• La familia del coruñés Diego Bello teme la puesta en libertad de los acusados por su asesinato

La vista programada para este lunes, 7 de agosto, en la que se iba a estudiar la petición de los tres policías filipinos acusados del asesinato del coruñés Diego Bello sobre su salida de la cárcel en libertad bajo fianza, ha sido suspendida, según han confirmado desde la familia del joven.

El tribunal encargado del caso en Filipinas ha señalado que está a la espera de que la Corte Suprema del país decida sobre la petición de la familia de Bello sobre trasladar el juicio a un tribunal de la capital, Manila, para una mayor diligencia en la tramitación del caso. El tribunal de Dapa, al sur del país, jurisdicción donde se produjeron los hechos, en la isla de Siargao, no entra a valorar la peticion de los policias y aplaza la vista hasta conocer la decisión de la Corte Suprema.

Según apuntan fuentes de la familia, la ley filipina prohíbe textualmente la concesión de libertad bajo fianza a acusados en casos de asesinato como este, dándose además la circunstancia de que los policías estuvieron prófugos de la justicia de su país durante 10 meses antes de entregarse voluntariamente en marzo de este año. Además, también pesa sobre ellos la acusación de falsificar pruebas para justificar la muerte del coruñés.

Juicio "con garantías"

Diego Bello fue abatido a tiros por la PNP (Policía Nacional de Filipinas) en la población de General Luna, en la isla de Siargao, en la madrugada del 8 de enero de 2020. Según el informe policial, Bello estaba considerado el narcotraficante número 1 de la islay las investigaciones tanto de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHR) y del National Bureau of Invetigation (NBI) demostraron que dicha operación fue un montaje cuyo único objetivo era el asesinato del coruñés. Los policías inicialmente reconocieron haber disparado a Diego Bello en legítima defensa.

Los acusados permanecen en prisión desde febrero de 2023, cuando se entregaron en Manila, después de estar huidos de la justicia durante 10 meses. La familia de Diego Bello y la Plataforma XustizaparaDiego exigen al Gobierno y a las autoridades judiciales de Filipinas el estricto cumplimiento de la Ley y el esclarecimiento del asesinato de Diego mediante la celebración de un juicio "con absolutas garantías". 

De la misma manera, piden al Gobierno español y a las autoridades de la Unión Europea la estrecha vigilancia para que estas justas reivindicaciones se lleven a cabo.