Marea Atlántica reclama al gobierno coruñés aplicar políticas de vivienda pactadas en 2021

La Marea Atlántica urge al gobierno local de A Coruña a aplicar en el menor plazo posible las medidas en materia de derecho a la vivienda acordadas a finales del año pasado, en el marco de las negociaciones entre el grupo y el PSdeG-PSOE.

A la vista de los últimos datos publicados, según Marea, muestran que el precio de la vivienda en alquiler sigue incrementándose en todos los barrios de la ciudad (llegando, en algunos casos, a un +20% en cinco años) y que la oferta de viviendas turísticas ya es mayor que la de pisos para vivir. "Queremos instar al ejecutivo a no demorar el cumplimiento de lo pactado. Desde el cambio de responsable en la Concejalía de Urbanismo, siendo Juan Díaz Villoslada sustituido por Francisco Díaz Gallego, no se produjo ningún avance en cuanto a políticas municipales de vivienda, y mismo quedaron en suspenso, tras las primeras sesiones, los encuentros previstos para dialogar con el tejido asociativo y elaborar un Plan Municipal por el Derecho a la Vivienda 2022-2026″, denuncian.

Nueve millones de euros en los presupuestos 2022

Los acuerdos por el derecho a la vivienda tuvieron su primera traducción en los Presupuestos 2022, aprobados con el apoyo de la Marea Atlántica, donde se incluyen nueve millones de euros para políticas como reforzar la bolsa de alquiler municipal y las ayudas a la rehabilitación. Así lo defienden desde el partido y matizan que también se contempla este presupuesto para la compra de suelo e inmuebles con las que aumentar el parque de vivienda del Ayuntamiento.

En el pacto se incluyen otras cuestiones que "no pueden olvidarse", trasladan desde Marea, como la de modificar la normativa urbanística para limitar la presencia de pisos turísticos, algo que definen como "un modelo de negocio nocivo para los barrios, directamente relacionado con la subida de los alquileres y la competencia desleal con el sector hotelero". En esta línea, demandan también "la puesta la disposición de suelo municipal para modelos de vivienda como las cooperativas en cesión de uso".

"La intervención de los poderes públicos para garantizar el derecho a la vivienda es una cuenta pendiente desde hace décadas y cada día se hace más urgente saldarla. La Xunta y el Estado también deben hacer su parte, pues cuentan con carencias evidentes en el ejercicio de sus competencias, pero la inacción de los demás no puede ser excusa para que el Ayuntamiento de A Coruña y su gobierno no cumplan con sus compromisos", concluyen.