El Estado demanda a los Franco por la compra "fraudulenta" del Pazo de Meirás
El Estado demanda a los Franco por la compra "fraudulenta" del Pazo de Meirás
La Abogacía del Estado se basa en un documento datado del 3 de agosto de 1938 desconocido hasta ahora
11 julio, 2019 12:31Nuevo varapalo para la Familia Franco. El Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, ha presentado una demanda contra la familia Franco en los juzgados de A Coruña para reclamar la devolución del Pazo de Meirás. Y lo hacen alegando que los Franco realizaron una compra "fraudulenta" del inmueble ubicado en el municipio coruñesa de Sada.
La demanda ha sido presentada este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña para reclamar la devolución de esta propiedad para el patrimonio público. Una propiedad que esconde toda una historia y que sigue estando de actualidad 80 años después de su expolio por parte de la familia Franco.
Según publica El País, la Abogacía del Estado se basa en un documento datado del 3 de agosto de 1938 desconocido hasta ahora, firmado ante notario en el despacho del gobernador civil.
En el texto se confirmaría que el contrato de venta, suscrito tres años después, a Franco fue "fraudulento", porque el inmueble ya era residencia de la Jefatura del Estado tras su adquisición por cuestación popular.
El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha sido escueto pero tajante al ser preguntado este jueves en TVE por los motivos: "Actuaron contra derecho. Así de claro".
En esta entrevista en la cadena pública, Sánchez ha justificado la acción del Ejecutivo en funciones en que los Franco "actuaron contra derecho", y que el objetivo del Gobierno central es recuperar la propiedad del inmueble para que pase a ser un bien público. "Así de claro", ha zanjado.
El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, también se ha pronunciado al respecto al ser preguntado por los periodistas sobre esta demanda presentada por el ejecutivo central. "Se ha estudiado a fondo y se han encontrado datos que pueden establecer una conducta procesal vulnerada", ha dicho Losada, que ha destacado el "compromiso" de Pedro Sánchez con la recuperación de la Memoria Histórica.
"Creemos que tenemos datos suficientes para que el Pazo de Meiras vuelva a ser patrimonio del Estado", ha añadido Losada.
Petición unánime
El pasado mes de junio, todos los grupos de la Cámara gallega aprobaron por unanimidad instar a la Xunta a reclamar al Gobierno del Estado a iniciar "de manera urgente" las acciones legales "pertinentes" para la recuperación del Pazo de Meirás.
La iniciativa, presentada por el BNG y defendida por Luís Bará, se iniciaba recordando que se trataba del segundo acuerdo parlamentario adoptado en estos términos (tras el texto alcanzado por unanimidad en julio de 2018) exigiendo al Estado medidas para iniciar la recuperación del inmueble para el patrimonio público.
Una de las críticas trasladadas por los grupos políticos se refería al uso de este Pazo, catalogado como Ben de Interés Cultural, para "hacer apología de la dictadura franquista" y de la figura del propio Franco.
El pasado mes de octubre el Gobierno central encargó un informe jurídico sobre la situación del Pazo de Meirás para estudiar la fórmula adecuada para devolverlo a la ciudadanía, con todas las garantías, y evitando que puedan prosperar posibles reclamaciones de la familia Franco.
Informes de expertos
Dos comisiones de expertos se encargaron de analizar el proceso, desde Galicia, y las posibilidades de recuperar este inmueble para el patrimonio público.
La primera estaba presidida por el profesor Xosé Manuel Núñez Seixas y entre sus miembros se encontraban el profesor de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela Emilio Grandío Seoane y el de Derecho Civil de la Universidade de A Coruña José Manuel Busto Lago. Formado por 11 miembros –del mundo académico, jurídico y patrimonial– se constituyó a finales de noviembre de 2017.
La segunda acción consistió en un informe jurídico sobre el Pazo de Meirás, encargado por la Diputación de A Coruña, que concluyó con que hubo una "venta simulada" de este inmueble a Francisco Franco, apostando por acudir a los tribunales para recuperarlo, toda vez que este hecho avala la "nulidad" de este contrato.
