Paso previo a la aprobación de los presupuestos municipales de 2020. El pleno municipal de A Coruña ha dado hoy el visto bueno -con los votos a favor de la Marea, BNG y Ciudadanos y la abstención del PP- a la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal número 54, reguladora del Impuesto de actividades Económicas, en lo que afecta a la Refinería de Repsol.

La ordenanza equipara el tratamiento fiscal de la refinería al que recibe ya en el ayuntamiento de Arteixo y va a suponer un incremento de 265.000 euros en los ingresos del Ayuntamiento de A Coruña.

La petrolera alegó que no hay motivos objetivos para justificar el cambio. Sin embargo, en la sesión plenaria de carácter extraordinario y urgente, el portavoz del gobierno local y edil de Hacienda, José Manuel Lage Tuñas, ha explicado que se trata de aplicar el mismo tipo que tiene la refinería en Arteixo, pues sus instalaciones se reparten entre los dos municipios.

En este mismo sentido se ha pronunciado el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, quien ha contextualizado el apoyo de la formación nacionalista a esta ordenanza en el marco de un acuerdo presupuestario alcanzado por el Bloque, el PSOE y la Marea Atlántica.

"Es de justicia"

Al margen de cuestiones técnicas o jurídicas, hay un argumento de carácter
“político”, ha señalado Jorquera, que justifica el incremento de la fiscalidad sobre la refinería en su impacto ambiental y en términos de seguridad para la ciudadanía: "Olor, contaminación atmosférica… Desastres ambientales como el del Urquiola e el Mar Egeo por tener un puerto petrolero en el corazón de la ciudad… Desastres a los que estuvo a punto de sumarse también el del Blue Star", ha relato el portavoz nacionalista.

Por todo ello, “es de justicia que Repsol compense a esta ciudad con un mayor esfuerzo fiscal", concluye.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Mónica Martínez, ha apoyado este medida pero ha pedido al Concello que también bonifique el IBI, que se verá incrementado en 2020 por la revisión catastral.

Precisamente, la subida del IBI centró la intervención de la concejala del PP, Rosa Gallego, quien acusó al Gobierno municipal de provocar un "catastrazo".

Desde las filas de la Marea Atlántica, su edil Iago Martínez ha criticado a los socialistas por la subida del IBI, pero también tuvo palabras para los populares, a quienes instó a "pedir perdón" tras el archivo de la causa por prevaricación contra Claudia Delso, que fue motivada por la denuncia del PP por la adjudicación de la antigua prisión provincial.