La justicia gallega pide un servicio de digitalización y videoconferencias por la pandemia

La justicia gallega demanda a la Xunta de Galicia la puesta en marca "de inmediato" de un servicio de digitalización y videoconferencias para poder seguir trabajando durante la crisis sanitaria, a la vez que representantes del sindicato Alternativas na Xustiza (AXG-CUT) argumentan que "nueve meses después de la primera ola el sector de la justicia de Galicia no está preparado para el teletrabajo".

"La falta de inversión en la modernización y en el teletrabajo por parte de la Xunta de Galicia quedaron y están quedando claramente reflejados durante estos meses de emergencia sanitaria", explican desde el sindicato, al mismo tiempo que destacan que "durante el confinamiento la administración de justicia fue la única que no pudo teletrabajar de forma efectiva al no tener los medios técnicos necesarios y no disponer de regulación propia". Esta es una demanda que según AXG-CUT llevan años exigiendo "porque entienden que es una herramienta perfecta para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar muy válida para situaciones como la actual".

Problemas en la digitalización de documentos

"La prueba-error durante estos meses dejó en evidencia que uno de los principales problemas que tuvieron los trabajadores que teletrabajaron estaba y sigue estando en la digitalización de documentos que ralentiza el trabajo y obliga a una constante intercomunicación entre el trabajador que está teletrabajando y el juzgado", aseguran desde el sindicato. Una razón por la que solicitan al gobierno autonómico que "ponga en funcionamiento un servicio que comience a digitalizar la documentación existente en los juzgados con el fin de permitir la tramitación online de los expedientes".

"Debería de constituirse un servicio común de digitalización y videoconferencias en las siete grandes ciudades", expresan desde Alternativas na Xustiza y destacan que las funciones en este ámbito deberían ser: la digitalización de los expedientes necesarios de los juzgados de su territorio y de la documentación en soporte papel de nueva incorporación, aparte de que "con independencia de que el procedimiento se tramite digitalmente habrán de ser registrados en formato papel acuses de recibo, faxes o exhortos", detallan.

Además, consideran que también sería necesaria la implantación de un fax único que permita la recepción, digitalización y registro de cualquier escrito en formato tradicional que tenga entrada en cualquier órgano judicial de su territorio y argumentan que la realización de videoconferencias pasivas (las que son solicitadas por otros órganos) que están creciendo día a día de forma exponencial (sobre todo desde el decreto del estado de alarma con más de 3.000 vídeos anuales en A Coruña y Vigo y 2.200 en Ourense, Pontevedra, Lugo, Ferrol y Santiago) obligan a crear un personal específico para realizar este trabajo pues "cada día son más el número de testigos, denunciantes o exhortos que se hacen a través de este sistema", denuncian.

Posible "nueva paralización de la administración"

El sindicato critica que el Servicio de digitalización y videoconferencias no fuese incluido entre los objetivos del Plan Senda 2020, aprobado por la Xunta de Galicia, que trataba de dotar a la Administración de Justicia de los medios tecnológicos, materiales y humanos necesarios para conseguir la transformación de la justicia hacia uno nuevo modelo de gestión eficiente.

"De no crear este servicio en las siete grandes ciudades, cuando estamos a punto de entrar en un nuevo confinamiento, se provocará una nueva paralización de la Administración de Justicia gallega siendo la Xunta la única responsable de la repercusión que tendrá esto sobre los ciudadanos de Galicia", alegan desde Alternativas na Xustiza, a la vez que recuerdan que ya solicitaron la creación de este servicio al Presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y a la Subdirectora General de Justicia en una reunión que mantuvieron el pasado 11 de diciembre.

La Xunta se defiende

Vicepresidencia de la Xunta ha replicado, en relación a las críticas lanzadas por el sindicato Alternativas na Xustiza-CUT, que ha aplicado "mejoras tecnológicas" dirigidas a la modernización de esta administración para adaptarla a la situación de la covid-19.

Así, ha defendido que, en el marco de la comisión de seguimiento de la crisis sanitaria, en "coordinación" con el TSXG, acordó un protocolo de cita previa y otro para la celebración telemática de las vistas elaborados por la Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y que fueron validados por el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, también ha defendido que, desde que se decretó el estado de alarma, todos los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia y 64 médicos forenses "pudieron teletrabajar", al igual que "500 funcionarios de la Administración de justicia", junto con psicólogos y trabajadores sociales, que se acogieron de forma voluntaria al teletrabajo.

Todos ellos lo hicieron, han indicado estas mismas fuentes, con la regulación de la orden del Ministerio de Justicia por la que se reguló el plan de desescalada. Por su parte, la Administración autonómica defiende que ha llevado a cabo las medidas de prevención necesarias, tanto con la instalación de barreras como con el reparto de material de protección y desinfección, lo que ha supuesto un coste de más de 1,3 millones de euros.