La familia del coruñés Diego Bello, asesinado por la policía filipina en la isla de Siargao el 8 de enero de 2020, ha mostrado su profunda preocupación ante la vista que tendrá lugar este lunes 7 de agosto, en la que los 3 agentes acusados por la Fiscalía filipina del asesinato de Diego podrían quedar en libertad bajo fianza.

Los abogados de la defensa de los policías Vicente Panuelos, Roel Azarcón y Nido Boy Cortez, supuestos autores de la muerte de Diego Bello, conocerán en unos días si su petición de puesta en libertad bajo fianza es admitida por el Juzgado de Dapa, encargado del caso. La familia de Diego teme que, de otorgarse esta libertad, el proceso pueda dilatarse en el tiempo, o incluso que jamás llegue a celebrarse.

La familia informa de que, según dispone la Ley Penal filipina, cualquier acusado de un delito de asesinato debe permanecer en prisión hasta que se dicte la sentencia correspondiente, sin la posibilidad de que estos puedan quedar en libertad bajo fianza. Por esta razón, la familia Bello muestran su perplejidad por la posibilidad de que los acusados puedan salir de prisión sin que aun se conozca la fecha y ubicación final del juicio, y esperan que, tanto el Gobierno español, como las instituciones europeas, mantengan su vigilancia sobre este caso y por el respeto a los Derechos Humanos en el país asiático.

Igualmente, han mostrado su sorpresa ante la visita del pasado 31 de julio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a las autoridades filipinas, en el marco de la negociación de un Acuerdo de Libre Comercio. En sus intervenciones públicas, Von der Leyen apenas hizo referencia al respeto por los Derechos Humanos, a pesar de que esta es una de las principales condiciones que Europa exige a los firmantes de dicho Acuerdo, y de que Diego Bello es el único europeo asesinado por la policía filipina.

Acusados en prisión desde febrero de 2023

Diego Bello fue abatido a tiros por la PNP (Policía Nacional de Filipinas) en la población de General Luna, en la isla de Siargao, en la madrugada del 8 de enero de 2020. Según el informe policial, Bello estaba considerado el narcotraficante número 1 de la isla y las investigaciones tanto de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHR) y del National Bureau of Invetigation (NBI) demostraron que dicha operación fue un montaje cuyo único objetivo era el asesinato del coruñés. Los policías inicialmente reconocieron haber disparado a Diego Bello en legítima defensa.

Los acusados permanecen en prisión desde febrero de 2023, cuando se entregaron en Manila, después de estar huidos de la justicia durante 10 meses. Sobre ellos pesan las acusaciones de asesinato y alteración de pruebas.

La familia de Diego Bello y la Plataforma XustizaparaDiego exigen al Gobierno y a las autoridades judiciales de Filipinas el estricto cumplimiento de la Ley y el esclarecimiento del asesinato de Diego mediante la celebración de un juicio "con absolutas garantías". De la misma manera, piden al Gobierno español y a las autoridades de la Unión Europea la estrecha vigilancia para que estas justas reivindicaciones se lleven a cabo.