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Un despacho coruñés impulsa la investigación de la mayor estafa piramidal con criptomonedas
La Audiencia Nacional ha abierto diligencias contra Arbistar 2.0 después de que dP abogados iniciase la vía judicial
23 abril, 2021 11:43La Audiencia Nacional se encuentra investigando la que posiblemente sea la mayor estafa piramidal con criptomonedas, que podría llegar a los 300 millones de euros desaparecidos y más de mil afectados, que podrían llegar a ser 32.000, ya que el caso tiene alcance global.
Detrás de esta investigación está, entre otros, el despacho coruñés dP Abogados, que fue el primero en iniciar la vía judicial contra Arbistar 2.0, empresa con sede en Tenerife. Se trata de una compañía que se presenta como una especialista en el diseño de bots de "arbitraje" de criptomonedas. Sus clientes compraban esos robots, que automáticamente se dedicaban a la compraventa de estos activos.
La empresa prometía rentabilidades mensuales de hasta el 15% a sus clientes. El pasado mes de septiembre se congelaron las cuentas de los clientes de Arbistar 2.0 y dejó sin ejecutar peticiones de reembolso, lo que sembró la duda sobre este negocio dirigido por Santiago Fuentes Jover.
Fue entonces cuando dP Abogados, despacho especializado en derecho de consumo y con experiencia desde hace dos años en el marco legal de las criptomonedas, actuó y creó una plataforma Arbistar Afectados, donde canalizar todas las demandas de las personas que perdieron sus inversiones.
"Lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de suerte tal que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor", señala el auto judicial.
El caso podría convertirse en el más mediático relacionado con criptomonedas. Los afectados se encuentran en todo el mundo y ahora la justicia española deberá investigar qué pasó con su dinero.
