca tradicional, que es medioambientalmente sostenible. Aquí tiene que poner voluntad todo el mundo".
La concejala de Pesca, Raquel Ñeco, detalla el importante esfuerzo del municipio por mantener la pesca tradicional "y mantenerlo en La Atunara. Hemos logrado la denominación de origen para la concha fina, tenemos el centro de procesamiento del pez volador... estamos haciendo mucho por conservar la pesca. No nos hace falta que nos pongan ahora palitos en las ruedas".
