A CORUÑA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) –

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado que la Compañía de Tranvías de A Coruña tenía la razón en su reivindicación de que su contrato para prestar el servicio de autobús urbano en A Coruña continuaba hasta el año 2024, cuando expirará la concesión.

Según ha informado Tranvías, el TJUE ha emitido este jueves la sentencia en respuesta a la petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña el 12 de diciembre de 2018, referida al procedimiento abierto entre la Compañía de Tranvías y el Ayuntamiento de A Coruña. El conflicto se generó en diciembre de 2016, cuando el anterior gobierno municipal de Marea Atlántica decidió suspender la concesión del transporte público urbano a la compañía, amparándose en su interpretación del artículo 8.3 del reglamento 1370/2007, aprobado por el Parlamento Europeo para entrar en vigor en 2009.

El equipo municipal vigente en aquel momento defendió que los 30 años comenzaban a contar en el momento en que se formalizó el convenio, en diciembre de 1986, por lo que el plazo del contrato terminaría en 2016, es decir, ocho años antes de lo estipulado originalmente, en 2024. La empresa discrepó de esta interpretación y denunció que se ponía en peligro la "seguridad jurídica" de los contratos en el ámbito europeo. El fallo del tribunal europeo es que "el plazo máximo de 30 años previsto en esa disposición debe empezar a correr en la fecha de entrada en vigor de ese reglamento" y ahora deberá pronunciarse el tribunal contencioso de A Coruña que dirimía el conflicto.

Incremento de tarifas

Tras la decisión del tribunal europeo, el director de Compañía de Tranvías, Ignacio Prada, ha ofrecido este jueves una rueda de prensa online en la que ha defendido que la firma acudió a los juzgados al no dejarle "otra opción" el anterior gobierno municipal, quien "no aceptó" consultar si era la administración local o la compañía quien hacía una interpretación adecuada de la normativa.

"Siempre defendimos que había que considerar que había una duda", ha afirmado, antes de advertir del impacto que tuvo en las cuentas de la compañía no solo esta decisión sino también la de "imponer unilateralmente una bajada de las tarifas" e incluso la "gratuidad" en algunos casos. Sobre este asunto, ha defendido que no le corresponde a él adoptar esa decisión, aunque la empresa entiende "que se debe restablecer el equilibrio y las condiciones del contrato" a la vez que ha apuntado a que tocará negociar con el Ayuntamiento. En 2024, ha apuntado que el contrato expirará y tendrá que hacerse una nueva licitación.