Dentro de la campaña a favor de la recuperación real y efectiva del poder adquisitivo del personal empleado público, la CIG-Administración ha convocado una concentración para mañana, martes 12 de julio, a las 11:30 horas, delante de la Delegación del Gobierno en A Coruña. El objetivo de esta campaña, que se desarrollará a lo largo de todo el año, es que los presupuestos de la Xunta y del Estado para 2023 se contemplen toda una serie de medidas para hacer frente a la carestía de la vida.

El secretario nacional de la CIG-Administración, Luis Carballo, recuerda que, "desde el robo del año 2010, en el que sufrimos una pérdida de poder adquisitivo del 8%, la evolución de los salarios fue negativa (excepto en los años 2014 y 2015, debido a la inflación negativa o del 0%) hasta 2018, año en el que comenzó una tímida recuperación". Sin embargo, en el año 2021 y 2022, "a consecuencia de la desbocada inflación, la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde el año 2010 del personal empleado público es del 17,30%".

En este sentido, advierte del empobrecimiento progresivo en el sector público, hasta el punto de que el personal de las categorías y grupos más bajos de la administraciones "vieron actualizados sus salarios gracias al incremento del SMI".

Delante de esta situación la CIG-Administración propone un incremento salarial del 5% en cada una de las tres anualidades del período 2022-2024, para poder recuperar el poder adquisitivo perdido, además del establecimiento de una cláusula de garantía salarial por desviación del IPC y la recuperación de la retribución básica completa en el importe de las pagas extraordinarias de todos los grupos, que fueron reducidas por el Real Decreto Ley 8/2010.

En el mismo sentido, considera necesario derogar el apartado 2 del artículo 7 del RD 861/1986, que, según el sindicato, "establece el sistema retributivo de los funcionarios de la administración local, que impone límites que ahora son innecesarios e incompatibles con el nuevo sistema retributivo diseñado por RD legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por lo que se aprueba el texto revisado de la Ley del EBEP y la legislación autonómica que lo desarrolla".

Jornada de 35 horas

La CIG-Administración Autonómica propone también el establecimiento de una jornada máxima de 35 horas semanales, "como una medida de reparto del trabajo ante una galopante tasa de paro que ya es estructural en el mercado de trabajo gallego", explica Carballo, quien considera que "necesitamos reducir la jornada en los cómputos anuales, semanales o estableciendo días concretos de descanso en los calendarios".

Junto a esto, defienden que se establezcan en cada administración márgenes de flexibilidad en el cumplimiento de la jornada, que hagan posible la conciliación de la vida familiar y laboral, fijando un horario mínimo de referencia para permanecer en el puesto de trabajo".

Para la CIG-Administración es imprescindible acabar con el abuso de las horas extraordinarias, derivadas en muchos casos, según explica el secretario nacional, "de la propia perversión de la tasa de reposición que, sin pretexto del control del gasto, impide la creación de plazas pero no limita la ampliación de las jornadas laborales mediante horas extraordinarias, que se tienen que retribuir con el incremento del gasto correspondiente". En este sentido, la central reivindica la eliminación de la nefasta tasa de reposición "que lleva provocado la asfixia funcional de las administraciones, la privatización de los servicios y la precarización del personal".

Carballo considera que con estas medidas se podría "cambiar radicalmente la situación". Entiende que "no podemos permitir que en el momento en el que el IPC está disparado, se pretenda imponer un Pacto de Rentas para que la clase trabajadora y, por consiguiente el personal del sector público vuelva a cargar en sus costas con los efectos de una nueva crisis".

El secretario nacional de la CIG-Administración rechaza que se vinculen las condiciones laborales del personal de las administraciones públicas a los beneficios empresariales, tal y como se pretende "condicionando el aumento salarial al acuerdo del pacto de rentas", mientras se anuncian "escandalosos incrementos de los gastos militares".