A CORUÑA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) –

La Xunta ha presentado este lunes en el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid un escrito para sumarse a la demanda de la Abogacía del Estado para reclamar a la familia Franco la propiedad pública de 564 bienes muebles que se encuentran en el Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña).

A través de un comunicado, el Gobierno gallego ha anunciado que se suma a la demanda interpuesta el pasado día 21 de septiembre al respeto de la consideración de bienes de dominio público y patrimonio público, tanto de objetos procedentes de la etapa de Emilia Pardo Bazán (transmitidos en 1938) como de los instalados por Francisco Franco cuando fue jefe del Estado durante la dictadura.

La Xunta "refuerza la postura que lleva manteniendo desde el inicio del proceso" y apoya "la unidad de acción" con el resto de administraciones –también el Ayuntamiento de Sada está inmerso en el procedimiento–, con el objetivo de trabajar "de forma leal y coordinada para favorecer los intereses generales de Galicia".

De hecho, el Ejecutivo autonómico recuerda que la demanda por parte del Estado era un paso que "llevaba solicitando desde hace mucho tiempo". La vía judicial es, para la Xunta, "la única forma de garantizar la propiedad de estos bienes", como ya ocurrió exitosamente con el propio Pazo de Meirás y algunos elementos vinculados.

Por eso, en el escrito presentado ante el juzgado de Madrid, la Administración gallega expone su "interés legítimo" para participar en este pleito, como ya lo hace en el que está abierto sobre la titularidad del inmueble.

La Xunta defiende que la permanencia de los objetos relacionados con Emilia Pardo Bazán y Francisco Franco –cuando era jefe del Estado– en el complejo de Meirás "haría más transmisible y comprensible los acontecimientos históricos que allí se produjeron".

En relación a esta cuestión, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, ha vuelto a insistir en que se trata de un proceso "complejo" por el hecho de que una parte del pleito esté en un juzgado de A Coruña y otra en el de Madrid.

No obstante, ha incidido en que la Administración gallega apoya esa reclamación por ser "la forma en que estos bienes pasen a ser propiedad pública". Por todo ello, ha apelado a la "unidad de acción". Mientras, ha reiterado que la declaración BIC lo que hace es "proteger un bien, pero no interviene sobre la propiedad".