SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) –

Los jueces de instrucción de A Coruña y Vigo han sido convocados el próximo martes, 14 de junio, para asistir, en cada una de las ciudades, a una junta sectorial en la que volverán a reiterar la necesidad de que en ambos partidos judiciales se implemente el servicio de guardias de 24 horas.

En un comunicado, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) informa de que miembros de la carrera judicial habían acordado el pasado 9 de febrero instar a la Xunta a hacer efectiva "de manera inmediata" la dotación presupuestaria necesaria para sustituir las guardias semanales actuales por las de 24 horas, pero la Administración gallega, por el momento, no ha atendido a la solicitud.

Por ello, los jueces y juezas de A Coruña y Vigo, quienes subrayan que son los únicos partidos judiciales del Estado que, con sus características, carecen de ese sistema de turno rotatorio, mantendrán encuentros el martes, 14 de junio, en los que reiterarán su petición.

Los miembros del partido judicial destacan que la iniciativa cuenta, en la actualidad, "con el apoyo unánime de todos los colectivos implicados en la Administración de Justicia", así como con dotación económica del Ministerio de Justicia, pues está incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Además, inciden en que su implementación es "imprescindible para garantizar un servicio público moderno, ágil y eficaz". Indican que su necesidad también está justificada por "la tendencia al alza de los índices de criminalidad y la necesidad de atender a las peculiaridades de los delitos relacionados con la violencia de género".

La Sala de Gobierno del TSXG ya cursó en 2019 la solicitud del cambio del sistema al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras dar el visto bueno a la propuesta de los jueces de instrucción de A Coruña y Vigo. En abril del año pasado, el CGPJ emitió un informe favorable a la implantación de la medida, si bien advertía que el cambio estaba condicionado a que la Xunta y el Ministerio de Justicia asumiesen su coste económico. El sistema, según indicaba el CGPJ, mejoraría el servicio que se ofrece a la ciudadanía.