Estados Unidos sostiene que el todavía presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, podría haber mantenido 'importantes vínculos' con el narcotráfico durante la última década. Una investigación del Departamento de Justicia estadounidense señala directamente a funcionarios y asesores cercanos a AMLO, que habrían aceptado pagos por un importe cercano a los cuatro millones de euros, antes y después de que el presidente accediera a su cargo.
Este dinero habría sido dado por miembros del Cártel de Sinaloa, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Grupo de los Zetas a cambio de la promesa de que un futuro gobierno de López Obrador fuese más tolerante con sus operaciones, según recoge la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Los motivos por los que la justicia estadounidense no abrió una investigación formal contra López Obrador, aun teniendo indicios de graves infiltraciones por parte del crimen organizado en altas esferas del gobierno mexicano, son una incógnita. Según un artículo publicado recientemente por el New York Times, los funcionarios de Estados Unidos ultimaron que la disposición del gobierno para perseguir acusaciones contra miembros del Ejecutivo mexicano era limitada: "Concluyeron que había poca disposición para rastrear acusaciones que pudieran implicar de esta manera al líder de uno de los de los principales aliados del país", explican.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Un informe reservado de la DEA al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL | Porfolio demuestra que un grupo de agentes propuso una trampa en la cual ofrecerían cinco millones de euros de supuesto dinero de la droga a asesores de la segunda campaña presidencial de López Obrador. Sin embargo, funcionarios del Departamento de Justicia cerraron la investigación. "En parte por temor a que aunque la investigación resultara exitosa, sería vista por los mexicanos como una indignante intromisión en su política por parte de Estados Unidos", expresó un oficial familiarizado con la investigación a ProPublica, un medio de periodismo de investigación estadounidense.
¿Relaciones con el cártel del Chapo Guzmán?
Hace años que en México los agentes federales de Estados Unidos han sido reacios a investigar a funcionarios públicos sospechosos de proteger a los cárteles, alegando que la persecución de tales casos es algo complicado en un país con una sensibilidad tan marcada hacia la injerencia estadounidense. Pero este no es un caso más. Un ejemplo revelador es el relato de un informante que afirmó que uno de los confidentes más cercanos a López Obrador se había reunido con Ismael Zambada García, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, antes de la victoria del presidente en las pasadas elecciones presidenciales de 2018.
Otra fuente confidencial afirmó que, tras la elección del presidente, un fundador del violento grupo de los Zetas pagó cuatro millones de euros a dos aliados de López Obrador, con la esperanza de obtener su liberación de prisión. Una tercera fuente proporcionó información que sugería que los cárteles del narcotráfico poseían videos de los hijos del presidente recibiendo lo que se describió como dinero proveniente del narcotráfico, según consta en documentos oficiales.
Además, agentes de la ley estadounidenses lograron rastrear pagos de dinero por cuenta propia, provenientes de presuntos operadores de cárteles, hacia intermediarios vinculados a López Obrador, según informaron dos fuentes con conocimiento directo de la investigación. Al menos uno de esos pagos, señalaron, se efectuó aproximadamente al mismo tiempo en que López Obrador se trasladó al estado de Sinaloa en marzo de 2020, donde se reunió con la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, más conocido como el Chapo, actualmente cumpliendo cadena perpetua en una prisión federal estadounidense.
Joaquín "El Chapo" Guzmán llegó a ser uno de los capos del narcotráfico más poderosos de la historia.
Pero aunque estas investigaciones identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de López Obrador, no hallaron conexiones directas entre el presidente en sí y organizaciones delictivas. La mayor parte de la información recolectada por los funcionarios estadounidenses provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar.
El presidente de México rechazó categóricamente cualquier implicación, calificándolas de "completamente falsas", y acusó a agentes de la DEA y del Departamento de Estado de Estados Unidos de estar detrás de estas publicaciones, cuyas investigaciones, dijo, concluyeron sin demostrar los nexos y se basaron, en su mayoría, en testimonios no comprobados de los mismos narcotraficantes.
No obstante, reiteró que esto no "va a afectar las relaciones" entre ambos países, que deben "tener una política de buena vecindad" porque son "los principales socios económicos y comerciales en el mundo"."Tenemos que actuar de manera responsable. Ah, ¿pero quedarnos callados? Nunca. Y que se entienda: México es un país independiente, libre, soberano, no somos colonia, no somos protectorado de ningún gobierno extranjero", manifestó.
AMLO, acusado de utilizar dinero del narco
Años antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera el liderazgo de México en 2018, agentes antidrogas de los Estados Unidos descubrieron lo que consideraron "evidencias contundentes" de que el narco había entregado aproximadamente dos millones de euros a asesores de la primera campaña presidencial del dirigente del partido político Morena. La información, basada en documentos oficiales y entrevistas con funcionarios tanto estadounidenses como mexicanos, señala que el dinero fue entregado con la finalidad de que las operaciones criminales de los traficantes no fueran una preocupación principal de AMLO en una futura administración.
A lo largo de la investigación, los agentes de la DEA desarrollaron una fuente de información que consideraron "extraordinaria" después de la detención de un antiguo operador de campaña por cargos de narcotráfico en 2010. Con el objetivo de evitar la prisión federal, el operador detalló minuciosamente la historia de las donaciones de los traficantes, afirmó haber colaborado en su entrega y, además, realizó grabaciones secretas de conversaciones con Nicolás Mollinedo Bastar, un asesor cercano de López Obrador que, según el operador, estuvo involucrado en la trama.
Las declaraciones juradas de otros testigos, junto con las conversaciones grabadas, sugieren que Mollinedo estaba al tanto e implicado en las donaciones realizadas por el Cártel de Sinaloa, según informaron actuales y antiguos oficiales familiarizados con el caso. Aunque en este caso tampoco se ha concluido de manera concluyente si López Obrador aprobó estas supuestas donaciones, la investigación terminó por revelar la participación de al menos uno de sus asesores cercanos.
Nicolás Mollinedo Bastar fue chofer de AMLO.
El sexenio más violento de la historia
El Gobierno de López Obrador —en el poder desde 2018 y a punto de terminar su sexenio— ha encabezado un notable repliegue en la lucha contra la droga. Su política, que se ha resumido en el lema de campaña "Abrazos y no balazos" se ha concentrado, según su gabinete, en programas sociales para atacar las raíces de criminalidad. Pero lo cierto es que la inversión militar se ha incrementado en un 42 por ciento frente al sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, y tanto el Ejército como la Guardia Nacional, una nueva policía de carácter militar creada por AMLO, han agrandado su presencia en todas las ciudades del país, de norte a sur y de este a oeste.
Con casi 180.000 muertos por homicidios dolosos, ya el sexenio de López Obrador es el más violento de la historia de México. Según el informe México: Organizaciones de crimen organizado y narcotráfico, publicado en junio de 2022, los cárteles dominan más de una cuarta parte del territorio nacional, donde operan abiertamente, imponen su voluntad sobre los gobiernos locales y frecuentemente fuerzan a las autoridades estatales y federales a mantener su distancia. La violencia ha rondado niveles históricos, mientras las tramas de extorsión y otros negocios criminales de las bandas del narcotráfico se han extendido a todas las capas de la economía.
