El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Betanzos ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones seguidas contra 17 personas por una protesta en el pazo de Meirás, situado en el municipio coruñés de Sada. Los acusados accedieron al recinto el 30 de agosto de 2017 para desplegar pancartas contra el franquismo y exigir la devolución del inmueble.

"No puede atribuirse la responsabilidad a todos y cada uno de los intervinientes, de un modo genérico, individualizado o discriminado", asegura la magistrada, que añade que no puede determinarse que alguno de los investigados hubiese causado los diversos daños". Así, al no aparecer "debidamente justificada la perpetración de los delitos" ni la persona responsable, acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa frente a los 17 investigados.

El juzgado basa la resolución en los argumentos del Tribunal Supremo, que también declaró en marzo de 2021 el archivo de las actuaciones seguidas, por su condición de aforado, contra un diputado del BNG que participó en los hechos. El alto tribunal consideró entonces que no concurría el delito de odio previsto en el artículo 205 del Código Penal, ni tampoco uno de allanamiento de morada, porque los querellantes "no son un grupo minoritario que requiera una especial protección". El Tribunal Supremo destacó que durante el acceso se estaba desarrollando una visita guiada en el pazo. 

El Supremo, tal y como indica en su auto el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Betanzos, entendió que la actuación de cada interviniente en el acto en el que se produjeron los daños en la cubierta y muros del pazo de Meirás "no puede ser individualizada". "Tampoco resulta acreditada la intención dolosa y conjunta por parte de los partícipes en la reivindicación de llegar al acuerdo de producir dichos daños", añade por último el alto tribunal.

Los afectados, satisfechos

Los afectados, conocidos como 19 de Meirás, han remitido un comunicado recogido por Europa Press en el que muestran su satisfacción ante esta "victoria". "Enormemente orgullosas y orgullosos de lo que hicimos aquel agosto de 2017 con la ocupación simbólica del pazo para denunciar el expolio perpetrado por el Franquismo y reclamar la devolución de todo lo robado al pueblo gallego", indicó su portavoz, Anxo Louzao.

El objetivo de la acción era llamar la atención de las instituciones públicas para que pusiesen "fin a más de 80 años de ignominia", y constatan que "a día de hoy queda absolutamente demostrado que el Pazo fue robado al pueblo gallego". Louzao señala el pazo debe ser transferido a la administración gallega para que se convierta en un símbolo para "honrar la memoria democrática del pueblo gallego" y apunta a otros elementos del patrimonio expoliado por la dictadura franquista, como la Casa de Cornide o las esculturas del Pórtico de la Gloria.